Procesaron a Alberto Fernández y le trabaron un embargo por $14.600 millones

El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández en el marco de la llamada “causa de los seguros”. Además del procesamiento, le trabó un embargo por $14.634 millones. La investigación gira en torno al decreto 823, que eliminó el sistema de coaseguro y benefició con el monopolio a Nación Seguros.

La figura imputada es “negociaciones incompatibles con la función pública”. Casanello considera que Fernández mantuvo vínculos personales y económicos con el broker Héctor Martínez Sosa, su pareja María Cantero —también secretaria presidencial— y otros implicados. El fallo describe una trama de favores, visitas a Olivos y flujos de dinero cruzado.

Chats, vínculos y contratos millonarios

La resolución judicial cita como prueba clave los chats entre Cantero, Martínez Sosa y allegados. En uno de ellos, Cantero le dice al empresario: “Tenés un amigo presidente. Esto pasa una vez en la vida. Somos equipo”.

Según el juez, entre 2019 y 2023, las empresas de Martínez Sosa facturaron casi $2.300 millones, lo que equivale al 60% de las comisiones por pólizas estatales en ese período. Sólo en Nación Seguros, recibió $366 millones. La cifra asciende a $416 millones si se computan comisiones en 2024.

Además, el fallo revela facturas que Fernández emitió entre 2010 y 2019 a la firma de su amigo, por supuestos informes políticos. La última está fechada días antes de asumir como presidente.

Funcionarios y empresarios implicados

Además del expresidente, fueron procesados Martínez Sosa, María Cantero y varios exdirectores de Nación Seguros: Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. También figuran en la lista Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos, ex titulares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El juez ordenó allanamientos a brokers y sociedades vinculadas. En cambio, dictó la falta de mérito para otros empresarios.

Una trama que escala

La causa llegó a manos de Casanello en febrero, tras la salida del juez Julián Ercolini. Desde entonces, el magistrado revisó toda la documentación, pidió nuevas pruebas y sumó la colaboración de la PROCELAC, que elaboró un informe de 662 páginas sobre la facturación de Fernández antes de asumir.

El procesamiento sin prisión preventiva abre un nuevo capítulo judicial para el expresidente, cuya defensa deberá responder a acusaciones que van desde el uso del Estado para beneficiar a un círculo íntimo, hasta un presunto esquema de retorno económico disfrazado de informes profesionales.