El gobierno santafesino convoca a la Junta provincial de Seguridad

El Poder Ejecutivo formalizó este viernes la convocatoria a la Junta provincial de Seguridad para el jueves venidero, ocasión en la que se anticipó que el ministro del área, Claudio Brilloni, expondrá ante integrantes del gobierno, legisladores, miembros del Poder Judicial y asociaciones de víctimas, los lineamientos de su gestión en el área más caliente del gobierno santafesino.

El encuentro se realizará en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y llega precedido de un pedido formal votado por la Cámara de Diputados la semana pasada aunque el texto mocionó la realización en la ciudad de Rosario, foco de los mayores problemas y expresado en altísimos indicadores de violencia con asesinatos, amenazas y extorsiones. No obstante, en la Cámara de Diputados gran parte del arco político hizo votos para lograr acuerdos que permitan diseñar políticas que ayuden a calmar la fiebre. "La mayor cantidad de herramientas están en el Poder Ejecutivo. Debemos ir a la Junta a ponernos a disposición para lo que estime conveniente el gobernador sobre cuál es el mejor rol que considera que podemos colaborar desde la Legislatura" señaló Alejandro Boscarol (UCR - Juntos por el Cambio). Antes, la socialista Lionella Cattalini también hizo votos para "ponernos de acuerdo en leyes sobre seguridad. Convocar a la Junta de Seguridad pero debemos llegar a un acuerdo concreto. No hay más margen para hacer reuniones y no tener acuerdos".

La reunión de la Junta se viene postergando por diferentes motivos. En un primer momento se intentó convocarla para el último sábado pero hubo sectores que no podían participar por cuestiones de agenda o compromisos previos. Después se empezó a citar para el miércoles 1 de marzo pero se optó por diferir el encuentro para el jueves debido a que Perotti debe asistir al Congreso al acto de apertura de sesiones y al discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El ministerio de Gobierno viene trabajando a destajo para definir la modalidad del encuentro que se hará en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y donde el ministro Brilloni presentará su programa de gestión.

"Junto al gobernador Omar Perotti consideramos menester comparecer primeramente ante la Junta Provincial de Seguridad y conforme las coordinaciones que se vayan realizando llevar a cabo la reunión con las Comisiones de Seguridad de ambas cámaras legislativas", señaló el propio Brilloni en nota al senador Lisandro Enrico al pedirle la prórroga de la reunión que iba a realizarse el pasado miércoles para discutir los alcances de la futura Ley de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario. Enrico preside Seguridad en el Senado y su correligionario Juan Cruz Cándido en Diputados. Las dos comisiones acordaron trabajar en forma conjunta el mensaje del Poder Ejecutivo para disponer de una nueva emergencia en el área hasta fin de año. Así citaron a Brilloni para el último miércoles, el ministro aceptó en primer momento y luego pidió postergarlo hasta la reunión de Junta.

La semana pasada el pleno de Diputados votó un pedido de convocatoria a la Junta de Seguridad a partir de iniciativas de Fabián Palo Oliver (Alfonsinismo Auténtico), Cándido y Cattalini.

Esta sería la cuarta convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad, espacio donde el gobernador y sus ministros, legisladores, fiscales, jueces, jefes policiales y familiares de víctimas pueden coordinar acciones para – por ejemplo – reordenar criterios de custodias o agilizar trámites en cuanto a disposiciones en el Servicio Penitenciario. El decreto 24/2015 firmado por el ex gobernador Miguel Lifschitz institucionalizó el funcionamiento de esta instancia.

Además del pedido de reunión de la Junta, en la última sesión de Diputados hubo un fuerte cruce de apreciaciones sobre la magnitud de la crisis en la seguridad pública, especialmente en Rosario. Es que la Cámara pidió informes -a instancias de Cattalini- sobre las ocho observaciones legales efectuadas por el Tribunal de Cuentas a otras tantas resoluciones del ministerio de Seguridad en el marco de la aplicación de la anterior Ley de Emergencia. Fue en dicho marco que muchos de los diputados advirtieron sobre la falta de plan alguno de la gestión en la materia y que se traduce en los indicadores conocidos.

A la hora de buscar acuerdos, fue cuando Cattalini enfatizó que "no hay más márgenes para hacer reuniones y no tener acuerdos" y señaló que sector llevará ideas para mejorar la redacción de la norma excepcional que deberá abarcar también a parte de la próxima gestión, a reforzar la Agencia de Investigación Criminal, un plan de inversiones para el MPA y para el Organismo de Investigaciones así como de fuerte inversión social en barrios calientes de las grandes ciudades. Para Cándido la Junta debe servir "para coordinar entre los tres poderes del Estado y además para enviar un mensaje a las organizaciones criminales: el Estado no va dejar que lo dobleguen con amenazas" sentenció el radical.

Parados en diferentes espacios políticos Mónica Peralta (Gen) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) afirmaron que no hay plan en Santa Fe. "No es gratis no tener política de seguridad" advirtió el segundo.

La justicialista Lucila De Ponti pidió reconocer que "todos fracasamos en la política de seguridad y esto ha empoderado a quienes eligen transitar la vía del delito. La sociedad rosarina ha naturalizado la violencia y esto también es parte de la alarma que debemos asumir para transitar un camino diferente", reconoció. "Los Monos no son egresados de Harvard, copiaron a Pablo Escobar" señaló Amalia Granata (Somos Vida Unión Federal). Desde Igualdad, Rubén Giustiniani habló de la mayor desigualdad que vive Rosario y que derivó en estos indicadores por lo que instó a determinar muy bien dónde se colocan los presupuestos.

Uno de los discursos más enfáticos fue de Ariel Bermúdez (Creo) partido del cual procede el intendente Pablo Javkin. "No le vamos a dejar el territorio a los narcos; estamos al lado de la gente pero no manejamos ni la policía ni a la justicia. El Estado no habla de adicciones en ninguno de sus niveles" advirtió y luego le pidió a Perotti que invierta los presupuestos en los lugares más humildes para dar pavimento, cloacas y expectativas a los barrios que son presa fácil de las bandas. Bermúdez es otro de los que reclamó políticas de Estado porque demandará años llegar a una mejora de la situación.

Otra que admitió la gravedad fue Matilde Bruera (Lealtad Kirchnerista) quien reconoció que la política debe discutir fuertemente para llegar a consensos, habló del fracaso de la política y no dejó de remarcar que "la policía ha perdido el gobierno del territorio porque es parte de las bandas. Es parte de la disputa territorial y hay que desentrañarlo".

Para Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) la inseguridad es una cuestión pandémica, una catástrofe mientras que Gabriel Real (PDP) exigió pararse fuertemente ante el gobierno nacional para que envíe mayores recursos.