Traferri llevó su denuncia contra los fiscales a la Comisión de Acuerdos

El senador Armando Traferri (PJ-JDP-San Lorenzo) presentó ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa una denuncia contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, a los que acusa de persecución como posibles autores del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Traferri no los acusa de desconocer la ley sino de violentarla y a sabiendas, con plena conciencia de su actuación y pide que los doce legisladores que integran esa comisión clave se aboquen a estudiar la documentación proporcionada y la actuación de ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación.

Se trata de la misma denuncia que el jefe del bloque Juan Domingo Perón llevó a la justicia, así como de una suerte de apéndice que -en la su opinión- detalla más de 120 contradicciones en la acusación que le fue formulada y que el Senado santafesino rechazó al negarle a los fiscales la posibilidad de imputar al legislador, por muy amplia mayoría. Además del texto de la denuncia, Traferri puso a disposición de Acuerdos su celular de ser necesario probar sus afirmaciones.

Este miércoles 7 la Comisión de Acuerdos que preside el diputado radical Fabián Bastia recibió la denuncia de Traferri y le brindó la posibilidad de ampliar conceptos durante una exposición de unos veinte minutos. En esa representación de la Asamblea Legislativa se encuentran, además de su titular, los diputados Pablo Farías (PS), Leandro Busatto (PJ), Lionela Cattalini (PS), Gabriel Chumpitaz (JC), Nicolás Mayoraz (VyF), Maximiliano Pullaro (UCR) y Gabriel Real (PDP); así como los senadores Alcides Calvo (PJ-L-Castellanos), Lisandro Enrico (UCR-General López), Joaquín Gramajo (PJ-JDP-9 de Julio) y Rubén Pirola (PJ-JDP-Las Colonias).

Cabe recordar que la ley 13.695 con la que el Poder Legislativo extendió el control directo a todos los integrantes del MPA, así como de la Defensa (además de sus titulares) permite dos vías para que se inicien procesos contra fiscales o defensores: que los organismos internos encargados de controlar a ambos institutos del proceso penal eleven sus denuncias o que sean los propios legisladores quienes las planteen. Hasta aquí, en su enorme mayoría, las actuaciones contra miembros de la Acusación se han iniciado con expedientes girados por la Auditoría del MPA. En este caso es un senador quien busca iniciar ese proceso.

Cambio de roles

El senador Traferri pasa así de acusado a acusador y los fiscales mencionados de acusadores a acusados. De todas formas, el eventual proceso en la Legislatura tiene aún mucho camino por recorrer y puede tanto que la Comisión de Acuerdos deje a la documentación entregada por el senador en reposo, en sus archivos o que la mayoría de sus miembros opte, en cambio, por avanzar. Por lo pronto, al haber ingresado habrá una copia del escrito para cada uno de los doce miembros de Acuerdos, que analizarán sus fundamentos y entonces verán -en una próxima sesión- si la Comisión se aboca o no y, en caso afirmativo, designarán aun legislador que oficiará de acusador.

Obviamente, es aun muy temprano para pronósticos. Eso sí, puede recordarse que el núcleo de la acusación de Traferri contra los fiscales refiere especialmente a la conductas de ambos integrantes del MPA posteriores a la sesión del Senado del 18 de diciembre de 2020, cuando el pedido de Schiappa Pietra y Edery logró apenas cuatro votos favorables sobre diecinueve posibles. Traferri entiende que ambos debieron entonces dar por terminado el asunto.

Pruebas recientes

En pocas palabras, la denuncia de Traferri contra los fiscales dice que la investigación en su contra debió haber terminado cuando a Cámara de Senadores así lo dispuso, al rechazarse por una mayoría especial (que no se requería) el pedido de desafuero.

Como prueba –entre otras- figuran correos electrónicos oficiales de los fiscales donde queda en evidencia que la causa ha continuado más allá de los límites que les impone el Código Procesal Penal (CPP).

Como se sabe, los fiscales procuraron obtener la declaración de inconstitucionalidad de un artículo del CPP que ordena cesar con las causas contra los legisladores cuando sus respectivas Cámaras no les retiran sus inmunidades parlamentarias. En rigor, no es más que la norma procedimental de lo que ya está fijado por la Constitución Provincial.

La jueza Eleonora Verón rechazó, el 23 de marzo pasado, esa pretensión de los integrantes del MPA que ya anunciaron que apelarán la medida y que seguramente el caso terminará en la Corte Suprema de la Provincia.

Traferri acusa a los fiscales no por su deseo de obtener la declaración de inconstitucionalidad de esa prohibición contenida en el CPP, sino por haber seguido con la causa. Y ofrece las pruebas que le han suministrado los propios fiscales.

Antecedente

Hay otro caso reciente en el que han sido legisladores quienes iniciaron un proceso contra un fiscal (la enorme mayoría que va a la Comisión de Acuerdos proviene de la Auditoría del propio MPA). Y tiene directa vinculación con las causas por el juego ilegal. Se trata de la denuncia contra el fiscal de Rafaela Martín Castellano al que los seis senadores del Nuevo Espacio Santafesino NES pidieron investigar porque entendieron que había demorado su labor respecto de las apuestas ilegales en esa ciudad. En diciembre de 2020 fue apartado de esa causa y hoy está en manos de Guillermo Loyola y Carlos Vottero. Castellano enfrenta denuncias de la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich.

Apelación a la "ética académica"

Miembros del Poder Judicial, abogados y organizaciones vinculadas al derecho continuaron sumando su rechazo a las visitas a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri protagonizadas por jueces y fiscales que intervinieron en causas políticamente sensibles.

La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP) rechazó enérgicamente "cualquier falta de ética académica, la que podría resultar de disociar las enseñanzas universitarias de la práctica judicial, poniendo en riesgo el sistema republicano de gobierno y las bases mismas de la democracia".

"Ningún/a profesor/a puede desconocer que resulta inadmisible toda conducta que ponga en crisis la independencia judicial de un país, sin perjuicio del eventual mal desempeño y/o responsabilidad penal de los/as magistrados/as del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos", sostuvieron desde la asociación que nuclea a docentes de derecho penal de Universidades Públicas y Privadas de todo el país.

El comunicado lleva la firma, entre otros, del juez de la Corte santafesina Daniel Erbetta (Profesor titular y de posgrado de la UNR- ex Presidente de la AAPDP), el ex ministro de Justicia Juan Lewis (Profesor adjunto y de posgrado de la UNR), el fiscal general Jorge Baclini (Profesor adjunto y de posgrado de la UNR) y la diputada provincial y titular de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, Matilde Bruera, junto al ex juez de la Corte nacional Eugenio Zaffaroni.