Se activó un nuevo protocolo para detectar trata de personas en pasos fronterizos

La trata de personas es uno de los delitos más complejos y extendidos a nivel mundial, y Argentina no es la excepción.

Para combatirlo de manera más eficaz, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones aprobaron un nuevo Protocolo para la Detección Temprana de Situaciones de Trata de Personas en Pasos Fronterizos, que actualiza y reemplaza el que estaba vigente desde 2012.

La medida busca modernizar las herramientas de control, unificar criterios de actuación y mejorar la coordinación entre organismos, en un contexto en el que las modalidades de este delito han evolucionado y se han vuelto más sofisticadas.

Nuevo marco

El protocolo anterior, aprobado hace trece años, ya no respondía a las realidades actuales de la trata de personas.

Desde su implementación, este delito ha modificado sus dinámicas, escalas y rutas, consolidándose como un negocio criminal transnacional que opera dentro y fuera de las fronteras argentinas. Según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2024), la trata de personas sigue siendo una preocupación prioritaria para los países de la región.

El nuevo documento establece procedimientos actualizados para la identificación temprana de posibles víctimas y tratantes en los puntos de control migratorio, ya sea en las etapas de captación, traslado o explotación. También contempla acciones para los casos en que las personas ya han sido víctimas y están siendo movidas para continuar con la explotación en otro lugar.

La medida tiene carácter obligatorio para todas las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que actúen como Policía Migratoria Auxiliar —Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria— y para los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones.

Capacitación, coordinación y seguimiento permanente

Uno de los objetivos centrales del nuevo protocolo es dotar al personal que trabaja en los pasos fronterizos de herramientas actualizadas y criterios unificados para actuar de manera rápida y eficiente ante posibles casos de trata.

La elaboración del documento fue fruto de un trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual del Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones, la Organización Internacional para las Migraciones (a través del Programa EUROFRONT) y distintas áreas específicas de las fuerzas de seguridad.

También participaron el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y organismos dedicados al control de fronteras y la cooperación internacional.

El protocolo incluye un anexo reservado que contiene procedimientos específicos de actuación. Este anexo no se hará público por motivos de seguridad operativa, pero será clave para guiar la labor de los agentes en el terreno.

Para garantizar su correcta implementación, se dispuso que el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones conformen mesas de trabajo de monitoreo e implementación. Estas instancias servirán para evaluar la efectividad del protocolo, proponer actualizaciones periódicas y reforzar su difusión entre el personal.

Una política de Estado contra la trata de personas

La prevención de la trata y la asistencia a las víctimas son políticas de Estado en Argentina desde la sanción de la Ley N° 26.364 en 2008 y su reforma en 2012 (Ley N° 26.842). Esta legislación incorporó el delito al Código Penal y estableció medidas para prevenirlo, sancionarlo y asistir a quienes lo sufren.

Los pasos fronterizos son puntos estratégicos para detectar el delito. Allí pueden identificarse personas que están siendo trasladadas para ser explotadas o que ya sufrieron explotación y están siendo movidas para continuar en la misma situación.

La detección temprana en estos lugares no solo permite rescatar víctimas, sino también obtener información clave para desarticular redes criminales.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane, firmaron la resolución conjunta que aprueba el nuevo protocolo.

La norma entró en vigencia el 14 de agosto de 2025, tras su publicación en el Boletín Oficial, y no implica erogación presupuestaria adicional, ya que se implementará con los recursos humanos y materiales existentes.