El Senado puso fecha y hora al debate por la reforma laboral

El Senado de la Nación abrirá sus puertas por primera vez en el año el próximo miércoles para tratar la reforma laboral con protestas en las calles pero sin paro general.

La presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó la nota que oficializa la convocatoria a la sesión especial para el próximo 11 de febrero, desde las 11 de la mañana, con un único tema en el orden del día: el proyecto de Modernización Laboral incluido en el temario de extraordinarias.

La convocatoria se activa después de una nota impulsada por un grupo de senadores, a la que se sumaron firmas que representan 44 bancas, con las que el oficialismo se ilusiona con aprobar la reforma. En paralelo, la conducción de la CGT terminó de resolver su posición: habrá movilizaciones, pero no se realizará un paro general.

Agenda única sin letra chica

El dato saliente del llamado a sesión es tanto lo que entró como lo que quedó afuera. En la agenda formal del miércoles aparece solo la reforma laboral. No figura, por ejemplo, la reforma de la Ley de Glaciares, un tema que se daba por descontado en la previa y que finalmente quedó excluido de la convocatoria inicial. Entre los argumentos que se manejan en el oficialismo aparece una razón casi de manual: un debate de reforma laboral ya promete horas largas —y más todavía si el texto llega con cambios—; sumarle glaciares implicaría estirar la jornada hasta un límite difícil de administrar.

Tampoco figura la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. De todos modos, en el Senado remarcan que tanto glaciares como el pliego diplomático podrían incorporarse en Labor Parlamentaria. Si bien es una posibilidad, la intención del oficialismo es concentrar energías en un solo expediente, evitando que se mezclen debates y se diluyan los acuerdos.

En paralelo, el Gobierno termina de afinar la letra chica. Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, manifestó que el texto final “se va a conocer el día que lo estemos tratando”. Y recalcó que están "bajo cuatro llaves" las modificaciones surgidas de las negociaciones con bloques aliados, que terminarán definiendo la mayoría en las votaciones.

Sobre los votos, se mostró confiada y afirmó tener “el 95% cerrado”. Sin embargo, el tramo más delicado sigue siendo el capítulo fiscal que incluye una baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades y significa un golpe a las cajas provinciales por tratarse de un tributo coparticipable. Ese punto se convirtió en la principal presión externa sobre el proyecto y, al mismo tiempo, en el dilema interno de la estrategia.

Los gobernadores aliados le hicieron saber su rechazo al ministro del Interior Diego Santilli durante las reuniones que mantuvieron a lo largo del verano. En el Gobierno, sin embargo, la mesa política se expresó en contra de eliminar el capítulo. Lo que se discute, en todo caso, es una salida intermedia: postergar su implementación para desactivar el conflicto sin resignar las banderas de “baja de impuestos” y "superávit fiscal".

En ese terreno, la decisión final la tiene el ministro Luis Caputo y los votos que inclinen la balanza los legisladores de los bloques provinciales y radicales. La oposición peronista, por su parte, anticipó que dará la pelea en la votación en particular y buscará dilatar la sesión con el debate artículo por artículo, como ocurrió en diciembre con el Presupuesto.

La CGT marcha pero no para

El Consejo Directivo de la CGT definió este viernes convocar a una movilización hacia el Congreso el próximo miércoles en el marco del inicio del debate legislativo con réplicas en distintas provincias, pero descartó la opción de un paro general.

En conferencia de prensa, el cosecretario general Jorge Sola manifestó que “el proyecto no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino recortar derechos. Y trasladó el eje de la presión a “la responsabilidad” de los legisladores. “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”, lanzó, apuntando a los aliados que el Gobierno necesita para cerrar la votación.

En la conducción de la central obrera, sin embargo, no prosperaron las propuestas de paro general. Por lo menos por ahora. Se impuso la postura dialoguista de negociación con gobernadores y senadores para intentar mitigar el impacto de la reforma mediante cambios en ítems "antisindicales" como el financiamiento, la limitación de la ultraactividad o la restricción del derecho a huelga.

Ante la movilización, en el Ejecutivo se preparan para controlar la calle mientras se desarrolla el debate en el recinto. Si bien no se anticipa un escenario como el que marcó la reforma previsional en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri, prevés momentos de tensión que dan pie al despliegue de fuerzas federales, con vallas y custodia del perímetro que garanticen el funcionamiento del Congreso mientras se discute el proyecto.