Imputada en Reconquista por amenazar a testigos para favorecer a policías detenidos

En la mañana de este martes en la sala N° 2 de los Tribunales de Reconquista fue imputada A.S.L. del barrio Cooperación Norte de Avellaneda. Se le imputaron los delitos de amenazas coactivas, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad. Cabe mencionar que se trata de la continuación de la investigación de la causa por filtrar información de un allanamiento por narcotráfico realizado en Avellaneda, donde permanecen en prisión preventiva los uniformados Ariel Sena y Stefania Oviedo.

El fiscal Dr. Sebastián Galleano pidió la prisión preventiva dado que se continúa con distintas medidas, como por ejemplo realizar pericias a un total de ocho celulares secuestrados en los allanamientos. Además, se basó en el entorpecimiento probatorio. La defensa a cargo de la Dra. Gimena Galbucera ofreció la libertad con restricciones y la guarda de un familiar directo más reglas de conducta. El juez Dr. Mauricio Martelossi dispuso que mujer quede en prisión preventiva

Argumentos

El fiscal Sebastián Galleano confirmó en una entrevista concedida a nuestro medio que la persona fue imputada por dos hechos de amenazas coactivas y encubrimiento, en la modalidad de favorecimiento personal, además de resistencia a la autoridad. La investigación apunta a determinar si esta persona habría amenazado y presionado a distintos testigos para que modificaran sus declaraciones y favorecieran la situación procesal de los policías de la PDI Estefanía Evelyn Oviedo y Ariel Sena, detenidos en el marco de la causa por la filtración de información sobre allanamientos vinculados a una investigación por narcotráfico.

La mujer imputada había sido detenida el sábado por la noche, luego de que la Fiscalía recibiera información sobre una serie de maniobras destinadas a influir sobre testigos que debían declarar en la causa. «Esta persona estaría coaccionando diferentes testigos o diferentes personas del barrio para mandarlos a declarar en sentido contrario a la denunciante», explicó Galleano, quien señaló que, a partir de esa información, la Fiscalía convocó a distintos testigos y comenzó a reunir elementos para acreditar las amenazas.

La investigación permitió establecer, según el fiscal, el uso de determinadas líneas telefónicas y también encuentros personales en los que se habrían producido las amenazas. Los testigos habrían recibido instrucciones concretas sobre qué debían declarar para restarle credibilidad a la denuncia original.

Entre las amenazas investigadas aparece el caso de la expareja de la persona imputada, a quien presuntamente se le habría advertido que podían utilizar en su contra restricciones de acercamiento existentes en expedientes de familia para provocar su detención. También se lo habría amenazado con denunciarlo por una supuesta comercialización de estupefacientes.

Otra de las personas que habría sido víctima de las presiones es una mujer que trabaja como costurera y que, según comentó Galleano, no tendría ninguna relación con el conflicto ni con la investigación. La mujer habría manifestado que la presión era permanente y que incluso llegó a evaluar presentarse ante la Fiscalía para declarar aquello que le exigían con el objetivo de dejar de ser amenazada.

Tres hechos imputados

Galeano mencionó que la imputación comprende dos hechos en concurso real de amenazas coactivas y encubrimiento, bajo la modalidad de favorecimiento personal, debido a que las amenazas tenían como finalidad mejorar la situación procesal de Oviedo y Sena. «Todas estas amenazas estaban dirigidas a mejorar la situación procesal tanto de Estefanía Evelyn Oviedo como de Ariel Sena», sostuvo el fiscal.

A estos hechos se sumó una tercera imputación por resistencia a la autoridad, vinculada con el momento de la detención. Según el fiscal actuante, cuando el personal policial fue a detener a la persona investigada, esta habría opuesto resistencia activa, se habría ocultado en distintos sectores del domicilio y habría escondido su teléfono celular. Ante esta situación, fue necesario solicitar una orden de allanamiento para completar el procedimiento.

El fiscal destacó en este punto el trabajo realizado por el personal de Asuntos Internos de la Provincia de Santa Fe, que acompañó la ejecución de las medidas.

Intentó ocultar el teléfono

Uno de los elementos que la Fiscalía considera relevantes es el teléfono celular que habría sido utilizado para realizar parte de las amenazas. Galleano indicó que inicialmente se dificultó su secuestro porque, al momento de la detención, la persona lo habría escondido dentro de su domicilio. Posteriormente habría manifestado que el teléfono estaba perdido desde hacía aproximadamente dos meses. Sin embargo, esa versión fue cuestionada por la investigación. «Uno de los testigos había declarado que la habían amenazado incluso hasta 15 días antes de que se presente a declarar a Fiscalía», advirtió Galleano.

Además, mientras la persona se encontraba oculta durante el procedimiento, desde ese mismo teléfono habría salido un mensaje de WhatsApp dirigido nuevamente a los testigos. Finalmente, mediante la orden de allanamiento se logró secuestrar el dispositivo y otros teléfonos que podrían haber sido utilizados para concretar las maniobras. Todos los aparatos serán enviados a peritos de Santa Fe capital para realizar las correspondientes pericias. La Fiscalía buscará determinar el alcance de las amenazas, identificar a otras posibles víctimas y establecer si existieron más personas involucradas.

La Fiscalía pidió prisión preventiva

Durante la audiencia cautelar, Galleano solicitó la prisión preventiva de la persona imputada. El pedido, según reveló, se fundamenta no solamente en la gravedad de los delitos investigados, sino también en la «gravedad institucional» que tiene la causa. El fiscal recordó que la investigación original derivó en la detención preventiva de dos efectivos de la PDI y estuvo relacionada con la filtración de información que frustró un operativo contra el narcotráfico.

En ese procedimiento estaba previsto realizar allanamientos en conjunto con la Unidad Especializada en Microtráfico sobre 18 objetivos, pero los operativos se vieron frustrados a raíz de la filtración de información. Para Galleano, el intento de influir sobre los testigos representa una nueva maniobra destinada a afectar el avance de una investigación de extrema gravedad. «Era clarísimo que la finalidad era favorecer a los policías investigados», afirmó.

La investigación sigue abierta

El fiscal Sebastián Galleano remarcó que la investigación recién comienza y que las pericias a los teléfonos podrían generar nuevas líneas investigativas. «Es una investigación incipiente que recién arranca», señaló, y explicó que las medidas fueron desplegadas rápidamente durante el sábado y domingo posteriores a la recepción de la información.

El objetivo ahora es determinar hasta dónde llegó la maniobra, qué otras personas pudieron haber sido amenazadas y si existen otros involucrados.

Galleano también destacó el apoyo de la jefatura de la Unidad Especializada de Microtráfico y de la fiscal regional Georgina Díaz, quienes, según indicó, pusieron los recursos necesarios a disposición para avanzar con rapidez en la investigación.