La Fiscalía atribuyó el abandono de personas a la dueña del asilo clandestino de Santa Fe

La investigación judicial por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en el barrio Nuevo Horizonte dio este viernes un nuevo paso con la imputación de la mujer sindicada como responsable del establecimiento y la excarcelación, bajo medidas alternativas, del cuidador que permanecía detenido desde el incendio que permitió descubrir las condiciones en las que vivían siete adultos mayores.

Ambas audiencias fueron presididas por la jueza Rosana Carrara. La acusación estuvo a cargo del fiscal Manuel Cecchini, mientras que en la primera intervención la defensa de María Laura M., de 51 años, fue ejercida por los abogados Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi. En la segunda audiencia, Ricardo H. fue asistido por el abogado particular Héctor Tallarico.

La imputación

Durante la audiencia imputativa, el fiscal atribuyó a María Laura M. el delito de abandono de personas, en calidad de autora y en perjuicio de los siete residentes del establecimiento ubicado en José Gollán al 10.100.

Al fundamentar la acusación, Cecchini sostuvo que la mujer "puso en peligro la salud de siete personas", quienes fueron "dejadas a su suerte", pese a que ella se presentaba como titular del lugar y percibía un canon por brindar alojamiento, alimentación, atención sanitaria y cuidado.

Según la Fiscalía, la residencia funcionaba sin habilitación municipal ni provincial y carecía de las condiciones mínimas de higiene, salubridad e infraestructura necesarias para albergar personas con distintos grados de dependencia.

Entre las irregularidades mencionadas, el fiscal señaló que algunos residentes ni siquiera contaban con ropa de cama y que el establecimiento era atendido por personal sin capacitación específica para esa tarea.

Pagos y pensiones

Durante la exposición, el representante del MPA repasó la situación particular de cada una de las siete víctimas, quienes presentan diferentes patologías que requieren asistencia permanente.

Además, indicó que la acusada no sólo cobraba a familiares por el supuesto servicio prestado, sino que en algunos casos administraba la documentación personal de los residentes y retenía tarjetas mediante las cuales se percibían sus pensiones.

Al finalizar la atribución delictiva, la defensa cuestionó tanto la calificación legal como la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía. No obstante, las partes acordaron postergar hasta el próximo martes 11 de agosto el tratamiento de las medidas cautelares que eventualmente podrían imponerse a la imputada.

Libertad con restricciones

Tras un breve cuarto intermedio, la jueza Carrara encabezó la audiencia de medidas cautelares correspondiente a Ricardo H., el cuidador que había sido imputado días atrás por el delito de privación ilegítima de la libertad, acusado de haber dejado encerrados bajo llave a los residentes la mañana en que se produjo el incendio.

En esta oportunidad, el fiscal informó que se alcanzó un acuerdo con la defensa para sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas.

Entre las condiciones impuestas se dispuso que el imputado deberá fijar domicilio en la vivienda de su madre, en el barrio Barranquitas; tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y de sus familiares; y tampoco podrá aproximarse al inmueble de Diez de Andino al 5800, donde funciona otra residencia geriátrica vinculada a la misma titular investigada.

Cecchini informó además que el jueves mantuvo una reunión con cinco de los siete adultos mayores, actualmente alojados en el hogar Beata Clara, y que ninguno manifestó oposición a la recuperación de la libertad del imputado.

Luego de escuchar el acuerdo alcanzado entre las partes, el defensor Tallarico solicitó la inmediata libertad de su asistido. La jueza Carrara hizo lugar al planteo y ordenó su excarcelación bajo las condiciones establecidas.