Allanaron la oficina del ex director de Control y Asistencia Pos-Penitenciaria

El juez Sergio Carraro y la fiscal Elena Perticará estuvieron al frente del procedimiento realizado en el edificio de calle 4 de Enero 3633. Foto: Mauricio Garín

Juliano Salierno jsalierno@ellitoral.com La detención la semana pasada del entonces director general de Control y Asistencia Pos-Penitenciaria, Martín Alejandro Romano, derivó hoy en el allanamiento de su despacho en el edificio de calle 4 de Enero 3633. La oficina había sido clausurada el viernes por la tarde, luego de que Romano y un amigo llamado Gabriel Galván, fueran detenidos en el barrio Mariano Comas, acusados de asaltar una panadería del centro. Ambos fueron indagados ayer por el juez de Instrucción Sexta, Sergio Carraro, quien les atribuyó el delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego” en calidad de autor a Galván y partícipe principal a Romano. Ambos habrían reconocido parcialmente el hecho que se les atribuye, aunque en el caso de Romano, la defensa sostuvo que no sabía de las intenciones de su acompañante. Sin embargo, en el primer allanamiento realizado en el departamento de 9 de Julio al 3400, donde vivía el ex funcionario, la policía secuestró el viernes vainas servidas y municiones que coinciden con el calibre del arma que estaba en poder de los asaltantes. Además, se incautaron agendas, documentación propia del ámbito laboral y cuatro chips de teléfonos celulares que están siendo analizados. Irregularidades En cuanto a la medida judicial realizada hoy, una comisión partió desde Tribunales rumbo al edificio público de calle 4 de Enero 3633, donde los investigadores encontraron numerosas “irregularidades administrativas”. Si bien a primera vista no surge del allanamiento prueba fehaciente de nuevas conductas delictivas, llamó la atención a los presentes el hallazgo de “documentos sueltos” y “legajos que no existen”, por ejemplo. El procedimiento judicial comenzó esta mañana y duró aproximadamente dos horas, en las que el juez Carraro, junto con el secretario penal, Marcelo Fontana y la fiscal Nº 5, Elena Perticará, supervisaron la tarea de los peritos. El edificio donde funciona la Dirección de Asistencia Pos-Penitenciaria estaba en plena actividad cuando comenzó el allanamiento, por lo que los funcionarios judiciales aprovecharon para pedir referencias sobre el encargado del lugar. Que “no va nunca” o directamente “iba a firmar”, son algunos de los comentarios recogidos acerca del máximo responsable. Legajo personal También fue secuestrado su legajo personal, del cual “no se desprende que estuviera enfermo”. Si bien existen “dos partes médicos” que refieren a la asistencia a una clínica de rehabilitación. Consultado sobre su lugar de asiento en Rosario, puesto que su rol implica el control de los presos de toda la provincia, fuentes del lugar confirmaron que Romano no tenía oficina en esa ciudad para los trámites administrativos. Mientras tanto, los dos imputados continúan detenidos, a disposición del juez de la causa, que se encuentra abocado a resolver su situación procesal por el caso en el que fueron indagados. No obstante, no se descarta que en breve se amplíen las declaraciones indagatorias por nuevos hechos.

Adicción y enfermedad

El abogado Romeo Díaz Duarte, hoy a cargo de la defensa de Martín Romano, sostiene que el ex funcionario cuenta con un severo “trastorno de la personalidad”. Sin decirlo directamente, el abogado hace alusión a un problema de adicción a la cocaína que llevó a su cliente a traspasar todos los límites. No obstante aclara que “esta defensa en ningún momento habla de inimputabilidad”, contra las versiones de que estaría buscando un atajo para desafectarlo de la causa. Díaz Duarte insiste en que “estamos hablando de un muchacho que tiene un trastorno en la personalidad” y niega toda autoría respecto al delito. Según su abogado, Romano dijo en la indagatoria que llevó una persona que había conocido en un trajín de dos días de excesos sin parar y que le pidió que se detuviera en un quiosco para comprar un Gatorade. “Fuera de eso él no estuvo en ningún momento en el hecho en sí”, dijo la defensa. Por otra parte, existirían informes psiquiátricos de 2011 en los que ya se habla de tratamientos “a puerta cerrada”, por lo que no se entiende cómo dos años más tarde el muchacho que debía ser asistido clínicamente continuaba al frente de una repartición con semejantes responsabilidades.