Perotti adjudicó la construcción del edificio del Tribunal de Cuentas

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto 0376 del presente año por el cual adjudicó a la empresa local Coemyc la construcción de la estructura de hormigón para el futuro edificio que será la sede del Tribunal de Cuentas de la provincia. La obra demandará una inversión inicial de $ 330.325.429,60 y prevé un plazo de ejecución de 240 días calendario.

El edificio donde convergerán las distintas oficinas que tiene el Tribunal de Cuentas en la ciudad se levantará en el predio de San Jerónimo y Monseñor Zazpe, adquirido años atrás por el propio organismo de contralor.

El decreto de adjudicación que además de Perotti lleva las firmas de los ministros Walter Agosto (Economía) y Silvina Frana (Infraestructura) detalla las distintas etapas del proceso licitatorio iniciado en abril del año pasado con un presupuesto oficial de $ 322,211,526,38 a octubre del 2020. Además del plazo de 240 días calendario para los trabajos, se determina otro período de conservación y garantía de 360 días y un otorgamiento del 15% del monto del contrato en concepto de anticipo financiero.

El 29 de mayo del año pasado se abrieron los sobres de la licitación donde se presentaron nueve oferentes y la comisión evaluadora determinó que Coemyc cumplimentó todos los requisitos exigidos por el pliego. En los considerandos se destaca que oferta de la firma adjudicataria a mayo del 2021 estaba 17,30% por debajo del presupuesto oficial actualizado a febrero de 2021 y 24,34% por debajo si se actualiza con valores del Ipec a abril 2021. "La oferta es válida y admisible y se ajusta a lo establecido en la ley 13.505 de Compre Provincial", se afirma.

El decreto de adjudicación tiene fecha del 10 de marzo y la firma adjudicataria había informado que mantenía su propuesta presupuestada hasta el 31 de marzo.

La construcción de un edificio propio para albergar a todas las oficinas hoy dispersas en la ciudad, es uno de los objetivos que se propuso la conducción del organismo y que tuvo un fuerte impulso durante la presidencia del hoy vocal Oscar Biagioni.

La reforma constitucional santafesina de 1962 incorporó al Tribunal de Cuentas como órgano institucional. El artículo 81 de la vigente Carta Magna dispone que "un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten.

En mayo de 1973, una resolución ministerial le asignó al novato Tribunal de Cuentas espacios en dos pisos del Centro Cívico Gubernamental. Ya sobre fines de los 80 y principios de los 90, la descentralización de funciones y organismos del gobierno nacional hacia las provincias hizo necesario reforzar la tarea del organismo y esa necesidad quedó plasmada en la reforma a la ley de Contabilidad, la 10.580. Desde 1995, el Tribunal de Cuentas trasladó su sede al inmueble de San Martín 1725, inmueble propio, donde están asentadas las autoridades superiores y el personal técnico de asesoramiento y apoyo administrativo. El resto del personal está ubicado en inmuebles alquilados en la zona sur de la ciudad y en oficinas que ceden algunos organismos para facilitar la proximidad física del control de expedientes.

Los vocales del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político.

Integración

Hoy el Tribunal de Cuentas es presidido por Sergio Becari y tiene como vocales a Oscar Biagioni, Lisandro Villar y María del Carmen Crescimanno. Está vacante una de las sillas correspondientes a los abogados. En tanto, en semanas más terminará su mandato constitucional la contadora Crescimanno.

El IAPOS en Diputados

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside la radical Silvia Ciancio, mantuvo una reunión con el titular de IAPOS, Oscar Broggi para que responda diversas inquietudes legislativas basadas en proyectos presentados el año pasado y en los tres primeros meses del actual.

Los principales temas abordados fueron la ampliación de cobertura por parte del IAPOS en relación a enfermedades poco frecuentes y al plan materno-infantil. Los legisladores manifestaron su preocupación por las dificultades en torno a los convenios de instituciones privadas con la obra social, la falta de pago o el atraso que dificultan la atención de sus afiliados o que hacen que muchas veces las prestaciones se vean interrumpidas.

Hubo énfasis legislativo sobre dos problemáticas puntuales de dos regiones: Firmat en el sur, Reconquista en el norte donde las dificultades son similares por falta de pago y/o atraso en el pago de prestaciones, sobre todo en relación al COVID 19. Broggi admitió alguna demora en la realización de auditorías ordenadas en ambas localidades y prometió una pronta normalización de prestaciones.

Otros legisladores expresaron preocupación por los aranceles profesionales a prestadores y la apertura de las carteras para la incorporación de nuevos y nuevas profesionales. También se abordó la cobertura de pacientes con discapacidad y la cobertura del transporte cuando éste se necesita como prestación. "La falta de pago y/o el atraso pone en jaque la continuidad de las prestaciones y por lo tanto la accesibilidad a derechos de las personas con discapacidad" dijo Ciancio.

Sobre la ley de endometriosis, Broggi señaló que se encuentran a la espera de la reglamentación de la ley no obstante destacó que han incorporado la cobertura de medicamentos y tratamientos específicos para esta patología.

Ciancio se atrevió a calificar de buena a la audiencia y destacó la permanente predisposición de Broggi para cuando es convocado por la comisión y la comparó con otros funcionarios que demoran la presencia y las respuestas a temas puntuales. Para legisladora señaló que "algunos planteos tuvieron una respuesta diagnóstica, pero no pudimos avizorar estrategias tendientes a la puesta en marcha de posibles soluciones. Entendemos que las gestiones en lugares sensibles implican un tiempo de trabajo de comprensión de la situación pero el tiempo transcurrido ha sido suficiente para la puesta en marcha de un plan de acción de calidad que resuelva los problemas cotidianos de los afiliados a la obra social".