Un ‘corte’ a la extorsión: peluquero pagó más de $ 4 millones a quienes lo amenazaron con arruinarle la vida

Una relación sentimental acabada entre un peluquero de 70 años y una mujer de 48 se convirtió, en el presente, en una trama delictiva en la que el miedo, la vergüenza y la asfixia económica culminó en una denuncia penal que ahora se dirime en los tribunales de Santa Fe.

Este lunes, la jueza en lo Penal, Rosana Carrara, convirtió en prisión preventiva la detención que desde la semana pasada cumple Luis Alejandro Sosa Rey (45), quien había sido imputado por el delito de “extorsión”, junto a una mujer de 48 años llamada María Laura V.

Ambos están siendo investigados por una denuncia radicada el 25 de noviembre del año pasado de la que resultara víctima un peluquero santafesino de 70 años y su entorno familiar.

Aprietes económicos

La investigación, a cargo del fiscal de la Unidad Flagrancia del MPA, Ignacio Lascurain, se remonta a agosto de 2025, cuando tras cuatro años de ausencia María Laura V. volvió a contactar al estilista con quien había mantenido una relación personal durante varios años.

Pero el vínculo ya no buscaba ser ‘sentimental’, sino en clave de ‘aprietes económicos’: “Le dijo que estaba en pareja con una persona a la que describió como violenta, vinculada a actividades criminales y que era sicario”, resumió el acusador.

El hombre, que en un primer momento trató de no dar mayor importancia al asunto, “comenzó a sentir las amenazas de manera directa e indirecta”. La maniobra consistía en entregas diarias de $ 50.000 a cambio de no afectarlo. Directamente, la mujer amenazó con denunciarlo por violencia de género si no realizaba el diario aporte económico.

“Persecución psicológica”

Pero “las intimidaciones se incrementaron con el correr de los días”. Lo amenazaron con atacar su negocio del rubro peluquería, le hicieron saber que él mismo corría riesgos e incluso le dijeron saber dónde encontrar a su hija y a sus nietos, lo cual elevó el nivel de alerta, pero a su vez de sometimiento de la víctima.

Según los investigadores, fue la mujer quien brindó a Sosa Rey -por entonces su pareja- los datos personales y de los domicilios de los familiares del denunciante. “Este hostigamiento se siguió dando por un lapso significativo”, resumió el fiscal Lascurain, convirtiéndose en “una dinámica diaria de persecución psicológica” y una “situación de temor constante” por parte del afectado.

Si bien declaró que todos los pagos se realizaron en efectivo, hubo un último aporte registrado -el 24 de noviembre de 2025- a través de una billetera virtual, coincidente con la dinámica del apriete. El destinatario era el propio Sosa Rey.

Para sostener sus dichos el denunciante acompañó las conversaciones de Whatsapp en las que consta la dinámica extorsiva y todo fue puesto en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) que amplió la declaración de la víctima y ratificó la “situación de temor” que atraviesa desde el año pasado.

Allanamientos

Como resultado, el lunes pasado la Sección Inteligencia Táctica de PDI allanó tres domicilios en la ciudad de Santa Fe, producto de los cuales quedó detenida la pareja y secuestraron un teléfono celular.

En un primer momento la causa estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Arri, quien imputó a ambos como coautores del delito de extorsión. En ese contexto, María Laura V. pidió declarar por separado de Sosa Rey, argumentando que las acciones atribuidas las había hecho “en condición de vulnerabilidad y bajo amenazas”.

Existe una denuncia por violencia de género -por privación de la libertad- del 2 de enero último, cuando la mujer llamó al 911 y acusó a Sosa Rey que fue detenido; luego imputado por “amenazas calificadas” y recuperó la libertad bajo alternativas el 5 de enero.

Daño económico

En su exposición, el fiscal Lascurain estimó el perjuicio económico entre los 4 y 5 millones de pesos y dijo que “superado por la situación (el hombre) decidió radicar la denuncia”.

Para la acusación existen riesgos procesales en relación a la víctima y su entorno familiar en tanto y en cuanto otorgarle la libertad a Sosa Rey podría derivar en un “entorpecimiento probatorio” de cara a un juicio oral.

Además, destacó el fiscal que por el delito que se encuentra imputado -extorsión- “podría recibir una pena cuya escala va de los 5 a los 10 años de prisión”. En tal sentido remarcó la existencia de riesgo de fuga, apoyado además en el origen del implicado que es oriundo de Córdoba.

Calificación alternativa

La abogada Leticia Feraudo, por el Ministerio Público de la Defensa, puso en crisis la calificación legal atribuida a Sosa Rey y propuso recalificar el hecho como “tentativa de extorsión” o directamente como “amenazas coactivas”.

Dijo que la acusación contra su pupilo tiene base en la declaración de “una (mujer) interesada en mejorar su situación procesal y que acaba de salir en libertad”.

Sostuvo además que su origen “cordobés no implica per se que se vaya a fugar”, dado que “tiene arraigo familiar en Santa Fe y Córdoba”. “Es una persona grande sin antecedentes penales”, aportó. Por último, propuso la libertad bajo alternativas, al igual que María Laura V.

Medida cautelar

La jueza Rosana Carrara evaluó las posturas de fiscal y defensa concluyendo que “la evidencia supera la simple sospecha y alcanza para afirmar el hecho que se investiga”. Al referirse a la calificación legal tuvo en cuenta no sólo el daño patrimonial sino el amedrentamiento que produjo en la víctima y su círculo íntimo el continuo hostigamiento.

Trajo una frase del propio denunciante que en su declaración previa dijo que “no podía dormir ni comer por las amenazas recibidas”. Y se refirió a una cuestión que subyace respecto de la violencia de género por parte de Sosa Rey para con su coimputada.

Además refirió que la fiscalía cuenta con capturas de Whatsapp donde constan las conversaciones donde aparece palmario el amedrentamiento, con lo cual “la figura seleccionada es congruente con los hechos investigados”.

Sobre los riesgos procesales destacó el amedrentamiento sobre las víctimas, pero también de la coimputada por su condición de mujer vulnerable. “Las alternativas no son suficientes”, dijo, para luego hacer lugar al pedido de la fiscalía y convertir en prisión preventiva la detención que venía sufriendo Sosa Rey.