Senadores y EPE estudian cómo seguirá el Fondo de Electrificación Rural

Para las 14.30 de este miércoles 20 está prevista una reunión de trabajo entre los senadores provinciales del oficialismo y la oposición con directivos y técnicos de la Empresa Provincial de la Energía para estudiar la continuidad, por 10 años, del Fondo de Electrificación Rural. Un mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro que habilitó el tratamiento de un proyecto de ley del propio Senado provincial que, a la luz de los buenos resultados de ese subsidio cruzado, plantea continuar con esa política pública provincial que ha logrado mantenerse aún con cambios de color político en las gestiones de la Casa Gris.

Se trata de una tasa del 1,5% de cada una de las facturas de la EPE cuyo destino debe ser la ampliación de la red existente de la Empresa Provincial de la Energía fuera de las zonas urbanizadas y así llegar con el servicio a áreas alejadas en el interior del mapa de la bota.

La iniciativa se encuentra en las comisiones del Senado de la Provincia y todo indica que en la sesión del jueves 21 se le otorgue una preferencia, para su tratamiento y aprobación en unos quince días.

El texto ya cuenta con la firma de los 19 representantes de los departamentos, es decir, de la totalidad del cuerpo. Su autor es el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), y modifica la Ley Nº 13.414 sancionada el 4 de junio de 2014, fue prorrogada mediante otra norma de 2019 hasta el 4 de julio de 2024.

Michlig y otros senadores subrayaron que los recursos aportados no pueden tener otro fines que los establecidos por esa ley, ya que además de un sistema contable separado, existe una comisión bicameral que los controla. En otras palabras, no puede la EPE usar ese dinero (un subsidio cruzado) para otros fines que los planteados en la norma. Todos los bloques con representación legislativa acceden a informes que justifican lo hecho cada año. Y para el presente período los representes por la Cámara alta son los radicales Orfilio Marcón (General Obligado) y Esteban Motta (San Martín), así como el justicialista Hugo Sosa (Vera).

Hoy la norma prevé asistencia a pobladores rurales y productores agropecuarios y, también, a poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Uno de los cambios propuestos es que se alcance a poblaciones de hasta 5.000 habitantes "para contemplar otras localidades excluidas".

Asimismo, la EPE podrá destinar sus recursos a compras e implementación de tecnología aplicada al servicio de distribución de media tensión; gestión de convenios de trabajo mutuo con Comunas; contratación de cuadrillas de trabajos a terceros; implementación de sistemas de generación mediante energías renovables en zonas inhóspitas; adquisición de móviles todo terreno; implementación de sistemas de medición a distancia; y realización de obras de electrificación en loteos comunales, cuya superficie sea inferior a los 100.000 metros cuadrados.