Sergio Schoklender se instaló en Santa Fe "porque no es una provincia kirchnerista"

José Bordón
El Litoral

Reapareció Sergio Schoklender. Está trabajando en esta provincia y se apresta a instalar una fábrica de paneles de polietileno expandido, con concreto proyectado, desde Rafaela, departamento Castellanos, 96 kilómetros al oeste de esta capital.

“Ya hace unos dos meses que llegué a esta ciudad, donde tengo muchos amigos. Me encontré con un lugar donde la gente es seria para trabajar. De a poco vamos a ir concretando el proyecto sobre la base de paneles que tiene origen italiano pero que yo mejoré con el desarrollo de una nueva tecnología, que permite instalar fábricas a muy bajo costo o viviendas que se levantan más rápido y de mejor calidad que los sistemas tradicionales”, sostuvo Schoklender en declaraciones al programa de TV “Conceptos”, que se emite por Cablevisión Rafaela, con la conducción de Gerardo Zanoni.

No está aún determinado si reside en esa ciudad, conocida como “La Perla del Oeste”, debido a las bellezas naturales y culturales, con una población aproximada de 100 000 habitantes. Algunas fuentes consultadas explicaron que habría adquirido una vivienda en la vecina localidad de Susana, 10 kilómetros al sur de Rafaela.

Según comentarios, Schoklender, de 57 años, vinculado con el manejo irregular de fondos del proyecto “Sueños Compartidos”, que impulsó el grupo de Madres de Plaza de Mayo que lidera Hebe de Bonafini, suele compartir cenas con amigos o empresarios en conocidos restaurantes rafaelinos.

En el único contacto con la prensa, Schoklender admitió que llegó a Santa Fe a trabajar “porque no es una provincia kirchnerista. Y eso ayuda en mi caso”, resaltó.

Antecedentes

Sergio Mauricio Schoklender, abogado, psicólogo y empresario, cobró notoriedad tras haber sido condenado, junto a su hermano menor Pablo, por el asesinato de sus padres, en Buenos Aires, el 30 de mayo de 1981, en lo que se conoció como el Caso Schoklender.

A fines de mayo de 2011 trascendieron las denuncias de la diputada de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz, por supuestas irregularidades en compras inmobiliarias y supuesto enriquecimiento ilícito con el dinero público destinado al proyecto de viviendas de las Madres. Por ello estuvo detenido, aunque logró su libertad en marzo de 2013.