El Ministerio de Seguridad prohibió el contacto físico a los presos federales de alto riesgo

El Servicio Penitenciario Federal descubrió que presos de alto riesgo continuaban dando órdenes desde la cárcel mediante contactos físicos con visitas y otros internos. Para frenar esta práctica, se implementó la prohibición de contacto directo en varias unidades penitenciarias del país, además de reducir el número de encuentros mensuales.

En particular, la decisión surgió tras detectar que los reclusos con alto perfil criminal utilizaban reuniones presenciales para coordinar actividades ilícitas.

Desde el año pasado ya operaba un protocolo por el cual se restringían los contactos. Pero ahora, por una sospecha del Ministerio de Seguridad Nacional sobre un mecanismo para vulnerar los controles y poder enviar mensajes al exterior, directamente les prohíben el contacto físico y tendrán que comunicarse con las visitas en un locutorio, como ocurre en algunas cárceles de Estados Unidos, y es habitual ver en filmes o series de televisión.

Restricciones

A través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la cartera que conduce Patricia Bullrich implementó "modificaciones para neutralizar las mafias intra carcelarias y controlar las visitas autorizadas" a los internos incorporados en el "Sistema Integral de Gestión para presos de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal".

Desde el Ministerio destacaron que por la "efectividad" de las medidas dispuestas hace un año, los presos de alto riesgo "estarían intentando utilizar una nueva estrategia para sortear los controles": usar a sus familiares directos y a sus abogados defensores como medio de transmisión de órdenes e instrucciones al exterior.

Según informaron fuentes penitenciarias, la restricción del contacto físico incluye medidas como la instalación de mamparas en las salas de visitas, la reducción del número de encuentros presenciales y la intensificación de las requisas tanto a internos como a visitantes. "Buscamos cortar los canales de comunicación que permiten a estos delincuentes seguir operando desde la cárcel", señalaron desde el Servicio Penitenciario Federal.

Específicamente, los presos de alto riesgo podrán recibir la visita de hasta 2 familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días, y las visitas se harán exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.

Maniobras

Las investigaciones revelaron que los detenidos recurrían a distintos métodos para burlar la seguridad y continuar con sus operaciones delictivas. Entre ellos, se detectó el uso de señas, notas ocultas en objetos personales, microcápsulas con mensajes ingeridas por las visitas e incluso códigos establecidos a través de conversaciones aparentemente inofensivas. Estas prácticas fueron identificadas en penitenciarías de máxima seguridad, donde están alojados líderes de bandas criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos organizados.

Un informe interno del Servicio Penitenciario expuso que, en algunos casos, los propios familiares de los reclusos eran utilizados como "mensajeros" para trasladar información sensible fuera de los penales. También se registraron intentos de sobornos a personal penitenciario para facilitar la entrega de mensajes y objetos prohibidos dentro de los pabellones.

La medida, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial y ya está en vigencia, afecta principalmente a internos con antecedentes de liderazgo en organizaciones criminales. A partir de ahora, se extremarán los controles durante las visitas y se reforzará la vigilancia en pabellones de alta seguridad.

Además, el Servicio Penitenciario Federal planea implementar nuevas tecnologías para monitorear las comunicaciones dentro de las cárceles. Entre las herramientas en evaluación se encuentran la instalación de inhibidores de señal para celulares y el refuerzo del sistema de videovigilancia en las zonas de contacto con el exterior.

Por otra parte, se analiza la posibilidad de aplicar sanciones más severas a los internos que intenten evadir las normas de seguridad. "Necesitamos garantizar que el cumplimiento de una condena no implique una continuidad en la actividad delictiva. La prisión debe ser un espacio de reinserción y no una base de operaciones para el crimen organizado", expresó una fuente judicial.