Empleadas de Vicentin expusieron temor por sus puestos de trabajo

Invitadas por el Senado santafesino, empleadas de la planta industrial Avellaneda de Vicentin expresaron a senadores provinciales y a la vicegobernadora Gisela Scaglia, el "temor" por la suerte de la empresa y de los empleos, en el marco del concurso de acreedores cuya homologación depende de recursos en los que debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

"El miedo que tenemos es simple: la caja de Vicentin se está agotando. Nos están planteando recorte de sueldos y presentaron un Procedimiento Preventivo de Crisis. Vemos que la Corte no tiene tiempos y el temor es no llegar al final", explicó María del Mar Moschen, una de las administrativas de la planta de Avellaneda que expuso ante las autoridades.

Según detalló a El Litoral, hasta marzo las empresas que operan "a fasón" en las instalaciones de Vicentin, tienen contratos de trabajo. "Después no tenemos certezas de lo que pasaría con un cramdown", una instancia que sobreviene -según la ley de Quiebras- a una eventual homologación fallida del acuerdo de acreedores, para la cual no ha habido ofertas a fin de dar continuidad a la empresa y sus fuentes de trabajo, según señaló Moschen.

Cabe recordar que la Cámara de Reconquista homologó el acuerdo con los acreedores, pero que uno de ellos logró que la Corte tenga que expedirse ante un planteo de afectación de derechos constitucionales. El máximo tribunal debe decidir además si -sobre los bienes de la empresa concursada- prevalecen las causas penales que inhibieron su enajenación, o el expediente concursal que los dispone para venderlos y pagar a los acreedores.

"No podemos decirle a la Corte por dónde ir; el tema son los tiempos", explicó María del Mar, quien comentó que la planta de bioetanol incluso está incrementando su nivel de producción.

Declaración de senadores

A instancias de Orfilio Marcón, senador por General Obligado, la Cámara aprobó una declaración manifestando su "preocupación por la situación que atraviesa la firma Vicentín SAIC, ante la falta de resolución del Concurso Preventivo de Acreedores" iniciado en febrero de 2020, "por lo que aboga para que el mismo se resuelva a la brevedad" a fin de dar "certidumbre a los trabajadores, productores y acreedores, quienes hoy sienten un total desamparo".

En sus fundamentos, el proyecto de Marcón "traslada la preocupación de los empleados" de la empresa "ante la posibilidad de perder su fuente de trabajo. Son 1.100 empleos directos y 5.000 indirectos", aproximadamente". De ellos, hay unos 250 en la planta industrial del nodo norte, y otros 80 en la sede administrativa de Avellaneda.

El Senado sumó a eso "los cientos de productores y acreedores de diversos tamaños" que esperan cobrar parte de sus acreencias. "La homologación del concurso traería consigo un alivio a la situación antes expuesta y, a la vez, la provincia conservaría este de la sector economía estratégica para el desarrollo de la misma".

Marcón dijo que en recinto que "lamentablemente el tiempo sigue pasando; pasan los días, meses, años, y la ansiedad y la falta de un horizonte que permita mínimamente ver qué es lo que lo que depara el destino a una fábrica de nuestra región. Si hay motivos, nadie los conoce fidedignamente", expuso el legislador.

La vicegobernadora Gisela Scaglia participó de las reuniones con las empleadas que oficiaron de voceras de la situación. Desde su entorno se limitaron a señalar la legítima preocupación por el futuro de las fuentes laborales, más allá del hecho de que la resolución del caso es competencia de la Justicia.