Juliano Salierno
jsalierno@ellitoral.com
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe aceptó al acuerdo mediante el cual se impuso pena de 4 años y 3 meses de prisión para Ernesto Adrián Aquino, actualmente preso en Formosa.

Juliano Salierno
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“Privilegiamos como elemento de prueba contundente el testimonio” de la víctima, señala el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en el considerando del fallo por el cual resultó condenado Ernesto Adrián Aquino, por el delito de trata de personas.
“Se ha probado la captación y el traslado con fines de explotación sexual, mediando engaño y abuso de situación de vulnerabilidad de la víctima, agravado por tratarse de persona conviviente”, ahondaron los jueces María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cello.
El acuerdo alcanzado por el fiscal general Martín Suárez Faisal y el defensor público oficial Martín Gesino, implica una condena de cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo para Aquino, a cuya ex pareja y madre de dos hijos en común, entregó a tres proxenetas que la explotaron sexualmente en la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba.
El caso tuvo gran impacto tiempo atrás, cuando la mujer denunció lo ocurrido ante Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Vera, y eso derivó en una investigación impulsada por el juez Federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde.
Falsa promesa
Los hechos se remontan a 2012, cuando la pareja atravesaba momentos de crisis. El 25 de octubre de ese año decidieron separarse, pero días después él la llamó para decirle que iba a cambiar y le propuso un trato. Entonces Aquino le prometió que para recomponer su relación se mudarían a la ciudad de Río Cuarto -en Córdoba- donde él trabajaría de albañil y vivirían en la casa de unos familiares.
Ella aceptó y una madrugada se subió a un micro de la empresa El Norte junto con Aquino y el menor de sus hijos, para viajar de Vera a Santa Fe, donde hicieron transbordo con un colectivo de la empresa Flecha Bus con destino a Córdoba.
Pero lejos de cumplir con su promesa, Aquino interrumpió el viaje en Villa María, donde entregó a la mujer a manos de tres proxenetas que la explotaron durante dos semanas completas.
El regreso
Para el tribunal “se encuentra probado que a principios de noviembre de 2012 Aquino traslada a su pareja desde la ciudad de Vera a Villa María y la entrega a tres personas -una mujer llamada Fátima y dos hombres llamados Carlos y Pati- que la esperaban en una vivienda ubicada en la avenida intendente Maciel, a fin de que sea explotada sexualmente”.
También se acreditó que “la mujer es obligada a ejercer la prostitución, encerrada en una habitación la mayor parte del día, manteniéndose su cautiverio durante dos semanas aproximadamente, y recibiendo incluso amenazas de Aquino vía telefónica para que no se niegue a mantener las relaciones sexuales”.
Al cabo de dos semanas, sus captores sacan un boleto de micro y la mandan de vuelta a Vera, pero ella bajó del micro en Margarita en busca de refugio en la casa de su madre.
Acompañada por los profesionales del CAJ la mujer ratificó la denuncia en los tribunales de Reconquista y solicitó la restitución de su hijo de 1 año que había quedado con su padre y era utilizado para presionarla.
Captura y fuga
El juez Alurralde solicitó la detención de Aquino de manera inmediata, pero hubo que esperar hasta el 17 de diciembre para apresarlo porque por la reacción de familiares y vecinos que agredieron al personal de la Policía Federal permitió la fuga del reo por algunos días.
El 25 de febrero de 2013 Alurralde procesó a Aquino como presunto autor del delito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado por ser persona conviviente” -art. 145 bis inc. 1 del C. Penal, según ley 26.364-.
El 1º de abril de 2014 el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum -actualmente fiscal de la causa Amia- formuló requerimiento de elevación a juicio y dos semanas después se ordena la clausura de la instrucción y elevación a juicio de la causa.
La audiencia de conocimiento de visu, con la presencia del fiscal general, el imputado y el defensor público oficial se realizó el 23 de abril de 2015 y el 28 del mismo mes el tribunal aceptó la condena convenida.




