Buscarán huellas de Maxi Sosa en los registros de todo el país

El 15 de diciembre de 2015, Daniela Ángela Sosa llevó a su hijo “Maxi”, de tres años, a la casa de su madre. Se sentía mal y la abuela del pequeño, Patricia Daniela Sayago, le había ofrecido ayuda. Desde ese día nunca más volvió a ver al pequeño, en un caso que estremece desde entonces a toda la provincia de Santa Fe. Rápidamente, corrió el rumor de que la propia abuela había entregado al menor de edad a una red de trata. Con el paso de los días, la justicia logró reunir pruebas que orientaron la investigación en ese sentido y que derivaron en la detención de Sayago, su pareja y -años después- otro sujeto.

Desde un primer momento, se realizaron numerosas medidas para tratar de encontrar a Maximiliano Javier Sosa, que hoy tendría siete años. Días atrás, el caso pasó a manos del fiscal federal Jorge Gustavo Onel, quien inmediatamente solicitó nuevas “diligencias probatorias” para dar nuevo impuso a la búsqueda y a la causa. Este viernes, el juez Reinaldo Rodríguez hizo lugar a todos los pedidos del funcionario del Ministerio Público Fiscal.

En consecuencia, los investigadores le requerirán al Registro de las Personas de la Provincia de Santa Fe la planilla inicial de la víctima, de donde se extraerán sus huellas dactilares.

Las impresiones se cotejarán con las bases de datos de las morgues provinciales de toda la región y también serán remitidas a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional (ubicada en el edificio Centinela, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Este organismo cuenta con el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS, por su sigla en idioma inglés).

A través de este programa, las huellas de Maxi se podrán buscar en los registros de todas las personas humanas identificadas en el territorio argentino y en la Dirección Nacional de Migraciones.

Previamente y para evitar la dilapidación de recursos, se solicitará a todos los registros que informen sobre inscripciones tardías de varones realizadas en los últimos años.

“Las diligencias indicadas se encuentran orientadas a determinar si eventualmente, con posterioridad al hecho de la causa, Maximiliano Javier Sosa fue inscripto bajo una identidad supuesta, o bien si fue llevado fuera de la jurisdicción nacional o si, lamentablemente, se constató oficialmente su fallecimiento”, explicó Onel.

Finalmente, también se requerirá a empresas de telefonía celular información sobre determinadas líneas con las que familiares de Maxi mantuvieron gran cantidad de llamadas en los días posteriores a la desaparición del niño. El fiscal quiere saber quiénes son los titulares de esos números y en dónde se encontraban en el momento de las comunicaciones.

Procesados

La causa tiene tres procesados con prisión preventiva: Patricia Daniela Sayago (abuela de Maxi), Ariel Reinaldo Malagueño (pareja de la mujer) y Pablo Américo Pinedo. Los dos primeros están acusados de sustracción de menor de 10 años y trata de personas agravados. El último sería partícipe primario. La situación de todos ellos no está firme y en estos momentos es revisada por la Cámara.