El año de la impunidad ambiental: un millón de hectáreas quemadas y una ley pendiente

Por Hagar Blau Makaroff

El proyecto de la Ley de Humedales surgió en la Comisión de Recursos Naturales comandada por Leonardo Grosso, en 2020, año de las peores quemas en el sur argentino, Córdoba y el Litoral, como resultado de la unificación de más de 15 proyectos acercados al Congreso para regular los humedales en el territorio nacional. Y su importancia radica en que establecería presupuestos mínimos para promocionar los modos de producción sostenibles, la conservación y restauración de los humedales, que ocupan un 20 por ciento del territorio nacional, según la Convención Ramsar (tratado internacional para el cuidado de los humedales).

Incendio forestal en la zona de Rosario

El año próximo no podrá ser tratado este mismo proyecto por haber perdido su estado parlamentario. Sin embargo, la única puerta que se entreabre para que este proyecto vuelva a tratarse en 2022 sería que el presidente Alberto Fernández lo incluya en su llamado a Sesiones Extraordinarias, algo que todas las partes esperan de cara a enero. Y varios son los indicios de que esto suceda: el lunes 27 de diciembre pasado el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago, dijo saber que el proyecto se encuentra en carpeta para las Extraordinarias, y en sintonía, trascendidos indican que “Alberto habría dicho en una reunión reciente del Consejo Económico que la incluiría”.

Quemas de arranque marcaron el tono

El 2021 comenzó con quemas en las islas ya desde febrero, en un panorama demasiado igual al agudo ecocidio del 2020, algo que amainó luego con los meses. Luego en marzo, el proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay cuestionado por su mirada netamente productivista signó un año complicado en torno a la gestión de la biodiversidad.

En junio comenzó una bajante histórica que conllevó la muerte de miles de peces, y también se supo que un sobredragado del fondo del río (por parte de una empresa belga llamada Jan De Nul para paliar la bajante y permitir que el canal de vías navegables continúe funcionando), lo hacía sin estudios de impacto ambiental. Esto se logró frenar luego de una advertencia cursada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas al gobierno nacional.

Agosto fue un mes de mucho movimiento en torno al tema humedales: primero, con la sorpresiva invasión de carpinchos en condominios urbanizados del Nordelta de Tigre, producto justamente de la mano humana sobre el hábitat. Y la figura de este animal se plasmó en la agenda social como un modo de visibilización de los reclamos por la Ley de Humedales a nivel país.

También en agosto ocurrieron fuertes quemas en las islas entrerrianas, sobre todo frente a Villa Constitución, y fue entonces que se realizó a fines de aquel mes una gran travesía de kayaks desde Rosario hasta el Congreso Nacional en reclamo del tratamiento de la Ley de Humedales. A pesar del esfuerzo de miles de personas, la movida tuvo respuestas magras, y las reuniones de los ambientalistas con los legisladores dejaron de tener un eco verdadero.

Con el comienzo de noviembre, el ecologista César Massi advertía en diálogo con este medio que la Ley de Humedales iba a perder estado parlamentario, por tratarse de un proyecto con dictamen en noviembre de 2020 y cumplir el plazo de un año. Tras una extensión de sesiones ordinarias, el pasado 21 de diciembre finalmente se perdió, porque las tres comisiones a las cuales se giró el proyecto, no la trataron

“Otra opción era que se trate sobre tablas sin pasar por las comisiones, pero había tiempo hasta el jueves 16 de diciembre”, precisó a este medio el abogado ambientalista Lucas Micheloud. La pérdida del estado parlamentario del dictamen en la Comisión de Ambiente responde, según el abogado al “fuerte lobbie que ejercieron los sectores de agricultura, ganadería, minería y desarrolladores urbanos sobre los legisladores para que no trataran el proyecto. Era una oportunidad histórica pocas veces vista, al haberse unificado tantos proyectos en las dos cámaras en un fuerte consenso. Queda desde el Congreso Nacional una deuda pendiente”.

En este sentido, el letrado reflexionó que “el presidente debería no volver a foja cero para este proyecto de ley sino que se sirva del dictamen que ya salió de la Comisión de Agricultura, y evitar así giros innecesarios que dilaten la causa, como a mi parecer ocurre con la de Minería. En eso estamos trabajando los abogados ambientalistas con otros sectores”, aseguró.

El año de la impunidad

En los humedales no solo sucedieron las conocidas quemas de pastizales para el alimento del ganado. “A las quemas se le suman los terraplenes (se cortan cursos de agua y se secan lagunas), la sobrepesca no controlada, siembra transgénica prohibida, la caza furtiva de fauna silvestre, pescadores explotados por frigoríficos, desechos tóxicos que se tiran al río sin tratamiento, empresarios ganaderos usurpando tierras públicas, bajante, sequía y sobredragado del río. Y ya se conoció sobre la venta de terrenos protegidos en la Isla de los Mástiles desde empresas inmobiliarias”, enumeró el ambientalista de la Multisectorial Humedales, Ivo Peruggino.

Bajo su mirada, si el 2020 fue el año de la quema, “el 2021 fue el de la impunidad: las quemas cobran más visibilidad cuando llega a las grandes ciudades pero durante todo el ‘21 se siguió quemando”. Los ambientalistas calculan que se ha perdido por el fuego casi 40 por ciento del Delta del Paraná, pero “no hay cifras oficiales, y por eso le decimos el año de la impunidad. Si este año se quemó un poco menos que el año pasado es porque ya no tienen nada para quemar”, lanzó Peruggino contundente.

Según el activista de la MH -organismo que nuclea a cientos de organizaciones y que organizó la travesía en Kayaks al Congreso-, “hay impunidad no solo del empresariado agropecuario e inmobiliario, sino del Poder Judicial, que no imputa aún a nadie como responsable de este tremendo ecocidio. Y lo peor de todo es que hay impunidad en el Congreso al perder estado parlamentario por tercera vez”. De todas formas manifestó sentirse conforme sobre la conciencia social: “Empezamos siendo 50 ambientalistas cortando un puente, y terminamos con marchas de 5 a 10 mil personas. Realmente hay consenso sobre esta ley, porque es notorio que el humedal es tierra de nadie. Mejor dicho, tierra de unos pocos vivos que hacen lo que quieren porque el Estado no regula. Necesitamos un 2022 con el doble de gente en la calle exigiendo una protección para los humedales”, finalizó.

Desde Taller Ecologista, Laura Prol recordó que “ese tercer intento de sanción y al calor de los grandes incendios, y el año venía activo con reuniones de trabajo y sesiones informativas en el Congreso, y luego se paralizó, la cajonearon. Ni reuniones, la gran movilización ciudadana en todo el país y cartas al presidente de 380 organizaciones, tuvieron respuesta por parte de los legisladores y legisladoras. Entonces estamos pidiendo que el presidente la incluya el temario en las sesiones extraordinarias”. Y en un último intento para ser escuchadas, a pocos días de la Nochebuena las organizaciones ambientalistas del país realizaron sus últimas manifestaciones frente al Congreso y un tuitazo para reclamar el tratamiento de la Ley de Humedales en Extraordinarias.

Hectáreas quemadas y la “pamperización”

César Massi es activista de la Red Nacional de Humedales y de Los Bajos Submeridionales, y como especialista en la biodiversidad relató que este año “fue un panorama de sequías, río bajo, quemas y continuidad en la degradación de los humedales”. En su opinión, “vamos para un tercer año consecutivo, por el pronóstico de La Niña, ya que este año es un poco más húmedo que el año pasado, el pasto está creciendo bien y probablemente, si el año que viene hay sequías y el río bajo, tendremos otra temporada de incendios severos. Y ahí se sumarán tres años seguidos de quemas, y este humedal se parecerá más al sur de Buenos Aires, de pasto cortito y vacas, un daño que va a costar recuperar. Lo que llaman pamperización”, adelantó.

Según indicó, “en 2021 hubo más quemas en los primeros meses, pero luego fueron menos intensas, entonces se quemó como la mitad de lo quemado en 2020 en la zona Piecas, que es donde más mira la población porque es donde más ejido urbano hay. Pero hacia arriba se ha quemado también, en Jaukanigaas en la zona cercana a Santa Fe y San Javier, y en los bajos submeridionales. En 2020 fueron arrasadas unas 600 mil hectáreas, y este año, unas 300 mil”, indicó, en sintonía con los números que maneja la Multisectorial.

Ante este panorama adelantó sobre la agenda del 2022, si no se trata en Extraordinarias, que van a volver “a impulsar esta la ley nuevamente porque está haciendo falta: está habiendo demasiada hacienda en la isla, el río sigue en bajante, hay más siembras, y es necesario evitar este colapso”.