El ex ministro Sain quiso comprar armas para Santa Fe a "una empresa totalmente fantasma"

Este jueves por la mañana comenzó la audiencia preliminar que tiene como principal implicado al ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Fabián Sain (59), por el intento de beneficiar con una licitación millonaria a una empresa proveedora de armamento para la Policía provincial.

La citación para las 8 de la mañana en el subsuelo de los tribunales santafesinos, hacía pensar que la actividad iba a prolongarse por varias horas. Sin embargo, el juez penal José Luis García Troiano dispuso un cuarto intermedio de dos semanas, ante una serie de planteos formulados por las defensas.

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), estuvieron presentes los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Matías Broggi y Ezequiel Hernández; junto con las abogadas Paola Landa y Valeria Nittoli y el fiscal de Estado adjunto, Leandro Mega, quienes actúan como querellantes por la provincia.

Defraudación pública

Participaron por Zoom los imputados Marcelo Fabián Sain (59); el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (57); el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas (53) y el ex jefe del Departamento D4 (Logística) de la policía, Marcelo Correa (51).

Los cuatro están imputados por “negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública” en carácter de coautores los tres primeros y partícipe necesario el cuarto.

Y para la ocasión, contaron con la asistencia técnica de sus abogados Hernán Augusto Martínez, Ulises Bianchi y Diego González, quienes señalaron al juez no haber podido acceder previamente a cierta evidencia. En tal sentido, el Dr.García Troiano concedió la prórroga para que la parte se imponga del legajo fiscal, de modo tal de ejercer una eficaz defensa.

Es decir que 30 minutos bastaron para que lo que pretendía ser una audiencia de largo aliento fuera prorrogada hasta nuevo aviso, de seguro para ser reagendada en 2026.

Rueda de prensa

Tras ello, los fiscales Hernández y Broggi, ofrecieron una rueda de prensa en el hall de tribunales, en la cual explicaron a los medios el estado actual de la causa que además de las cuatro personas físicas tiene en la mira el accionar de la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL -como persona jurídica-, que era representante en Argentina de la marca israelí de armamento IWI.

La denominada causa “armas” del fuero penal local “investiga delitos cometidos en el marco de un proceso licitatorio para la compra de diversos suministros armamentísticos para el personal policial de la provincia” de Santa Fe, introdujo el fiscal Broggi.

Puntualmente hizo referencia a 12.000 pistolas 9 mm Jericho, 260 fusiles Tavor X95 y Uzi Pro y 12 rifles de francotirador, los cuales formaron parte de un pliego licitatorio cuyo armado se comenzó a pergeñar en 2020 y tenía un presupuesto de más de 17 millones de dólares.

A propósito de ello, el fiscal Hernández confirmó que “el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe (Marcelo Sain) es uno de los acusados, a quien se ha pedido 5 años de prisión”. Lo siguen Montenegro y Novas con 4 años y Correa con pena estimada en 3 años condicional.

Direccionamiento abusivo

“Lo que nosotros hemos logrado demostrar hasta ahora es que se ha direccionado una licitación para la compra de armas para la Policía de la provincia, de manera tal de beneficiar a una empresa determinada, que es Emprendimiento Grupo Patagónico SRL”, apuntó el Dr. Hernández.

Como es una rareza en el mundo penal, el representante del MPA explicó que la empresa como persona jurídica “también fue imputada y acusada” y actualmente “se encuentra rebelde”, dado que “no ha concurrido ningún representante a las últimas audiencias”.

El fiscal describió como “abusivo” el “direccionamiento” hacia la firma mencionada, colocando requisitos “de manera tal que solo esa empresa pudiera ofrecerlos”.

Además, destacó el hallazgo de “comunicaciones entre algunos de los imputados y el titular de la empresa (luego fallecido) en las que se ponían de acuerdo en alguno de los términos del pliego”, y que “según la información obtenida del documento mediante pericias, se logró determinar que habían sido redactados por el propio empresario”.

En síntesis, el fiscal Hernández reiteró que “la prueba con la que contamos es mucha y contundente y confiamos en poder presentarla prontamente en juicio”. Luego se refirió a los montos del fraude, que oscilan entre 2 y 8 millones de dólares, sólo en el rubro pistolas y en función de los parámetros utilizados para el análisis.

“Empresa fantasma”

Consultado acerca del rol de la firma investigada, el fiscal Hernández la describió como “una empresa totalmente fantasma”.

“Uno de los elementos que la fiscalía tiene como evidencia de la ilegalidad de este contrato, es que estamos hablando de una empresa que no tiene sede, ni oficinas, ni empleados” y que al momento de abrirse la licitación “ni siquiera se encontraba inscripta como proveedor del Estado provincial”.

“Es una empresa totalmente fantasma. Y lamentablemente las citaciones de OGJ (Oficina de Gestión Judicial) llegan a un domicilio en el que no hay ya representantes de la empresa” y ante ARCA “ya no figura ningún empleado”.

Para dimensionar el carácter ilegal de la maniobra el fiscal de Complejos, destacó que “esta empresa fantasma termina por desaparecer a partir de esta investigación”.