Ex intendente camino a juicio

El fiscal federal N° 2 Walter Rodríguez, solicitó este miércoles la elevación a juicio para el ex intendente de la ciudad de San José del Rincón, Carlos Luis Sánchez (69), a raíz de una denuncia por malversación de caudales públicos radicada ante la Justicia Federal a fines de 2018. Se tata de un convenio para la realización de obras de infraestructura en el barrio Las Casillas, rubricado el 23 de mayo de 2016, entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación y el municipio rinconero, durante la intendencia de Sánchez.

Para la obra se había destinado una suma de $ 10.870.000, distribuidos en cuatro partidas, de las cuales sólo dos fueron depositadas en las arcas del municipio: el 10 de diciembre de 2016, $ 2.719.000, lo que representaba un 25 % de los trabajos; y el 19 de julio de 2017, otros $ 3.263.000 en concepto del siguiente 30 %. En tanto los dos últimos desembolsos ($ 3.263.000 por otro 30 % de avance y $ 1.631.000 por el 15 % restante), no fueron entregados por Nación, que a fines de 2017 rescindió de forma unilateral el convenio firmado.

Sánchez fue llamado a indagatoria el año pasado y posteriormente procesado por el delito de malversación de caudales públicos (peculado) en su carácter de autor, dada su condición de funcionario público a la fecha de ocurridos los hechos y hasta el 9 de diciembre de 2017.

Lo que el Ministerio Público Fiscal investiga es el destino que Sánchez, como principal responsable del municipio en ese entonces, le dio al dinero depositado por Nación, y que no habría sido volcado a la obra acordada. Es decir que de los $ 5.982.000 equivalentes al 55 % del avance financiero, sólo se constató un avance físico del 25 %.

Es por ello que a Sánchez se lo acusa de no haber presentado los certificados y documentación de los avances de obra, según informes de Nación de octubre de 2018 y del propio municipio, que bajo la gestión del actual intendente González, lo denunció penalmente en noviembre de ese año.

Para el fiscal Rodríguez “el imputado conocía el carácter de los bienes y la relación funcional que lo unía con ellos y la voluntad de separarlos de la administración, lo cual se advierte a partir de un análisis del comportamiento que tuvo al suscribir el Convenio Específico y el acta de compromiso en la cual asumió la obligación de subsanar las irregularidades detectadas, y finalmente, al incumplir lo pactado en ambos documentos, lo cual derivó en la suspensión de los desembolsos restantes y en la rescisión unilateral del convenio por parte de la Secretaría referenciada”.