Edery fue denunciado por otros fiscales, por chats vinculados a una causa narco

Matías Edery, uno de los principales fiscales de Rosario dedicados a la investigación de delitos vinculados con el narcotráfico, quedó desde este miércoles en la mira. Mientras se desarrollaba una de las audiencias por la causa de extorsiones atribuidas a la banda de Los Monos, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ventilaron una serie de conversaciones entre Edery y Mariana Ortigala, acusada – precisamente- de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero. En 2021, Edery había puesto en conocimiento de sus superiores que Ortigala estaba dentro de sus informantes. Sin embargo, Socca y Moreno interpretaron que de las conversaciones entre ambos se desprende un intercambio de información que excede la relación tradicional entre investigador e informante puesto que se compartían datos acerca de causas penales en curso.

Sobre esa base, sus propios pares decidieron denunciar penalmente a Edery por la presumible comisión de delitos de acción pública. Según pudo saber El Litoral, la orden emanada a todos los fiscales de la Regional Rosario es "excusarse" por una cuestión de proximidad con la persona a investigar, por lo que las actuaciones penales serán remitidas a la Fiscalía Regional Nro. 1 con sede en Santa Fe.

Respecto de la figura del "informante", su uso no está regulado por legislación provincial; para echar mano a esa práctica se apela a la normativa nacional que prevé – incluso- remunerar a quien suministra la información. Esa zona gris en términos legales llevó a que la semana pasada, la propia Fiscalía General a cargo desde hace cinco meses de María Cecilia Vranicich, emitiera una circular solicitando que los fiscales de la provincia se abstuviesen de utilizar dicha herramienta para sus investigaciones.

En paralelo

Lo expuesto en la audiencia en Rosario generó un verdadero cimbronazo en el Ministerio Público de la Acusación. Los chats mostrados públicamente fueron el corolario de una serie de intercambios entre los fiscales actuantes y María Eugenia Iribarren, Fiscal Regional de Rosario. Iribarren había formulado una serie de recomendaciones en cuanto a la estrategia que debía desplegarse, pero fueron desoídas por sus subordinados.

Consumado el hecho de la difusión de los diálogos que comprometerían a Edery y que derivaron en la denuncia penal, también se activaron los procedimientos internos de investigación dentro de la propia institución. De inmediato, tomó intervención el auditor del MPA, Leandro Mai, quien deberá emitir un dictamen al respecto. Pero sus facultados son acotadas en cuanto a la eventual sanción, en caso de constatarse que Edery haya incurrido en una falta grave, cuya sanción supere los dos meses de suspensión. Por eso, es una hipótesis firme que Mai decida inhibirse para darle intervención directa a la Legislatura, órgano que sí cuenta con potestad plena tanto para iniciar un proceso disciplinario como para aplicar hasta la máxima sanción posible (destitución).

En la mañana de este jueves, el MPA emitió un comunicado a través del cual se hizo saber que "en cumplimiento de los principios de actuación de objetividad, transparencia y responsabilidad, se evalúa el accionar del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2, Matías Edery". "La tarea – prosigue el documento- se lleva a cabo desde los carriles institucionales legalmente dispuestos, respetando las distintas incumbencias de los órganos del MPA y reafirmando el compromiso en la persecución de los delitos". Se da cuenta en el escrito de la denuncia penal y de las actuaciones que ya ha iniciado el Auditor General.

"Tanto el proceso penal como el disciplinario tienen marcos legales y plazos propios que respetan los derechos y garantías constitucionales y el deber de rendición de cuentas de los integrantes del MPA. En tal sentido, se aguardarán los resultados de ambos procesos", concluyó.

Réplica

En las últimas horas, el propio Edery habló con la prensa sobre lo ocurrido y sobre su vínculo con Ortigala. "Ella nos pasaba cierta información que nosotros corroborábamos cuando tenía cierta entidad pero eran cuestiones muy difusas; por eso le dábamos poca entidad a sus comunicaciones". El fiscal objetó la actitud de sus pares y consideró que "ventilar estas cuestiones como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad, porque como Estado debemos proteger a esa persona que está brindando datos, al margen que haya cometido delitos". "Ventilar eso en la audiencia - advirtió- casi le cuesta la vida a una persona y también amenazas a mí. Hay que ser responsables. Tenían una orden de omitir vincular esta información porque me ponían en riesgo a mí, a la persona que está presa y a la sociedad. Ellos incumplieron esa orden con mucha irresponsabilidad, poniéndonos en riesgo", concluyó.