Sólo la mitad de los internos estudia dentro de las cárceles

Un relevamiento realizado por el Ministerio Público de la Defensa entre febrero y julio de 2019 exploró la situación educativa que se registra en la población carcelaria de la provincia. El sondeo, al que tuvo acceso El Litoral, fue parte de una serie de trabajos que -en rigor- se vienen llevando adelante sobre la misma temática desde 2017; se debieron interrumpir en 2020 por la pandemia y se retomaron semanas atrás en las cárceles de mujeres.

La encuesta incluyó a internos de siete penales, entre ellos Las Flores y Coronda. Fueron consultados 713 reclusos; de ellos, el 86% fueron varones y el resto, mujeres. Se trata de una población relativamente joven; el 53% tenían al momento del sondeo entre 26 y 40 años, y el 27% entre 18 y 25.

El trabajo indagó sobre niveles de estudio en condiciones de pre encierro, a fin de observar y describir los obstáculos que tuvieron los reclusos en sus trayectorias educativas en estado de libertad. Según los datos obtenidos, el 82% ingresó al sistema penitenciario sin haber terminado la escuela secundaria. Apenas el 7% la había concluido y el 3% no había ido "nunca" a la escuela. Consultados sobre por qué debieron abandonar los estudios, en el caso de los varones el 36% dijo por "trabajo", el 23% por "problemas familiares" y el 22% por "detención". En el caso de las mujeres, el 40% dijo que había dejado la escuela por "problemas familiares" y un 22% por detención.

En el penal

En cuanto a la educación dentro de los penales, se relevó que el 52% de los internos encuestados "estudia"; el 36% "no estudia" y el 12% se anotó pero no empezó a cursar. "Esto implica que de diez personas encarceladas, sólo cinco estudian; es decir, la mitad", plantea el informe.

De los que estudian, el 40% cursa el nivel secundario y el 38%, el primario. El 16% participa de talleres artísticos y de oficios, y sólo el 6% realiza estudios universitarios.

Consultados acerca de si tienen inconvenientes dentro del penal para estudiar, la mitad afirma encontrarse con obstáculos para realizar dicha experiencia. Respecto de cuáles son esos inconvenientes, el 86% afirma que no los "sacan del servicio penitenciario, pabellones o celdas". Un 8% dice "por problemas con internos", el 4% dice problemas con el horario de clases y el 2% aduce problemas con docentes o talleristas. El 66% de los internos que estudian dice tener sugerencias para mejorar la educación intra-muros, lo cual denota la "disconformidad" sobre las experiencias educativas de los presos. Entre las sugerencias posibles hablan de mejorar la atención del Servicio Penitenciario, ampliar los contenidos de los cursos, ampliar los cupos, mejorar la disponibilidad horaria como las aulas y espacios para estudiar y el material de estudio.

El 82% de los encuestados dice que continuaría sus estudios cuando haya recuperado la libertad; el 18% dice que no lo haría. El 90% de los entrevistados considera que los estudios cursados dentro de la cárcel serán "útiles" para conseguir un empleo extra muro.

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos, el propio informe plantea que "sólo la mitad de las personas encarceladas estudia dentro del penal". El porcentaje puede leerse como una carencia del sistema penitenciario si se tiene en cuenta que es tarea central del estado y una prioridad de la Ley de Ejecución Penal promover la educación en situación de encierro. En los ciclos obligatorios - primaria, secundaria - es el estado el que debe garantizar de que los internos completen su educación formal, requisito casi ineludible si se piensa seriamente en la tan promocionada "inserción social". La educación intramuros no es universal, sino que depende de los cupos que la autoridad competente concede; funcionan como estímulo, como factor de negociación y hasta de presión. De hecho, la mitad de los que estudian admiten tener inconvenientes para asistir a clases y confiesan que la principal traba es que no les abren las celdas.

Los penales crecen en número de plazas, pero la generación de cupos para la educación formal o no formal no respeta esa proporcionalidad. Como tampoco se refuerza el personal de acompañamiento. El eje de la política carcelaria no pareciera centrarse, entonces, en proteger ese derecho y garantía de los internos.

Para los investigadores, la radiografía que en este caso explora el nivel educativo de los internos, refuerza la hipótesis de que el sistema criminaliza y está recostado sobre varones, jóvenes, empobrecidos y con un escaso nivel de instrucción. Y esencialmente, sobre personas que no tuvieron posibilidades reales cuando se encontraban en estado de libertad.