Primer encuentro del gobierno provincial con la Corte Suprema parcialmente renovada

La Corte Suprema de Justicia de la provincia recibió este martes a funcionarios del Poder Ejecutivo. Fue el primer encuentro con representantes de la Casa Gris, desde que el máximo tribunal estrena nueva composición.

En rigor, fueron dos las instancias de los encuentros. En primer término, los ministros de Gobierno, Fabián Bastía; y de Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni, ratificaron ante el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, la denuncia contra el juez penal Mauricio Martelossi. Se trata del magistrado de la ciudad de Reconquista que liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez. El escrito de la denuncia había sido presentado la semana pasada, pero debía ser ratificado por sus patrocinantes. El trámite se terminó de cumplir este martes.

Tras ello, también Coccocioni, pero en este caso junto al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, fueron recibidos por la Corte. Bastía no participó de la conversación.

El temario

El cónclave estaba previsto inicialmente para la semana pasada, tras la asunción de Rubén Weder como nuevo integrante del máximo tribunal, pero se suspendió por cuestiones de agenda. Finalmente se realizó este martes. Asistieron todos los ministros de la Corte, excepto Daniel Erbetta – por razones de salud-, y se extendió entre 30 y 40 minutos.

Se trató del primer encuentro cara a cara, formal y oficial, entre referentes de la Casa Gris y una Corte que por primera vez en la historia ostenta el número de siete miembros, y en la que "debutaban" tres de sus integrantes: Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Weder. Tienen orígenes político-partidario diferentes y todos fueron producto de los acuerdos que entabló el Poder Ejecutivo con distintos sectores para cubrir las vacantes que se habían producido, en el proceso de renovación que encaró la actual gestión para la Corte.

Sin embargo, en el encuentro de este martes, sin fisuras, el máximo tribunal insistió en la necesidad de cubrir, al menos de manera progresiva, las vacantes – más de noventa- existentes en diferentes juzgados de la provincia. La "prioridad" de cada uno de esos espacios sigue siendo el eje de discusión; lo fue meses atrás, cuando la disputa sobre el intercambio de información respecto de qué juzgados eran indispensables generó uno de los momentos más tensos en la relación Ejecutivo – Corte Suprema, y volvió a serlo en la reunión del martes.

Sobre el particular, hay criterios disímiles entre gobierno y justicia; el primero entiende que sólo deben ser cubiertos aquellos juzgados que verdaderamente sean necesarios. La Corte, en tanto, considera que si hay juzgados que no pueden ser considerados esenciales, entonces, directamente deben ser dados de baja. Y le recuerda en ese punto de la discusión al poder político, que la creación de juzgados no es una responsabilidad de la justicia, sino de la Legislatura que los debe crear – y así lo hizo- por ley. Si hay juzgados que deben cerrar, ello debe establecerse a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Corte acepta, en todo caso, que sí hay diferentes niveles de "urgencia" en los juzgados que deben ser cubiertos, pero que si existen, todos deben ser concursados en algún momento.

La manera de arribar a un punto medio para zanjar – al menos circunstancialmente- la discusión fue la decisión de constituir una suerte de mesa conjunta para definir en ese ámbito qué juzgados vacantes que aún no cuentan con un concurso iniciado deben ser considerados "prioritarios"; o qué niveles de prioridad existen.

Renovación

La reunión de este martes, como se dijo, se dio ante una Corte parcialmente renovada, fruto del proceso que encaró la gestión del actual gobernador. Pero como lo sostuvo en reiteradas ocasiones el propio Maximiliano Pullaro, se trató sólo de una primer etapa.

El Poder Ejecutivo insiste en que siguen en sus cargos tres ministros – Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler- que traspasan el límite de los 75 años de edad fijado por ley, que deben dar un paso al costado. Se apunta, de todos modos, a un mandato más moral que jurídico, puesto que la norma fue sancionada el año pasado y no podría ser retroactiva. El gobernador apeló a un retiro amigable y voluntario; de lo contrario, avisó que tiene "las herramientas constitucionales" y que no le "faltará autoridad" para establecer el cese de los magistrados, por ejemplo, por decreto.

En las últimas horas, y ya con el resultado electoral del domingo consumado, volvieron a acrecentarse las versiones sobre la decisión de uno de los magistrados aludidos de acelerar su salida. Para ello, ya se habrían entablado contactos con el propio Poder Ejecutivo.