Piden reformar leyes para ir sobre los bienes de los narcotraficantes

“Los recursos económicos son un instrumento fundamental para la subsistencia de la bandas narcos. Los hombres son reemplazables”, explicó el legislador. Foto: Archivo El Litoral

De la redacción de El Litoral

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El diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR) está convencido de la necesidad de legislar penalmente para que el Estado pueda ir sobre los bienes de los narcotraficantes y entregó a los diputados nacionales de su partido Ricardo Alfonsín, Manuel Garrido y Jorge Álvarez un anteproyecto de ley para crear la “acción de extinción de dominio”.

“El objetivo es ir al corazón de las organizaciones narcocriminales: los inmuebles, vehículos, negocios y demás recursos que constituyen sus fortunas”, le dijo a El Litoral.

Detalló que en Colombia, donde rige este sistema, una sola fiscalía logró incorporar a las arcas del Estado la suma de 2.200 millones de dólares producto de las organizaciones ligadas a la droga. En México, también hay ejemplos de decomisos millonarios.

Para Pullaro, “los recursos económicos son un instrumento fundamental para la subsistencia de la bandas narcos. Los hombres son reemplazables, pero los recursos se han convertido en la herramienta que garantiza la continuidad de las bandas. Con lo que acumulan, pueden seguir comprando impunidad, pagando sicarios y consolidando el control del negocio ilegal, incluso cuando se encuentran prófugos”.

El objetivo es no dejar exentos de la persecución estatal los bienes provenientes de ilícitos, precisó.

Acción autónoma

Tras estudiar la materia y entender que las reformas no están en la órbita de las normas provinciales, Pullaro solicitó a diputados nacionales de su fuerza que propicien transformación. “La acción de extinción de dominio es una acción autónoma (que ya se implementa en otros países) que le permitiría al Estado perseguir en un juicio diferente del juicio penal los bienes de un individuo, en los casos en que éste haya sido condenado por narcotráfico; o que haya sido acusado por narcotráfico y la acción se haya extinguido por una causal que no sea la absolución”.

Entiende que la ventaja de esta herramienta es que “al sacar la discusión patrimonial de la esfera penal, le va a corresponder a las dos partes (y no sólo al Estado, como ocurre en la actualidad) aportar el material probatorio que tengan sobre el origen del patrimonio en cuestión. Una vez declarados culpables, los narcos tendrán que rendir cuentas acerca de cómo adquirieron todos y cada uno sus bienes. Esto sería una avance sin precedentes”, consideró.

En el diálogo con los diputados nacionales, les explicó que es necesario regular el procedimiento de la extinción de dominio. “De esta manera, estará absolutamente garantizado el derecho constitucional a la defensa, pero que paralelamente se posibilitará la desarticulación de los patrimonios constituidos sobre hechos ilícitos que hoy se encuentran impunes frente a la persecución estatal, y que son la columna vertebral de la impunidad narco en nuestro país”.

Mascioli apura la desfederalización de delitos de droga El jefe de la bancada kirchnerista de Diputados, Darío Mascioli, pretende que la Cámara que integra trate dentro de dos semanas el proyecto que apunta a que la Justicia Penal santafesina se haga cargo de algunos delitos vinculados a drogas. Para ello pedirá tratar con preferencia el proyecto votado por el Senado el jueves pasado junto a otro de su autoría presentado el año pasado, ambos tendientes a adherir desde Santa Fe a la Ley 26.052. El legislador sureño asegura que vecinos, intendentes, presidentes comunales, concejos municipales, entidades intermedias de esa zona de la provincia están requiriendo la adhesión a la norma. Mascioli defiende la adhesión en vista de la cercanía con la Justicia. “Asimismo la sociedad comenzará a tomar conciencia de la responsabilidad que tiene todo habitante de denunciar hechos de tal gravedad, que afectan directamente a la juventud por sus nocivas consecuencias. Se permitirá también la identificación de los consumidores que en muchos casos pueden tratarse de enfermos por su adicción a las drogas, y posibilitar así la participación de los tribunales provinciales que se encuentran más familiarizados con los entramados de organizaciones sociales, de organismos de recuperación y/o de dependencias del mismo Estado y con especialistas que junto al apoyo familiar tiendan a la recuperación”.

Darío Mascioli Foto: Archivo El Litoral