El Senado ingresó pliegos y aprobó convenios internacionales

El Senado de la Nación celebró este miércoles una sesión ordinaria que, en los papeles, tenía un temario de trámite parlamentario, pero que en la práctica terminó abriendo una escena política bastante más áspera.

Bajo la conducción de Victoria Villarruel, la Cámara alta dio ingreso formal a los pliegos de Carlos Mahiques para que continúe en la Cámara Federal de Casación Penal, de la exlegisladora neuquina Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá y de una serie de oficiales militares propuestos para ascensos, además de poner en movimiento convenios internacionales suscriptos con Francia, Austria y la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

El objetivo principal del oficialismo, en esta primera sesión, era precisamente habilitar el camino institucional de los nombramientos para que luego sean tratados en la Comisión de Acuerdos y, más adelante, vuelvan al recinto. El pliego de Crexell, sin embargo, desplazó el foco por reproches y acusaciones de la oposición con la Ley Bases como telón de fondo.

La jornada comenzó con homenajes al exsenador y exintendente de Rosario Horacio “Vasco” Usandizaga y al exlegislador chaqueño Antonio Rodas.

Además de esos dos pliegos de alta sensibilidad política, la sesión dio ingreso a una serie de pliegos militares para solicitar el acuerdo del Senado en promociones al grado inmediato superior. Entre ellos figuran los de vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, designado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; vicealmirante Juan Carlos Romay, designado jefe del Estado Mayor General de la Armada; y general de división Oscar Santiago Zarich, designado jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El caso Mahiques

Uno de los expedientes que ingresó formalmente fue el de Carlos Mahiques, para que continúe en la Cámara Federal de Casación Penal. El pedido había sido elevado por el Poder Ejecutivo después de que el magistrado solicitara la prórroga de su cargo.

El dato institucional es que Mahiques alcanzará en noviembre los 75 años, la edad límite fijada por la Constitución Nacional para ejercer como juez. Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de una nueva designación por un período adicional de cinco años, siempre con acuerdo del Senado.

Ese paso fue uno de los asuntos centrales de la sesión. No sólo por el peso del cargo, sino también por el apellido. La figura de Mahiques quedó inevitablemente enlazada a la del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, su hijo, en un contexto donde cada decisión institucional de esta naturaleza es leída también en clave política.

Ahora, el pliego será analizado por la Comisión de Acuerdos, presidida por el oficialista Juan Carlos Pagotto. Allí se abrirá el proceso de avales e impugnaciones, antesala de las audiencias públicas en las que el candidato deberá exponer antes de que su continuidad sea sometida a votación en el recinto.

Reproches para Crexell

La sesión se desvirtuó al momento del ingreso del pliego de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá. La exsenadora neuquina volvió al centro de la escena tras la presunta retribución que obtuvo por su voto a favor de la Ley Bases como diplomática.

La voz cantante en las acusaciones fue la de la senadora riojana Florencia López, quien vinculó de manera directa la postulación de Crexell con aquel respaldo parlamentario y denunció en el recinto lo que definió como “la configuración del pago de la coima a la senadora Crexell por el voto aquí en el Senado de la Ley Bases”. Y fue todavía más allá: “No podemos permitir la consumación del delito de cohecho”, sostuvo.

En su intervención, recordó incluso una escena de aquella jornada: dijo que le pidió a Crexell que no acompañara la iniciativa y afirmó que ella “casi llorando, decía y gritaba que le estaban haciendo una operación”. En ese mismo pasaje sumó una referencia al entonces senador entrerriano Edgardo Kueider, a quien señaló como quien la “consoló” y le dijo que votara “en paz”.

Las declaraciones de López provocaron una respuesta inmediata desde el oficialismo. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce con dureza y buscó desarmar la acusación con un argumento judicial: recordó que la exsenadora Crexell había sido denunciada por el bloque al que pertenece López y que esa presentación fue desestimada por inexistencia de delito.

Además, Bullrich apuntó al contenido de la denuncia realizada en el recinto: “La exsenadora Crexell fue denunciada por el bloque al que usted pertenece y esa denuncia fue desestimada por inexistencia de delito. Con lo cual, la acusación que acaba de hacer no solamente viola el principio de inocencia de la exsenadora, sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”. También precisó que la causa había sido archivada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6.

En medio del cruce, López retrucó con una frase que terminó de tensar el intercambio: “¿Nos va a tratar de amordazar a los senadores para que no hablemos? ¿Nos va a denunciar, ir a buscar un fiscal?”. Fue una escena bien senatorial. De esas donde lo reglamentario queda al costado y el debate entra de lleno en la zona del reproche, la sospecha y la pulseada por la palabra.

El trasfondo político tampoco es menor. Crexell había integrado un interbloque junto al entrerriano Edgardo Kueider, luego expulsado del Senado tras ser sorprendido con miles de dólares sin declarar en la frontera con Paraguay. Ese antecedente, mencionado en la discusión, volvió a cargar de densidad política una designación que, en otro contexto, quizás habría pasado por un carril más silencioso.

Convenios ratificados

En paralelo, el Senado puso en tratamiento convenios internacionales con Francia y Austria, vinculados a la doble imposición, la evasión y la elusión fiscal. En el caso del acuerdo con Francia, se trata de un protocolo de enmienda que incorpora cambios en la definición de establecimiento permanente de servicios y modifica disposiciones sobre dividendos, intereses, regalías y ganancias. También prevé que si la Argentina acuerda luego una alícuota más baja o un tratamiento más favorable con otro país en condiciones equivalentes, ese beneficio pueda aplicarse automáticamente entre las partes.

En cuanto al convenio con Austria, el texto se aplica a personas residentes en uno o ambos Estados y a impuestos sobre la renta y el patrimonio. Define criterios sobre establecimiento permanente, rentas empresariales, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y mecanismos para eliminar la doble imposición. También incorpora procedimientos de acuerdo mutuo, intercambio de información y asistencia en la recaudación de tributos.