Senadores completará la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Antimafias

En la agenda del Senado de la Provincia de Santa Fe se encuentra un proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional sobre Organizaciones Criminales, que la prensa y los propios legisladores nacionales que la impulsaron han sintetizado como "Antimafias".

En la Legislatura, la diputada provincial del Pro, Ximena Sola, del Bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, logró imponer el número del oficialismo para la media sanción que ahora tratarán los senadores. En agosto de 2025 hubo solo respaldo del partido de gobierno y algunos pocos bloques unipersonales más para la adhesión -con reserva de la jurisdicción provincial- a la Ley Nacional 27.786.

En el texto que tiene en comisiones el cuerpo de 19 bancas se deja expresamente sentado que Santa Fe no renuncia a su potestad para juzgar esos casos, aunque confirma al resto de la norma nacional, sobre cuyos efectos hay fuertes debates.

Fue promulgada en marzo de 2025, apenas unos meses antes de la media sanción de Diputados, y penaliza a grupos de tres o más personas que cometan delitos graves (narcotráfico, lavado, extorsión, trata) con penas de 8 a 20 años. Crea herramientas de investigación y permite juzgar a todos los miembros por los delitos de la organización, más allá de sus roles. Basta para ello con probar que alguien perteneció a esa organización criminal.

La norma nacional reserva la fuero federal su aplicación, mientras que la ley de adhesión en discusión en Santa Fe no acepta resignar esa potestad. Entre otras novedades contempla la coordinación entre jurisdicciones judiciales con zonas de investigación especial. Faculta a los jueces a declararlas y así permitir allanamientos rápidos, interceptar comunicaciones, imponer retenes y requisas.

Las objeciones critican el fuerte aumento del poder punitivo estatal y la falta de juicio abreviado. Fue impulsada por el gobierno de Javier Milei y toma elementos de la llamada Ley Rico de los Estados Unidos.

Preferencia

La norma que tratarán los senadores provinciales tiene preferencia. En Diputados provocó el rechazo del interbloque justicialista y del bloque Frente Amplio Progresista. En tanto, Amalia Granata de Somos Vida se abstuvo.

En el sector de los diputados de origen celeste hubo una fuerte dispersión. Con disidencias parciales, Juan Argañaraz (Inspirar) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) también apoyaron la sanción de la norma, mientras que Beatriz Brouwer (Unite) pidió directamente sumar su firma al proyecto original de Sola.

"Sabiendo las diferencias, hemos logrado el mayor consenso posible" destacó Sola a la hora de exponer los alcances de la iniciativa y los objetivos. "Se trata de una herramienta de última generación en la lucha contra el crimen organizado, diseñada para atacar de forma directa los niveles económico, operativo y territorial de las mafias que por años pusieron en jaque la vida de los santafesinos de bien en la provincia", indicó la legisladora.

"La Ley Antimafia es un paso fundamental en la lucha contra el delito: vamos a fondo hacia un modelo de ley y orden. La Ley 27.786 no es una medida autoritaria, es un nuevo marco legal, con controles y respaldo judicial, que aplica criterios de verosimilitud, donde el Ministerio Público Fiscal debe fundar cada intervención, informar de urgencia a un juez y actuar dentro del derecho procesal vigente", prosiguió Sola.

La adhesión permitirá que las fuerzas de seguridad provinciales y federales, en coordinación con la justicia provincial y la justicia federal, puedan actuar de forma articulada para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción estructural. Se trata de un enfoque integral para atacar el entramado mafioso que se había instalado en la región con una lógica de ocupación territorial y disputa barrial.