"Ley Ómnibus" y DNU: las medidas de shock se debaten en el Congreso y en las calles

Trece funcionarios respondieron 300 preguntas en tres jornadas de debate del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue en la primera semana de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei para debatir la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos o "ley Ómnibus" que es la denominación popular, tanto para describir el volumen del proyecto como para resumir su título.

El plazo de extraordinarias establecido por el Ejecutivo vence el 31 de enero y suena perentorio para analizar más de 660 artículos que modifican o derogan normativas vigentes en pos de "promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales".

A la vez, la ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. Este es el punto de partida, de hecho es el primer artículo, del decreto 70/23 de Necesidad y Urgencia que contiene más de 300 artículos. Una madeja, o dos para ser exactos, demasiado grande para deshilar en tan pocos días.

Mientras referentes del gobierno anterior, ahora en el lugar de oposición, plantean objeciones a buena parte del articulado, y la "oposición colaborativa" acompaña con reparos algunas reformas, el oficialismo se muestra confiado e insiste en que el paquete sale: "Hay consenso para aprobar la ley", declaró Martín Menem, presidente de la Cámara baja.

En los hechos hay quienes asimilan las posiciones legislativas a los colores de un semáforo: rojo para los artículos que no van a pasar, amarillo para los que pueden ser negociables y verde para los que no tendrían mayor discusión, al menos para una mayoría cuya composición aún no se terminó de definir.

En efecto, por lo que se escuchó en estos tres días de exposiciones, si la ley es aprobada no será tal como ingresó a Diputados. Uno de los temas que demandó varias horas de análisis en comisión, y tuvo al ministro del Interior Guillermo Francos como vocero oficial, es el de la reforma política. Fue el miércoles y varios legisladores coincidieron en la conveniencia de pasar ese bloque del proyecto de ley al período de sesiones ordinarias que arranca el 1° de marzo.

En esa misma jornada y apenas unas horas después, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que se había retirado de las Bases el irritante artículo que prohibía reuniones de más de tres personas.

No fueron las únicas materias en las que se podrían admitir postergaciones o cambios en pos de asegurar el acompañamiento mayoritario: la delegación de facultades al Presidente por dos años (hasta diciembre de 2025) prorrogables por otros dos también apareció en estos días como un punto a negociar.

Pero el debate recién arrancó y todavía queda mucha tela para cortar. Aunque, si la convocatoria a extraordinarias se mantiene sin prórrogas, el margen de maniobra para unos y otros podría ser escaso.

El humor social

Mientras tanto, sí está confirmado el paro de 12 horas que organiza la CGT para el 24 de enero, una medida de fuerza que cosecha adhesiones de gremios y críticas de quienes cuestionan la escasa movilización que mostró la central obrera durante la gestión anterior y la rapidez con que definió esta protesta. En palabras de la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, da "un poquito de vergüenza ajena una movilización de la CGT"; en términos del liberal Bertie Benegas Lynch, el dirigente sindical Pablo Moyano "quiere ser destituyente en contra de los intereses de sus representados".

Esto respecto del paro del 24, mientras desde el gobierno ya se calcula en 40 millones de pesos el costo del operativo de seguridad que demandó la movilización a Tribunales del 27 de diciembre y que pretende cobrar a las organizaciones sociales que participaron de ese reclamo contra las medidas de Milei.

Pero mucho antes del fin de diciembre y también del paro del próximo 24, la calle se volvió el territorio en el que se exteriorizó un profundo malestar por los anuncios oficiales: el primer cacerolazo fue el 20 de diciembre a la noche, a minutos de que el propio Presidente anunciara por cadena nacional el contenido del mega DNU. Las manifestaciones siguieron en sucesivos días y, al menos en la ciudad de Santa Fe, se sostienen todos los jueves en la céntrica esquina de bulevar y Pedro Vittori.

Al mal humor general se suman los planteos sectoriales: la caravana cultural que se realizó el miércoles en todo el país, y también en esta ciudad capital, fue en repudio a los ajustes en ese ámbito específico. Hubo protestas de trabajadores del Banco Nación ante un posible avance de la política de privatización. Y los farmacéuticos tuvieron su jornada de protesta por las disposiciones presidenciales en esa materia.

Mientras en el Congreso unas y otras voces impulsan un tratamiento a "todo o nada" de la ley ómnibus, otras procuran desmalezar un proyecto que parece abarcar demasiado (recordemos que son varios más que 600 artículos) para justificarse en la delicada situación de crisis económica.

Mientras tanto, la presión no disminuye: diciembre cerró con una inflación del 25,5 % (211,4 % en el año), desde el gobierno auguran meses en que este indicador se mantendrá en dos dígitos, y las advertencias desde el oficialismo no cesan: "A menos que hagamos lo necesario ahora, nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo", dijo Milei en su saludo oficial por Año Nuevo. "Si no se aprueban las reformas, habrá medidas más duras y la gente sufrirá más", avisó el ministro de economía Luis Caputo cuando anunció el último acuerdo con el FMI.

El lunes retomará sus encuentros el plenario de comisiones de Diputados, esta vez con la participación de representantes de la sociedad civil.

Las miradas estarán puestas una vez más en los dos ámbitos donde se dirimen la ley ómnibus y el DNU de Milei. Sobre todo, porque unos y otros tienen en claro que en buena medida ahí se están delimitando los alcances del poder de la actual gestión, y las perspectivas para los próximos años.