Quieren saber qué pasó con el dinero decomisado a María Julia Alsogaray

Una organización no gubernamental dedicada a perseguir los delitos económicos le pidió hoy a la Corte Suprema que informe qué ocurrió con el dinero que se le había decomisado a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray, condenada por enriquecimiento ilícito y actualmente juzgada por otro caso de presunta corrupción.

La presentación fue realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica a través de una carta enviada al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Allí se solicita que la Corte haga públicos ‘el número de la cuenta bancaria en la que se encuentra depositado el dinero decomisado a María Julia Alsogaray a raíz de su condena por enriquecimiento ilícito, y el saldo exacto de dicha cuenta‘.

La ONG -que actúa bajo la forma de ‘amicus curiae‘ en el expediente- también insistió en la necesidad de que el dinero incautado sea destinado al Hospital de Pediatría Juan Garrahan. ‘Si bien esta causa se inició en 1993 y la sentencia condenatoria fue dictada en 2004, el daño social causado por estos hechos de corrupción aún no ha sido reparado‘, denunció en la carta a la que accedió DyN.

A fines de 2009 se remató el petit hotel que fue propiedad de Alsogaray, al dar lugar al primer caso en Argentina de recupero de activos en hechos de corrupción, remarcó la ONG. Sin embargo -dijo- ‘aún no se ha dado a ese dinero un fin social que permita reparar el daño causado‘.

Desde hace años, el CIPCE insiste en que el dinero que perteneció a María Julia se destine al Garrahan, para que la lucha contra la corrupción se refuerce a través de la mejora de un servicio público que beneficie a la comunidad y principalmente a los sectores más desaventajados. ‘Este año se cumplirán dos décadas desde que se inició la causa en 1993. Frente a la impunidad de la corrupción y las intolerables demoras de la Justicia, es imprescindible demostrarle a la sociedad que puede recuperar el dinero que le han robado, utilizándolo para financiar políticas públicas esenciales‘, sostuvo un comunicado firmado por Agustín Carrara, director ejecutivo de CIPCE.

Añadió que ‘para que el control de la corrupción sea eficiente, es necesario que la sociedad comprenda cabalmente el daño que generan estos delitos, es decir, cómo repercuten sobre la prestación de servicios concretos para la comunidad‘.

Desde la semana pasada, María Julia Alsogaray está siendo juzgada por supuestas irregularidades en contrataciones en el marco del Plan de Manejo de Fuego, cuando lideraba la Secretaría de Recursos Naturales, en el Gobierno de Carlos Menem. En 2004 fue condenada por haberse enriquecido en forma ilegal mientras fue funcionaria pública y se dispuso que devolviera al Estado unos 622 mil pesos y 500 mil dólares, y la sentencia fue confirmada en 2008 por la Corte Suprema de Justicia.

DYN