Rechazan en Diputados el DNU que cambia atribuciones de la SIDE

Casi en simultáneo con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se conoció un pronunciamiento del interbloque Unidos, que rechaza la norma.

“Desde el Interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional”, arranca, taxativo, el documento difundido en la primera jornada hábil del nuevo año.

“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”, agrega.

El texto tiene el aval de legisladores y legisladoras de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Se descuenta que en la misma línea se pronunciarán otras bancadas opositoras.

“Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución”, advierte el texto. En esos mismos términos se explayó el diputado nacional socialista Esteban Paulón en diálogo con medios nacionales. Allí consideró que con estos cambios “todos estamos bajo sospecha”.

“Opacidad”

Entre las razones que invoca el interbloque, figura que el decreto “introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.

Extiende, además, “la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”.

Por último, el DNU “habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.

Para el interbloque, el DNU 941, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, “avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”.

Por esa razón, sus integrantes exigen que “el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122” y que “cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”.

“La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.

Más argumentos

En su momento y antes de que el decreto sea publicado, Maximiliano Ferraro (CC) había calificado al DNU como un “retroceso intolerable”.

A la hora de detallar los ítems cuestionados, el legislador consignó que la norma dará lugar a “espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica; centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF), por lo que todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia, y posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

Como se sabe, el Congreso está actualmente de receso y es altamente probable que el Ejecutivo vuelva a convocarlo para un nuevo tramo de extraordinarias en el mes de febrero, a fin de tratar, entre otras, la Reforma Laboral, un tema que también anticipa conflicto.

El objetivo de los bloques que se oponen al flamante DNU es acelerar su tratamiento en el recinto y convocar a una sesión especial, mientras se reclama la constitución de dos comisiones bicamerales claves, cuya integración será diferente a la de 2025 luego con el ingreso de legisladores electos el 26 de octubre.

Si el tema llega al Congreso y la oposición decide imponer su rechazo, deberá tener mayoría en las dos cámaras, tal como ocurrió con el decreto de necesidad y urgencia que en 2025 establecía fondos reservados para la SIDE por 100 millones de pesos.