Usó la comida destinada a la asistencia social para alimentar chanchos

Telam

La ex secretaria de Desarrollo Social de Catamarca, Marta Torres de Mansilla, fue condenada a devolver al Estado 15 mil pesos, el valor de alimentos comprados para atender emergencias de la población que fueron destinados a criaderos de chanchos, con el argumento de que no eran aptos para el consumo humano, según un fallo del Tribunal de Cuentas conocido hoy.

En el mismo dictamen, fechado el 8 de este mes, el Tribunal condenó al ex director de Acción Social Directa, Marino Varela, por haberse encontrado en mayo y junio de 2008 comida apta para el consumo humano -que pertenecía a la entonces Secretaria de Desarrollo Social- en un criadero de chanchos en la localidad de Miraflores y en un depósito de Nueva Coneta.

El fallo unánime de organismo, que preside Mardonio Díaz Martínez e integran como vocales el ex diputado Hugo Argerich y Víctor Villarroel, condena de manera solidaria a Torres de Mansilla y a Varela a devolver 4.047,70 pesos, por el valor de la mercadería hallada en un criadero de cerdos propiedad de un empleado de esa Secretaria, oriundo de Miraflores.

En cuanto al depósito de Nueva Coneta, donde también había un criadero de chanchos y gran cantidad de alimentos que vencían entre setiembre de 2008 y noviembre de 2009, la decisión del Tribunal de Cuentas fue asimismo unánime respecto a la responsabilidad de la ex secretaria, quien deberá devolver la suma de 15.257,80 pesos, correspondientes al valor de la mercadería secuestrada.

Asimismo, por mayoría, el tribunal aplicó a Mansilla una sanción de 90 días de multa del haber del cargo que detentaba al momento de los hechos, que asciende a 9.017,88 pesos; mientras que para Varela la sanción es de 60 días de multa del haber del cargo, que equivale a 8.841,88 pesos.

Argerich fue muy duro en su fallo al sostener que el cargo económico queda totalmente desactualizado por el paso del tiempo, "tornándose irrisorio, ofensivo y lesivo de la credibilidad de la sociedad toda".

El Tribunal consideró acreditado el desvío de alimentos adquiridos por el Gobierno camarqueño para atender las necesidades alimenticias de vastos sectores de la sociedad. De acuerdo con la investigación, haber destinado esos productos a comida de los cerdos bajo el "supuesto o modalidad" de que se encontraban en mal estado o no aptos para consumo humano "constituye un aberrante latrocinio", no sólo contra el erario público "sino contra las necesidades más urgentes de ciudadanos carenciados".

Para Argerich, no se trata de simple bienes propiedad del Estado que han sido sustraídos en beneficio de particulares, sino que del "obsceno y bochornoso espectáculo brindado por quienes tenían la guarda, conservación y posterior entrega de alimentos adquiridos con fondos públicos, a sectores vulnerables de la sociedad".