"Contrato sicarios para tirar tiros a jueces", dijo Ariel "Guille" Cantero

Por Carlos Retamal

Desde el penal federal de Marcos Paz, desde donde seguirá el juicio oral, Ariel Máximo ‘Guille’ Cantero, líder de la banda Los Monos, sorprendió a los jueces a poco de comenzar el juicio oral y público por una serie de ataques a balazos a funcionarios y edificios judiciales cometidos en 2018.

El juicio comenzó con casi una hora de retraso y a poco de comenzado, unas palabras retumbaron en el recinto, sorprendiendo a propios y extraños. Cuando la jueza Hebe Marcogliese (quien preside el Tribunal), le preguntó sus datos de identidad, cumpliendo con las formalidades de inicio de cualquier debate, Cantero fue respondiendo en forma escueta. Dijo tener 32 años, haber cursado hasta el primer año de la secundaria y tener oficios “varios”. Y cuando la jueza le dijo si podía mencionar alguno, con un dejo de impunidad y algo de sarcasmo, dijo: «Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces judiciales».

Sus palabras –dichas desde el penal federal de Marcos Paz, desde donde seguirá el proceso de manera virtual– causaron algo de asombro, pero no sorprendieron a la mayoría de los funcionarios judiciales presentes en la sala del segundo piso del Centro de Justicia Penal.

Marcogliese, junto sus pares Rafael Coria y Pablo Pinto siguieron adelante con el proceso e hicieron las mismas preguntas a los otros imputados, quienes tampoco estaban presentes en la sala de audiencias sino desde distintas unidades penitenciarias.

Como si fuera una jugada de ajedrez, la frase escaló rápidamente y llegó a todo el país, dejando en segundo plano la primera jornada del juicio oral y público, que tuvo dos cuartos intermedios.

El fiscal Matías Edery, quién junto a Miguel Moreno, Aníbal Vescovo y Gastón Ávila están a cargo de la acusación, tildó de "temeraria" la frase de Cantero en el inicio del juicio, aunque aclaró que la misma no influye en el caso, aunque es muy probable que sea usada por la Fiscalía. “Acá lo que hablan son las pruebas y no una autoinculpación”, sostuvo.

“Claramente tiene un impacto en nuestra teoría del caso, pero entiendo que en este caso no quita ni agrega”, agregó el fiscal.

Por su parte, el fiscal Miguel Moreno dijo que los delitos que serán juzgados son “amenazas calificadas por ser anónimas, por utilizar armas de fuego y por tener como objetivo alguna concesión de algún miembro del poder público, y daño calificado agravado”.

Además, sostuvo que Guille Cantero, Lucía Uberti y Matías César enfrentan un pedido de pena de 24 años por su participación en distintos hechos y, en el caso de Uberti, además de las balaceras se le atribuyen una extorsión y tenencia de un arma de guerra.

En el caso de Daniel “Teletubi” Delgado y Leandro Olivera, el pedido de pena es de 13 años de prisión efectiva por considerarlos instigadores de al menos 3 de las balaceras y 9 años y 6 meses de prisión para Damián Chavez por ser instigador de uno de esos ataques.

“Tenemos relevados 14 ataques, 12 de los cuales están integrados por propiedades de jueces y el poder judicial. Hay un domicilio vinculado con un policía y hay otro domicilio atacado por el cobro de venta de drogas”, agregó el fiscal.

La primera jornada

En lo que fue la primera jornada del debate oral y público, los fiscales Matías Edery Matías Edery, Gastón Ávila, Miguel Moreno y Aníbal Vescovo presentaron una línea de tiempo que sirvió para clarificar los hechos, que tuvieron como propósito “la intimidación y el amedrentamiento hacia los magistrados que debían definir cuestiones relacionadas en el curso de las causas penales y se registraron entre el 29 de mayo y el 28 agosto de 2018.

El listado de hechos violentos comenzó el 29 de mayo, con el ataque contra dos viviendas vinculadas al juez Ismael Manfrín, que integró el tribunal que condenó al grupo Los Monos, en Italia al 2100 y Montevideo al 1000.

Siguió el 30 de junio, contra el frente de una vivienda en Braille al 1400 que perteneció a Ariel Lotito, ex integrante de la División Judiciales y participó de la investigación contra la banda de Los Monos.

El siguiente ataque fue el 26 de julio, esta vez contra viviendas ubicadas en Zeballos al 2500 y Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que también integró el tribunal en el juicio oral y público contra Los Monos.

Luego fue el turno de un edificio ubicado en Libertad al 300, que fue atacado el 4 de agosto. En ese inmueble, ubicado a metros del Monumento a la Bandera, había pertenecido a la familia de la jueza Usandizaga. Esa misma noche se registró una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) ubicado en Sarmiento y Rueda.

Al día siguiente, el ataque fue en Tarragona al 700 bis, vivienda que se presume fue apuntada por error, ya que la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández (quien formó parte del tribunal que revisó la sentencia) vive en Tarragona al 700.

El 10 de agosto balearon una vivienda de la familia Usandizaga, ubicada en Buenos Aires al 1700 y el 13 de agosto las balas impactaron en el frente de un edificio ubicado en San Luis al 1400, que pertenece a la familia de la jueza de Cámara Gabriela Sansó, que también formó parte del tribunal que revisó la sentencia.

El 14 de agosto hubo un ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) ubicada sobre calle Montevideo al 1900, a menos de 100 metros del Palacio de Tribunales.

Y el último hecho registrado ese año, y que forma parte de la saga de balaceras que serán analizadas en el juicio que comienza este viernes ocurrió el 28 de agosto, cuando desconocidos arrojaron una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).