Cómo operará el sistema de subsidios al transporte en Santa Fe

Ivana Fux | ifux@ellitoral.com

Mediante el decreto Nro. 15 del pasado 8 de enero, el Poder Ejecutivo determinó de qué manera se administrarán en 2019 los recursos que el Tesoro provincial aportará para subsidiar al transporte público de pasajeros, ya sean líneas urbanas o interurbanas. Ello surge, primero, del recorte de fondos que dispuso la Nación en setiembre de 2018; segundo, del acuerdo posterior que la misma administración central terminó firmando -el 19 de diciembre pasado- con el gobierno de Santa Fe para que con fondos provinciales, se compensara aquella poda.

“La Nación, en su presupuesto, decidió aportar como subsidio al sistema de transporte solamente 5 mil millones de pesos para todo el país”, recordó en diálogo con El Litoral, el ministro de Infraestructura, José Garibay. “Y en un decreto reglamentario posterior -continuó diciendo- puso como condición para conceder dichas partidas, que las provincias aportaran el cincuenta por ciento de lo que habían recibido todas las líneas a lo largo de 2018. Esa cuenta para Santa Fe da 1.500 millones de pesos. Por eso firmamos un convenio a través del cual aceptamos esas condiciones; aportaremos ese dinero a las empresas, en cuotas de 125 millones de pesos mensuales, que se repartirían de acuerdo con criterios que definirá la provincia. La Nación, desde la rúbrica de aquel acuerdo, comenzó a entregar el porcentaje que correspondía de aquel presupuesto global de 5 mil millones a todas las empresas de Santa Fe que no tuvieran la SUBE. Ese dinero ya comenzó a llegar a la provincia, y desde ahí se distribuye a las empresas. Nosotros, a su vez, desde la semana que viene comenzaremos a girar esos 125 millones que corresponden a enero”, explicó.

Criterios

Respecto de los criterios de distribución de los fondos, Garibay recordó que se firmaron convenios con las respectivas municipalidades, y se estableció un aporte “proporcional” a lo que venían recibiendo en 2018.

“El criterio para el transporte urbano, en rigor, lo define cada ciudad y nos lo trasladan al Ministerio; se plantean kilómetros recorridos o pasajeros. Cada localidad determina las variables a tener en cuenta para definir la modalidad de distribución. El municipio, a la vez, debe reportar mensualmente a la provincia de qué manera distribuyó ese dinero a las empresas”, planteó. En el caso de las líneas provinciales es el propio Ministerio quien determina el criterio y asigna el subsidio en función de los kilómetros recorridos.

Garibay consideró que este decreto “ordena” el sistema de aportes del estado al sector por todo 2019, y advirtió que sobre esta base, las eventuales actualizaciones tarifarias que pudiesen darse serían producto de la inflación.

“Los aumentos que se dieron como consecuencia de la política de subsidios fueron los autorizados a fines del año pasado. Ahora, con esta nueva disposición sobre los recursos estaríamos equilibrados; y si se registran nuevos incrementos serían por inflación, paritarias o precio del combustible”, ejemplificó.

Garibay advirtió que en el decreto se consignaron una serie de “condicionantes” para girar el dinero a las empresas. “Nosotros pagamos si Nación paga; si las empresas cumplen con la regularidad y demás exigencias en la prestación del servicio, y vamos a trabajar en un programa de incorporación del transporte público al biodiesel, cosa que también se le comenzará a pedir a las empresas que reciban el subsidio”, reveló.

Mecánica

Según el decreto, la provincia deberá girar a los municipios el dinero de Nación “en un plazo no mayor de cinco días inmediatos posteriores al depósito de los fondos transferidos; y deberá remitir a la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación “toda la documentación que le sea requerida a fin de realizar las comprobaciones para verificar la autenticidad, razonabilidad y veracidad de la información relativa al
cumplimiento de las obligaciones”.

A lo largo de este año, en verdad, la provincia aportará desde el Tesoro como subsidio al transporte 1.300 millones de pesos, ya que los otros 200 millones ya venían siendo distribuidos por la vigencia de la ley que creó -en 2015- el Fondo Compensador del Transporte Automotor Urbano e Interurbano.