La Cámara ratificó la condena contra el dueño de Grupo Álamo Viviendas por estafas en Firmat

El juez de la Cámara de Apelaciones, Juan Pablo Lavini Rosset, ratificó la condena a dos años de prisión contra Lucas Fabricio Gómez, propietario de Grupo Alamo Viviendas.

Al ser encontrado responsable de dos hechos de estafa cometidos contra vecinos de la ciudad de Firmat, quienes abonaron una cifra importante de dinero para acceder al “sueño de la casa propia” y solamente les construyeron las plateas.

Fallo de Cámara

El magistrado consideró que los fundamentos esgrimidos por el tribunal de primera instancia el 13 de junio de 2025 eran “razonables”, en consecuencia, no advirtió “motivos para modificar la decisión”. Por lo tanto, confirmó la sentencia contra el acusado, sosteniendo que su ejecución es condicional, con lo cual continuará en estado de libertad bajo reglas de conducta.

Lavini Rosset coincide en que “el accionar del imputado causó un grave perjuicio económico a una pareja joven y de una mujer comerciante, frustrando sus ilusiones de tener Ia casa propia y generando que tengan que seguir alquilando”.

A esto debe sumarse que “Gómez asumió una actitud poco empática, respuestas esquivas y negociaciones frustradas, causando una mayor afectación emocional en las víctimas”, agrega el magistrado.

El empresario no quedará tras las rejas porque el magistrado considera que “es una persona que no cuenta con antecedentes penales, tiene una familia estable con hijos menores de edad a su cargo; razones éstas que desaconsejan una prisionización efectiva”.

En tanto, las víctimas mostraron su malestar con esta decisión y más aún porque no lograron un resarcimiento económico debido a que el sentenciado se declaró insolvente.

Lucas Fabricio Gómez deberá cumplir las siguientes reglas de conductas: constituir domicilio y someterse al patronato de liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas en exceso; abstenerse de tener armas de fuego o portar armas de cualquier tipo y realizar 120 horas de trabajos comunitarios en una institución de bien público.

Historia del caso

El primer hecho que se conoció mediáticamente tras una publicación de El Litoral, donde Jerónimo y Candela, una joven pareja damnificada, dieron detalles de lo padecido.

El 23 de diciembre de 2021 firmaron un contrato con la empresa para adquirir una “pre fabricada” haciendo una primera entrega de 500.000 pesos.

El 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 más, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega fue de 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo de 2022, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda.

En ese momento el responsable de la firma comercial contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

Candela y Jerónimo no obtuvieron respuestas tras reiterados intentos. Finalmente, decidieron radicar formalmente la denuncia.

Segunda denuncia

El segundo caso se trata de una mujer (María Florencia R.), también oriunda de Firmat, que firmó el contrato el 1 de octubre de 2021 para la construcción de una vivienda tradicional de 95 m2 en un terreno ubicado en calle Luis Agote entre Maiztegui y Carlota Joubin, acordando la entrega de un anticipo de 3.420.000.

Al mismo tiempo le exigieron en concepto de seña 1.741.500 pesos, que fueron cancelados con una camioneta Nissan Frontier y 4.500 dólares. Posteriormente debía abonar 48 cuotas consecutivas, con una tasa del 25% anual, de 43.724 pesos

A fines de enero de 2022 desde la empresa procedieron a construir la platea, pero pasaron los días y no hubo avances en la obra. Cansada de la situación decidió radicar la denuncia penal.