De cómo Santa Fe aportó a Santa Cruz $ 675 millones

Reclamo constante. Gabriel Real presentó (como 2004 y 2009) un proyecto de comunicación que busca alertar sobre la vigencia de la Ley Nacional 23.681 Foto: Archivo El Litoral

De la Redacción de El Litoral

politica@ellitoral.com

“Santa Fe aportó a Santa Cruz, a valores constantes, 675 millones de pesos”, dice el diputado provincial Gabriel Real, que desde hace años reclama el fin de un impuesto nacional que beneficia a esa provincia patagónica.

El legislador insiste -como en años anteriores- con que debe derogarse una norma que injustamente encarece la energía eléctrica a los santafesinos y todos los argentinos.

Desde 1989 en adelante, cada argentino ha pagado con sus facturas de energía eléctrica el seis por mil (0,6%) sobre el precio de la energía mayorista.

El propósito de ese impuesto fue sumar a los santacruceños al Sistema Interconectado Nacional que (como puede utilizar la generación más económica disponible) dispone de una energía mayorista más económica. Santa Cruz estaba aislada eléctricamente del resto del país, situación que terminó en 2008 con la conexión de Río Gallegos al mercado mayorista nacional. Para 2013, el 80% del consumo de esa provincia quedó en las mismas condiciones que el resto de los argentinos, merced a obras nacionales.

Desde entonces, en el Congreso de la Nación se renuevan proyectos para derogar la Ley 23.681. Fue sancionada el 15 de junio de 1989, cuando aún gobernaba el ex presidente Raúl Alfonsín (y ambas Cámaras estaban en manos del PJ) y promulgada por Carlos Menem el 10 de julio de ese año.

Transitoria e interminable

Quien lea el texto de la ley que hoy no tiene razón de ser, verá que fue concebida bajo la idea de la transitoriedad, como un mecanismo de compensación hasta tanto se extendiera la red del sector del transporte de la energía a la provincia patagónica.

Sin embargo, lo provisorio se convirtió en permanente. Quizá porque la ley, en lugar de crear un fondo especial para hacer las obras de interconexión, directamente volcó todo lo recaudado a la provincia de Santa Cruz. Obviamente, esos recursos fueron a parar a rentas generales en lugar de utilizarse para los fines propuestos.

En 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa intentó poner fin a esa situación, con un decreto (que también firmaron los ministros Chrystian Colombo, Carlos Bastos y Domingo Cavallo). Se creó un fondo fiduciario, un destino especial para esas partidas. Pero tras la conexión de Santa Cruz al sistema nacional, el impuesto sigue en las facturas de todo el país.

Fines y desvíos

El diputado provincial Gabriel Real (PDP) volvió a reclamar con un proyecto de comunicación que “se proceda a la derogación de la Ley Nacional Nº 23.681/89 y el Decreto Nacional Nº 1378/2001 que establecen ese recargo”, subraya.

“No es justo el aporte que hemos efectuado los santafesinos a Santa Cruz que, en estos 27 años, a valores constantes, y a razón de aproximadamente 25 millones de pesos anuales, ha significado un beneficio que supera los 675 millones de pesos”, estima Real.

El decreto mencionado “extiende la vigencia del recargo citado y lo mantiene vigente luego de ‘la efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz y durante el plazo que resulte necesario para cubrir los costos de la obra de interconexión’”.

Según una denuncia presentada ante la justicia por el Centro de Educación al Consumidor (CEC), “483 millones de pesos del Fondo Eléctrico de Santa Cruz fueron desviados de su destino original”, indica el demoprogresista al fundamentar su iniciativa.

Siete intentos

• En la Cámara de Diputados de la Nación ya pasaron o están por pasar al archivo siete proyectos de ley para derogar la norma especial que concede a los santacruceños recursos de todos los argentinos. Ninguna de esas iniciativas (de 2011 a hoy) tiene la firma de un legislador del PJ.