Polvorín: aumento "exponencial" de presos para cárceles ya saturadas

Una comisaría de la ciudad tiene 16 plazas pero 46 presos alojados. Una docena de dependencias policiales bajo la órbita de la URI alberga a una población de internos que supera en más del doble la capacidad máxima que poseen (106 plazas; 257 presos). En la cárcel de Coronda, el "excedente" equivale a prácticamente dos pabellones; 1669 internos para 1456 plazas. La población carcelaria de la provincia es de 6908 reclusos, cuando la capacidad de los penales es de 5.762. "Sobran" más de 1100. "No cabe un alfiler", dijo sin rodeos la defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, consultada por El Litoral.

Con esa radiografía de la superpoblación en cárceles y comisarías, sobre todo del departamento La Capital, el Ministerio de Gobierno volvió a convocar a la Mesa de Diálogo Carcelario. Todos los actores del sistema participaron de una reunión el pasado jueves, en la que se expuso una doble problemática: el aumento "exponencial" de la población carcelaria en los últimos años, y la consecuente "superpoblación" de los penales.

Cuadro de situación

"La idea era reunir a los distintos actores del sistema. Somos desde el Ejecutivo el último eslabón de la cadena que recibe a las personas privadas de libertad, cosa que se resuelve en otro poder del estado. También tenemos vínculos con Seguridad por la situación de comisarías; y con los estamentos federales porque, de hecho, la mitad del excedente de presos que tenemos (1100) equivale al número de presos nacionales que alojamos en nuestras cárceles", planteó el ministro Roberto Sukerman en diálogo con El Litoral.

El funcionario destacó que se realizan obras para ampliar y construir nuevos penales, así como se proyecta una nueva alcaidía en Las Flores. También mencionó convenios con Nación que faciliten la utilización de tobilleras y pulseras para algunos casos de detención domiciliaria; y gestiones con el gobierno central para agilizar y – de una vez – concluir la cárcel federal en la ciudad de Coronda. Pero admitió que al margen de todo ese "abanico" de medidas, la verdadera alarma se genera a partir del incremento de la población penal. "Heredamos esta situación y no culpamos a nadie de ello, pero hay una preocupación creciente por el aumento realmente muy importante, exponencial, de presos", advirtió el ministro. Y fue sobre esa base que lanzó el desafío de discutir con el Poder Judicial "los criterios" con los que se establecen las detenciones. "Queremos conversar con jueces y fiscales, pero no para cuestionar, sino para dialogar sobre los criterios de prisión preventiva, de juicios abreviados, de cómo está funcionando el sistema que hace que este problema de la superpoblación sea cada vez más grave", planteó.

Código y explosión

"Años atrás – acotó Sukerman-, Santa Fe estaba muy cómoda con su capacidad de alojamiento penitenciaria. Pero el tema estalló con la vigencia del nuevo Código Penal, para bien, desde el punto de vista de la justicia que empezó a juzgar como no se hacía y con procesos más rápidos. Pero ello – explicó -, derivó en un marcado incremento de la cantidad de presos que el nuevo proceso genera". El ministro sostuvo que no se trata de "poner el eje en algo que se está haciendo mal, sino de plantear una perspectiva a futuro porque el Código seguirá siendo el mismo y las cárceles no se pueden construir de un día para el otro".

"Queremos terminar con los presos en comisarías y trabajar con Nación para trasladar presos federales y demás…. Pero no será el Ejecutivo quien diga quién va a utilizar la tobillera, sino el juez. Tampoco vamos a ser nosotros quienes determinemos una detención o qué preso hay que trasladar. Por eso hay que coordinar todos estos aspectos con los otros poderes", planteó.

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Crítico

Desde el Ministerio Público de la Defensa, el diagnóstico trazado fue sumamente crítico. "Las comisarías en el interior de la provincia están absolutamente superpobladas – dijo Balangione a El Litoral -. En Rosario se alivió, pero en Santa Fe, el problema es grave. Y va en paralelo con el carcelario; hay personas que cumplen condenas en comisarías (deberían estar en penales) y también hay presos federales".

La funcionaria coincidió con Sukerman al señalar que el sistema acusatorio "aceleró" el crecimiento de la población penitenciaria; venía in crescendo a nivel país como consecuencia de ley Blumberg y se agudizó más aún en Santa Fe con el nuevo sistema penal. "En los últimos seis años, la población penal en la provincia aumentó en un 35% más. Hoy tenemos un excedente de 1100 internos en cárceles, haciendo una interpretación lo más flexible posible de la normativa vigente. No cabe un alfiler", insistió.

La Defensora valoró la "celeridad" que garantiza el nuevo sistema, pero advirtió sobre un uso casi abusivo del juicio abreviado y la prisión preventiva. "Se detiene a la persona y la respuesta punitiva es muy rápida. Aumentó el número de condenas por el juicio abreviado pero no disminuyó el número de prisiones preventivas. Y no se utiliza – alertó - el resto de las medidas alternativas que el Código ofrece cuando hay sospecha o comisión de delito leve, con todo lo nocivo que es para esa persona estar encerrado; es como un curso acelerado sobre criminalidad", manifestó.

Perspectiva

De cara al futuro, Balangione admitió que "no existe una varita mágica" para resolver el tema. "Lo de las comisarías es súper preocupante porque más allá de cómo viven esos internos, no se encuentran alejadas de la ciudad, por lo tanto esa problemática se extiende al barrio en el que están insertas. El año pasado - recordó-, el ministro de Seguridad (Marcelo Saín) había emitido una resolución que establecía que no podían ingresar más presos a dependencias policiales. Pero eso no se cumple. Los jueces resuelven la prisión preventiva o la detención, y se envía el oficio a la policía que ve a dónde lo ponen (sic). Y los Hábeas Corpus que desde la Defensa vamos ganando son de muy bajo cumplimiento", describió.

Frente al dilema de un sistema que genera "más presos" y un sistema penitenciario absolutamente saturado, la funcionaria planteó que el desafío pasa por pensar el problema de la inseguridad con un cambio de perspectiva. "Hay que empezar con políticas públicas desde los barrios más vulnerables. Y con la aplicación de criterios de justicia restaurativa; no apelar a la cárcel como única respuesta punitiva porque hoy el estado plantea la cárcel o tu casa, y el delito se cometió igual. Es necesario permitir que la Defensa tenga también una intervención civil, cuando los delitos no empezaron a cometerse, pero ya sonaron alarmas de violencia o hurtos en el contexto familiar. Es insostenible pensar que la cárcel va a resolver los problemas", concluyó.

Fugas

La superpoblación de detenidos particularmente en comisarías deriva en un problema adicional: las fugas. En tres meses, hubo dos evasiones importantes (siete en diciembre y cinco el último viernes) en la comisaría 12 de Santo Tomé. Allí, las plazas son 16 y llegaron a ser 46 los alojados. En la subcomisaría 2 de Santa Rosa de Lima sucedió lo.mismo; 16 plazas para 40 alojados: se fugaron doce el pasado fin de semana.

"Coronda: 50% sin alfabetizar"

Balangione advirtió acerca del "muy bajo nivel de alfabetización" de la población carcelaria. Sobre la base de un relevamiento realizado en Coronda, reveló que "la mitad no tiene hecha la escuela primaria. Y deberían estar cursándola porque el estado es responsable de ello, pero no se está haciendo. No se cumple", afirmó. "La superpoblación – sostuvo - es la madre de todos los problemas. Retarda la atención de salud, la educación, los cupos laborales, la atención médica, las visitas, la entrega de paquetes...".