Se presentaron al menos ocho amparos judiciales contra el DNU

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal recibió al menos ocho amparos contra el decreto de necesidad y urgencia 70, de desregulación económica, con pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma del gobierno de Javier Milei.

En uno de ellos, radicado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quedó designado nuevo juzgado, el Contencioso Administrativo Federal 7, luego de que el letrado recusara al magistrado sorteado inicialmente, Juan Pablo Cayssials.

Gil Domínguez presentó una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2'023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.

El primer amparo fue radicado la radicada la semana pasada por la "Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad", y el viernes último el juez Esteban Furnari admitió la acción como un "amparo colectivo" y dio vista a la fiscalía para que se determine si la causa es competencia de ese juzgado.

La acción judicial fue presentada por esa Asociación Civil y organizaciones como ATE y CTA contra el decreto de desregulación económica. La presentación también llevó la firma del economista y exdirector del Banco Nación Claudio Lozano. Sumaron sus firmas a la demanda también los dirigentes sindicales de ATE Hugo "Cachorro" Godoy y Rodolfo Aguiar. Sostuvieron que el DNU viola derechos constitucionales.

La demanda señala que "el decreto viola los principios de división de poderes, el bicameralismo establecido en nuestro régimen constitucional, los principios democráticos y de corrección funcional que informan todo el texto constitucional".

También ingresó una acción de amparo de la "Asociación Civil por un Hogar en Argentina", que quedó radicada ante el juzgado 12 de ese fuero.

Durante la jornada de este martes presentaron amparos el ex titular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y otros cuatro firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos y Norma Castro.

Fuero de atracción

El criterio de Furnari de tratar el tema como un proceso colectivo, implica concentrar todas las acciones de ese tipo (no las planteadas a título individual) en un solo juzgado. Así, eventualmente todos los amparos colectivos presentados contra el DNU serán tratados por Furnari, a excepción de que él sea recusado por alguno de los demandantes y esa recusación sea efectiva. Aún así, aunque él concentre todos los casos, las medidas cautelares sí podrían ser dictadas por otros jueces.

Por su parte, además de recusar al juez Cayssials, Gil Domínguez aludió al derecho de exclusión de clase y pidió ser excluido del grupo del amparo de Furnari, para que su demanda -que hizo en carácter de ciudadano- tramite por separado. Y sostuvo que la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad es un proceso constitucional totalmente distinto a la acción de amparo colectivo. "El objeto de la presente ADI es más amplio respecto de la normativa constitucionalmente impugnada que el objeto de la acción de amparo colectivo", indicó.

En su demanda, el abogado Gil Dominguez sostuvo que el DNU es "contrario a los artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3 de la Constitución argentina"

Gil Dominguez pidió que "oportunamente dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023".

Además reclamó el dictado de una medida cautelar que suspenda sus efectos hasta que haya sentencia definitiva.

"Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa", consignó.

El abogado reclamó que se declare la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023".

"El Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023 utiliza un mecanismo de legislación excepcional previsto por el art. 99.3 de la Constitución argentina - de interpretación y aplicación restrictiva- para sustituir integralmente la función legislativa a través del abuso de derecho público y el desvío de poder", denunció el constitucionalista.

También "con el objeto de realizar una reforma constitucional indirecta o encubierta por fuera del mecanismo previsto por la Constitución argentina", advirtió.

"De esta manera, se verifica la existencia de una norma que pretende vulnerar el principio republicano, la división de poderes", sostiene la demanda presentada.

Defensores

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) expresó hoy su "preocupación" ante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional que deroga "una cantidad inédita de leyes" y solicitó que la norma se "someta al trámite legislativo correspondiente" y que "se respete la separación de Poderes" para que "no se avance en medidas que vulneren derechos".

Tetaz: "No hay constitucionalista que lo avale"

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz expresó que Juntos por el Cambio pretende "acompañar las reformas del Gobierno" pero cuestionó que se realicen a través de un decreto, sobre el cual "no hay un constitucionalista" que afirme que "sea válido" y pidió al Ejecutivo que lo "desdoble" para que el Congreso pueda "tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente".

"No hay un constitucionalista, no hay uno solo. Siempre cuando hay una discusión sobre la Constitución uno encuentra uno con un matiz, ninguno ve que este decreto sea válido. Genera un problema judicial", dijo Tetaz en declaraciones a La Nación+.

Para el diputado, los defensores del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno establece la desregulación de la economía argumentan "en términos semánticos" que existe un "paráte de la economía" y un "estancamiento de hace 20 años" que lo hace "urgente".

"Eso es cierto en términos semánticos, pero no es cierto en términos jurídicos del artículo 99 inciso 3", explicó Tetaz, en referencia al pasaje de la Constitución que circunscribe a los decretos en "circunstancias excepcionales" y por razones "de necesidad y urgencia".

En ese sentido, el diputado señaló que este DNU funcionaría como precedente "cuando ganen" próximas elecciones "los que no queremos" y puedan ejercer desde el Ejecutivo iniciativas similares.

"Gana Juan Grabois, gana Myriam Bregman y dicen chau el sistema capitalista, volemos el artículo 16 de la propiedad privada, abolimos los artículos sobre la libertad", cuestionó.

Pese a esta crítica, Tetaz remarcó que "hay medidas que están buenas" y que "la mayoría son correctas" y subrayó que los legisladores de JxC tienen "la voluntad de ayudar al Gobierno" y "acompañar muchas de las reformas".

"Nosotros esperamos que esto vaya por el canal que corresponde: por el Congreso. Esperamos que el Gobierno desdoble el DNU para permitirnos tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente. Esperamos que el Gobierno acceda a esta discusión", agregó.

Si bien admitió que su discusión en el Congreso "va a tomar más tiempo" y que del total de "366 medidas" del DNU, habrá "200 que (el Parlamento) va a voltear", resaltó que serán "más duraderas".

"No vamos a conseguir todas las reformas, pero las que se puedan conseguir, van a ser mucho mas duraderas", subrayó.