Nación subsidia tasas para que distribuidoras le paguen la energía mayorista adeudada

Tal como ha sucedido en numerosas oportunidades en los últimos 23 años, desde el estallido de la Convertibilidad entre 2001- 2002, el gobierno nacional les ofrece una vez más condiciones muy ventajosas para las empresas distribuidoras de energía eléctrica que -años atrás- no pagaron por los megavatios que sí cobraron a sus clientes.

El “desendeudamiento” tiene nombre y apellido. Beneficia a las compañías privadas Edenor y Edesur que actúan en el área más rentable del país por su concentración geográfica, así como a numerosas empresas provinciales de gestión estatal o de particulares, a cooperativas sin fines de lucro y a servicios municipales.

En esa lista que ha sido difundida oficialmente por el gobierno de Javier Milei, pero que algunos medios nacionales estiman en 71 compañías, no figura la Empresa Provincial de la Energía de la Provincia de Santa Fe. Así lo confirmó a El Litoral una fuente de la Epe, con un “estamos al día”, sin más detalles.

La diferencia es crucial y fácil de advertir en la realidad de los números que en la última audiencia pública para la actualización de sus tarifas pudo mostrar.

Allí, además de exponerse la excepcional ausencia de un rojo con la Nación (a través de Cammesa) por la energía mayorista, se indicó que la empresa espera este año financiar parte de sus inversiones con préstamos. Obviamente, para poder hacerlo necesita poder demostrar su solvencia como cliente en el mercado financiero internacional o nacional.

En otras palabras, el gobierno nacional licua los pasivos de Edenor, Edesur, provincias y otros prestadores menores con un muy cómodo plan de financiación: la tasa de interés se subsidia al 50% (se cobrará solo la mitad de la tasa de referencia en el sector que es la del Banco Nación), se brindará otro año de gracia y se pagará luego a lo largo de 72 cuotas en 6 años.

Como para compensar tantas bondades con malos pagadores en el artículo 7 se habla de los que sí cumplieron en el 8, que dice “Establécese un régimen especial de créditos para aquellas distribuidoras de energía eléctrica, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, cualquiera sea su organización jurídica, que al 31 de diciembre de 2023 no hayan tenido deuda no regularizada con CAMMESA y hayan cancelado la totalidad de las transacciones de 2024, en las condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación”.

Por ahora, solo existe esa promesa en forma de anuncio, según la letra del DNU que lo dispone.

Mil millones de dólares

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 186 que reasigna desde la Casa Rosada partidas del presupuesto nacional reconducido de 2023 sin tener que pasar por el Congreso, porque desde entonces el país carece de la ley de leyes que permite elementales controles, se crean los instrumentos económicos para la puesta en marcha de un aspecto identificado en una de las planillas anexas a la norma como “Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica”, cuya Secretaría Nacional depende del Ministerio de Economía de la Nación.

Según una publicación reciente de Clarín las empresas distribuidoras le deben al Estado unos mil millones de dólares al no pagar la energía distribuida y cobrada a sus usuarios durante los años en que la remuneración para el último eslabón de la cadena de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica tuvo sus tarifas congeladas.

A los fines de comprender lo que significan mil millones para el país, cabe recordar que el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es por entre 20 y 25 mil millones de dólares.

Otros datos de contexto

La historia de la deuda de las empresas distribuidoras con Cammesa se inicia como se dijo más arriba cuando se terminó la paridad cambiaria de un peso por dólar y las compañías (que por entonces eran privadas en muchas más provincias, además de las concesiones nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires)

Comenzaron a acumular un pasivo con la intermediaria entre los distintos eslabones de la cadena del sector: de la generación de energía en las usinas públicas y privadas, su transporte en la red de alta tensión y finalmente la distribución.

Antes de que se quebrara esa cadena de pagos, era usual que las distribuidoras acordaran con las generadoras el precio de la energía, en un mercado mayorista de libre oferta y demanda, en el que Cammesa intervenía solo para asegurar que haya energía durante los picos de consumo con la entrada de máquinas menos eficientes, con contratos de provisión en frío.

(El apagón de 1994 del cable OF subterráneo en la calle Suipacha de la capital santafesina se vincula a ese tipo de disponibilidad o reserva para emergencias).

Cammesa pasó a tener un rol financiero más relevante según creció el rojo de las distribuidoras que no pagaban por la energía distribuida y cobrada a los usuarios.

Hasta entonces en el modelo de gestión del sector de la década del 90 su papel era solo técnico el de “encender” y “apagar” generadoras según su costo y el nivel de la demanda. Lo sigue haciendo pero le comenzó a tocar quedarse con las deudas por los megavatios incobrables.

La deuda que el gobierno nacional de Javier Milei ahora ofrece cobrar en cómodas cuotas para las empresas tiene dos protagonistas excluyentes por su peso: Edenor y Edesur, cuya infraestructura sobre todo en la segunda, es la causa de los apagones masivos en Caba y el Gran Buenos Aires.

En el último año, aún con tarifas actualizadas esas empresas han pagado solo parte de los que distribuyeron. Lo mismo que algunas empresas provinciales (no la Epe santafesina, ni la Epec de Córdoba).

De todos modos, al asumir La Libertad Avanza su gobierno, la tasa de cobros de Cammesa era de apenas 47% hoy es del 97%.

Con la licuación de esos pasivos históricos para las distribuidoras (que soporta el conjunto de los argentinos), la Casa Rosada les quita todas las excusas a las empresas del sector: deberán invertir. (Resta saber cómo se pagará a las generadoras privadas lo que les debe el Estado nacional).

Salvo por algunos períodos excepcionales la política tarifaria de la Epe fue la de trasladar a los usuarios sus costos de distribución, compra de energía e impuestos. Y de no endeudarse, salvo durante la pandemia en el gobierno provincial anterior. Esa deuda fue regularizada mediante un plan de pagos que se ha cumplido.

Hoy la Epe “está al día” y debería corresponderle algún “premio” de esa situación (por ahora solo es una promesa de la Secretaría de Energía de la Nación), ante la evidencia de que no habrá “castigo” para los incumplidores.