Escándalo en la Alcaidía: policías cobraban por celulares, privilegios y hasta hacían inversiones en criptomonedas

Una red de corrupción presuntamente encabezada por el jefe de la Alcaidía de Rafaela, Norberto Núñez, quedó al descubierto tras una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos el pasado 22 de marzo.

La misma derivó en una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), liderada por la fiscal Fabiana Bertero, que terminó con tres policías imputados por corrupción y connivencia con internos.

Según la acusación, los internos que abonaban una tarifa mensual de $100.000 accedían a teléfonos celulares, eran alertados antes de las requisas para ocultarlos y hasta podían obtener reposiciones si los perdían.

También pagaban sumas de entre $500.000 y $2.000.000 para acceder a pabellones con mejores condiciones o evitar traslados a otras cárceles más estrictas del Servicio Penitenciario.

El “servicio completo” era administrado, siempre según la fiscalía, por Núñez junto a los policías Cristian Montiel y Alejandro Farías. En la audiencia del miércoles, el juez de Investigación Penal Gustavo Bumaguin dictó prisión preventiva sin plazo para Núñez y por 60 días para los otros dos imputados.

58 celulares, privilegios y un "call center" carcelario

El hallazgo clave ocurrió el domingo 23 de marzo: en un armario metálico bajo llave en la oficina de Núñez, los investigadores encontraron 58 celulares (en la imputación eran 56).

Estos equipos eran entregados a los internos, quienes podían usarlos para navegar por redes sociales, comunicarse con el exterior o incluso cometer nuevos delitos. La fiscal Bertero graficó la situación: “La Alcaidía funcionaba como un call center clandestino”.

Uno de los principales testigos es L.B., un interno con conocimientos en informática que estaba trabajando en un sistema de identificación de reclusos.

Denunció que Núñez le encargó tareas como desbloquear teléfonos y borrar datos comprometedores. También afirmó que los policías le pidieron realizar inversiones en bitcoins.

La segunda testigo clave fue la subalcaldesa A.E.C., quien declaró que Núñez le mentía sobre el destino de los teléfonos incautados y observó conductas sospechosas como el paso constante de familiares por la oficina del jefe en días de visita. Bertero sugirió que estos ingresos ocultaban el pago de dádivas.

Celulares con WiFi y televisores smart

Durante los allanamientos, también se incautaron televisores, algunos de tipo smart conectados ilegalmente a la red WiFi de una estación de servicio YPF lindera. Si bien no está prohibido el uso de televisores en pabellones de buena conducta, la conexión a internet sí implica un serio riesgo de seguridad.

Además, se encontró cocaína en uno de los pabellones, aunque la fiscal no incluyó esta imputación al no haber pruebas de que los policías facilitaran el ingreso de la droga.

Amenazas desde la cárcel y pruebas destruidas

Un episodio que refuerza lo grave del caso fue narrado por la fiscal Bertero: una mujer víctima de violencia de género denunció haber recibido amenazas desde la Alcaidía.

La fiscal Favia Burella ordenó secuestrar el celular con el que se enviaron los mensajes, pero el aparato nunca apareció. Según los testimonios, el teléfono —un LG azul— estaba en poder de Núñez, quien lo habría destruido a martillazos en la carpintería de la Jefatura para eliminar evidencias.

Defensa y tensiones en la audiencia

El abogado defensor de los policías, Carlos Farías Demaldé, cuestionó la credibilidad de los testigos. Señaló que L.B. está preso por presuntos abusos sexuales y tiene animosidad personal contra Núñez. Además, alegó que el jefe de Alcaidía no tenía poder para decidir traslados, ya que eso corresponde al Servicio Penitenciario.

Aun así, el juez consideró que hay pruebas suficientes de los hechos y que existe riesgo procesal si los imputados recuperan la libertad. El caso, sin embargo, promete seguir creciendo. Desde el MPA no descartan más imputaciones a medida que avance el análisis de los 58 celulares incautados.