Balangione: "Estamos buscando una solución"

El conflicto por los lugares de alojamiento para presos en Santa Fe y aledaños no es una novedad para nadie. Quedó a las claras en la esfera pública luego de las últimas fugas de la zona norte y de Santo Tomé. Y lo mismo sucede en las cárceles, donde a pesar de la pandemia la superpoblación continua a la orden del día.

Al respecto, la Defensora General de la provincia, Jaquelina Balangione, fue clara al reafirmar la tesis del Ministerio de Seguridad, de que “las comisarías no están para albergar presos” sino para “actuar en los barrios”. Y si bien reconoció que “es un problema que los ministerios de Seguridad y de Gobierno debe resolver” es precisamente éste último “quien debe administrar” la situación.

“Nosotros, desde la Defensoría General y las Regionales tenemos un hábeas corpus en marcha por el tema de las comisarías de toda la provincia” donde si bien la problemática es similar “se intensifica más en esta zona”, sostuvo la Dra. Balangione.

A modo de comparación, explicó que “en Rosario los detenidos van a un lugar que depende del Servicio Penitenciario, no de la policía, y van las personas recién aprendidas, hasta que se define su situación procesal, si van a una cárcel o recuperan la libertad”. En ese sentido, refirió que “es como una alcaidía con aspecto de penal, pero sin todo lo que tiene un penal” y asimismo destacó que no es un contexto ideal, ya que “tiene una capacidad para 115 y tiene 160 alojados”.

“En cuanto a la problemática de Santa Fe, estamos buscando una solución. La idea no es echar culpas, pero estamos detectando una situación de hacinamiento muy marcada. Y a partir del hábeas corpus la situación no cambió”, lamentó la jefa de los defensores públicos de la provincia.

Para abundar en detalle, Balangione hizo mención al último informe del Registro de Violencia Institucional del 4 de agosto, que fue la última inspección sorpresiva en todas las comisarías y “detectamos hacinamiento extremo, por ejemplo, el doble de capacidad y más. En un caso había 41 personas en un lugar con camas para 12”, graficó.

La Defensora Regional destacó el criterio del Ministerio de Seguridad, el cual es “muy claro y lo comparto”, dijo. Sain “entiende que las comisarías no están para albergar presos, están para otra cosa y estamos totalmente de acuerdo con la problemática que genera albergar a personas privada de la libertad”, cuando además “hemos detectado personas condenadas y presos federales en comisaría”. Por eso “el Ministerio de Seguridad declaró la emergencia de las comisarías (en marzo) y el ministro dijo que no iba a recibir más presos. Pero eso no se puede manejar, porque cuando los jueces dejan preso a alguien a algún lado hay que mandarlo y las cárceles tampoco tienen lugar. Es la teoría de las sábana corta”.

En definitiva, para la Defensora “es un problema que los ministerios de Seguridad y de Gobierno debe resolver”, más allá de que “como mediadores tratamos de llegar a una composición y lograr que se comprometan a presentar un programa para que esto se vaya poniendo en orden. El Estado tendrá que invertir en penales, porque esto así no va más”, remató.