Denunciaron al equipo interdisciplinario del Poder Judicial y la Corte abrió una investigación

Cinco integrantes del equipo interdisciplinario del Poder Judicial de Santa Fe fueron denunciadas por su intervención en un caso de abuso sexual infantil que comenzó en los tribunales de Familia y luego pasó al ámbito penal, donde el acusado fue condenado.

El jueves, los jueces Pablo Ruiz Staiger, Leandro Lazzarini y Gustavo Urdiales, condenaron a Víctor D. por haber cometido abusos gravemente ultrajantes en perjuicio de dos de sus hijas, desde que tenían 3 y 5 años hasta la adolescencia, imponiéndole 20 años de prisión.

También dispusieron, por pedido de la fiscal Jorgelina Moser Ferro y los querellantes Carolina Walker Torres y Matías Pautasso, la remisión de las declaraciones de dos integrantes del equipo a la Corte Suprema provincial para que sus intervenciones sean evaluadas.

Las profesionales señalaron en su informe, y sostuvieron en el juicio, que los hechos relatados por las víctimas no consistieron en abusos sexuales porque estaban "naturalizados".

Este viernes, desde la Secretaría de Gobierno de la Corte se confirmó el inicio de actuaciones administrativas. El siguiente paso es que se designe un juez como instructor, es decir, un director que guíe la investigación a fin de dilucidar si las integrantes del equipo incurrieron en alguna falta.

En paralelo, la abogada Walker Torres, quien representa a las víctimas -actualmente mayores de edad-, denunció penalmente a las cinco profesionales.

"Muestras de afecto"

La intervención del equipo interdisciplinario se realizó en 2016 por disposición de un juez de Familia, en el marco de la causa iniciada a raíz de la separación de los padres de las niñas. En mayo de ese año elaboraron un informe sugiriendo la revinculación, a pesar de que el año anterior Víctor D. -empresario vinculado al sector seguros y a una compañía de limpieza- había sido denunciado por abusar de sus hijas.

El proceso penal demoró una década en llegar al juicio, que comenzó a principios de noviembre de 2025. El informe fue presentado como prueba, y el defensor Franco Scali llevó como testigos a la psiquiatra y a la trabajadora social del equipo.

En sus declaraciones, las profesionales sostuvieron las conclusiones a las que arribaron tras las entrevistas a las niñas y sus familiares. Consultadas por los relatos de situaciones de abuso sexual, indicaron que se trataba de muestras de afecto del padre a sus hijas, que estaban naturalizadas en la dinámica familiar y tomaron una connotación sexual tras la separación de los padres.

Víctimas "silenciadas"

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) las conductas de las profesionales fueron enmarcadas en los delitos de "prevaricato", "denegación de justicia", "violación y/u omisión de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento agravado".

La abogada sostuvo que las funcionarias aplicaron abiertamente el "síndrome de alienación parental" sin tener en cuenta las manifestaciones directas de las nenas, "considerando que los abusos sexuales sufridos por las niñas, eran 'juegos', y se encontraban 'naturalizados' en la dinámica familiar".

A pesar de las manifestaciones de las víctimas y el conocimiento de las cautelares por violencia y la denuncia penal por abuso, en su informe las profesionales aconsejaron la revinculación con el agresor.

Tras lo ocurrido en el juicio, las víctimas, que ya son mayores de edad y dijeron haberse sentido desamparadas y juzgadas, decidieron denunciar a las profesionales.

En el documento se señala que la intervención del equipo constituyó "violencia institucional de género", y que el informe no fue "neutral ni clínico, fue una pieza que contribuyó a silenciar a las niñas, a encubrir al agresor, y a permitir que la violencia continuara".

Condenado

Víctor D., cuyo apellido se reserva para no revictimizar a sus hijas, fue hallado responsable de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado vínculo” en concurso ideal con “promoción a la corrupción de menores agravada por la edad, el vínculo y violencia” en perjuicio de sus dos hijas, y “desobediencia a mandato judicial” en dos hechos.