Se refuerzan los controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir y combatir delitos como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, emitió una nueva resolución para actualizar la regulación sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP).

La normativa, establecida en la Resolución 192/2024, busca garantizar que los estándares internacionales se apliquen con mayor rigurosidad y se alineen a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La medida, publicada en el Boletín oficial, introduce cambios importantes en la definición y tratamiento de las PEP, así como en las obligaciones de los sujetos que deben reportar actividades sospechosas a la UIF. Este esfuerzo forma parte de las acciones del país para cumplir con los estándares internacionales y mitigar los riesgos de abuso del sistema financiero.

¿Qué son las personas expuestas políticamente?

Según el GAFI, una PEP es cualquier persona que ocupa o ha ocupado un cargo público destacado, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto incluye desde jefes de Estado hasta miembros de organismos internacionales. El tratamiento especial de estas personas se debe al riesgo potencial de que sus posiciones de poder sean utilizadas para actividades ilícitas.

Con la Resolución 192/2024, se detalla y amplía la clasificación de las PEP en Argentina, estableciendo cuatro categorías principales:

PEP extranjeras: Funcionarios públicos de otros países, como presidentes, ministros, legisladores, jueces de tribunales superiores, embajadores, militares de alto rango, y miembros de la dirección de empresas estatales o mixtas.

PEP nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires: Incluyen al presidente y vicepresidente de la Nación, legisladores, gobernadores, intendentes, miembros del Poder Judicial, embajadores, rectores de universidades nacionales, entre otros.

Otras PEP: Personas con roles de autoridad en partidos políticos, sindicatos, obras sociales y organizaciones privadas que gestionan fondos públicos.

PEP por parentesco o cercanía: Familiares directos o personas cercanas a las PEP, incluyendo cónyuges, convivientes, padres, hijos, hermanos y socios en negocios.

Nuevas exigencias para las entidades financieras y no financieras

Las instituciones obligadas a reportar a la UIF, como bancos, aseguradoras y escribanías, deberán cumplir con medidas más estrictas para identificar y gestionar los riesgos asociados a las PEP. Esto incluye solicitar declaraciones juradas al inicio de una relación contractual y actualizar esta información cuando se produzcan cambios en la condición de PEP de sus clientes.

La normativa establece que los sujetos obligados deben informar si los beneficiarios finales de los servicios ofrecidos también son PEP. Además, la declaración jurada puede realizarse tanto presencialmente como a través de medios digitales, siempre que quede evidencia documentada.

Una persona mantendrá su condición de PEP mientras ejerza su cargo y hasta dos años después de haberlo dejado. En el caso de familiares o allegados, la condición de PEP se extiende por el mismo período que el de la persona con quien tienen el vínculo.

Sin embargo, las personas pueden notificar a las entidades financieras el cese de su condición de PEP, detallando las razones. Esta información será evaluada por la entidad en cuestión para determinar su relevancia en los controles de riesgo.

Por qué es importante esta regulación

El fortalecimiento del control sobre las PEP forma parte de los esfuerzos de Argentina para prevenir el uso indebido del sistema financiero. El país es miembro del GAFI desde el año 2000 y, como tal, debe cumplir con las recomendaciones internacionales para evitar ser señalado como un territorio permisivo frente a delitos financieros.

La actualización regulatoria también responde a la revisión realizada por el GAFI en su cuarta ronda de evaluaciones, que recomendó profundizar el enfoque basado en riesgos y reforzar los controles sobre las PEP.