La UBA se niega a las auditorías de la Sigen y el gobierno la acusa

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguró que las universidades están "violando" los derechos de los estudiantes, ante la negativa de la Universidad de Buenos Aires a ser auditada por la Sindicatura General de la Nación desde este lunes. "Es muy interesante el documento de la UBA. En 2011, la Sigen hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la Sigen de algunas auditorías. En la Universidad de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades", dijo Álvarez en declaraciones radiales.

En esa línea, continuó: "Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad. La Sigen es un organismo muy organizado. Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases". Las declaraciones de Álvarez se dan a pocas horas de que la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de un documento, rechazara la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen): "Sí a las auditorías, no a la intervención del Ejecutivo".

El organismo del Ejecutivo tiene en la mira a 2.200 convenios con dependencias del Estado o empresas públicas, ya sea de pasantías o de asistencia técnica; cree que esos convenios fueron excusas para subcontratar a una empresa, haciéndolo sin licitación o contrataciones de personal por fuera de las normas, entre otras irregularidades en el manejo de los fondos de la universidad.

"La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo, por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025", dice el texto. La solicitud de la UBA por ser auditada por la AGN no es casual. Se trata de un organismo de estrecha labor con el Congreso de la Nación, donde el oficialismo mantiene una clara minoría para imponer agenda.

La semana pasada, quedó conformada la comisión bicameral Revisora de Cuentas, que es el vínculo entre el Poder Legislativo y la AGN, que lidera el peronista Juan Manuel Olmos, y su presidente es diputado Miguel Ángel Pichetto.

Según la UBA -y a pesar del antecedente apuntado por Alvarez- "la Sigen no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales" ya que la Constitución "sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo". "Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la Sigen no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley", expresaron.

Desde el Rectorado a cargo de Ricardo Gelpi advirtieron que iniciarán acciones legales para impedir la "intervención ilegal" anunciada por el ministerio de Capital Humano. "La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo", había dicho el vocero presidencial Manuel Adorni. Para las autoridades de la Universidad, la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, garantiza la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, estableciendo que estas instituciones deben estar desvinculadas del Poder Ejecutivo y sujetas únicamente a la potestad regulatoria del Congreso.

Además la Universidad manifestó que se avanzó en "una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía". "La UBA rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y auditados del sector público", añadieron.

¿Van al choque?

Mientras Adorni anunció que este lunes la Sigen iniciará las tareas encomendadas por la cartera a cargo de Sandra Pettovello, el rectorado de la Uba señaló que la sindicatura "no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales. Depende directamente del Presidente y la Constitución sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo. El artículo 98 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156 dice en términos indudables que la Sigen solo puede controlar a 'las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo'.

"Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la Sigen no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley. La Sigen no aporta transparencia a las Universidades. La Sigen no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía; no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos"