La Fiscalía ratificó el carácter “casual” del golpe a la “cueva” del Puerto de Santa Fe

El juez Federal Nº 2 de Santa Fe -subrogante- Aurelio Cuello Murúa convocó para este lunes 2 de octubre a tres hombres investigados por su presunta participación en la comisión de delitos contra el orden económico, por los cuales se encuentra detenido desde hace 20 días un exfuncionario público municipal.

En tanto, el mismo magistrado cuenta con 10 días hábiles para resolver la situación procesal en la que se encuentra Ángel Yamil Benavídez, quien permanece tras las rejas desde el pasado 12 de septiembre, cuando efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la provincia desbarataron una “cueva” de dinero que funcionaba en un departamento que él alquilaba en el piso doce de una torre del puerto santafesino.

Benavídez fue trasladado ante la justicia el jueves pasado, para ampliación de declaración indagatoria por los delitos de lavado, intermediación financiera y la alteración de 39 tarjetas de débito de terceros. Por lo que el juez tiene tiempo hasta el próximo jueves 12 de octubre para resolver si lo procesa o le dicta la falta de mérito; y si en caso de ser procesado le impone prisión preventiva o le concede la libertad bajo alternativas.

Hallazgo “casual”

Mientras tanto, la causa avanza con derivaciones, como los planteos de nulidad e incompetencia interpuestos por el abogado particular Ignacio Alfonso Garrone la semana pasada, en nombre de su defendido Benavídez.

El fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez rechazó el primero de los recursos y aprovechó para recordar el hallazgo “absolutamente casual” de la “cueva” de dinero desbaratada en el puerto.

El representante del órgano acusador respondió el jueves sobre el planteo mediante el cual se pretende la nulidad del allanamiento que terminó con la detención de Benavídez; y será el juez Cuello Murúa quien deberá expedirse sobre si lo concede o no.

Cuatro puntos

Alfonso Garrone reclamó el lunes pasado la nulidad del allanamiento del 12 de septiembre en el departamento del complejo habitacional de calle Sara Pinasco de Jullierac 1760, donde se encontraron 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros.

Cuatro motivos esgrimió el letrado: la falta de elementos objetivos para allanar por parte de la justicia provincial; la invasión de la esfera de privacidad de quien por entonces ocupaba el departamento (Benavídez) y no era objeto de la investigación inicial; la falta de urgencia en la medida en un proceso que había transitado la vía de la mediación; y por último, la ausencia de delito para disponer la medida.

Para la fiscalía no es la justicia federal el ámbito en el que deba discutirse la validez del allanamiento, sino la propia justicia provincial que es donde se tramite la causa que dio origen a la investigación.

Causa provincial

Enfatizó además que el caso federal no se inmiscuye en el conflicto patrimonial entre la dueña del departamento allanado y el empresario chileno que le reclamaba sus pertenencias y que por eso la denunció penalmente.

El Dr. Rodríguez resaltó que en el marco de la labor en el domicilio allanado, efectivamente se secuestraron elementos que la Justicia Provincial reclamaba en nombre del denunciante. Y que no existen elementos para poner en tela de juicio el accionar de la justicia provincial, en tanto y en cuanto se los acusa de haber invadido la intimidad de Benavídez.

Además, reafirma la idea de que el descubrimiento de una mesa llena de dinero “resultó absolutamente casual” y producto de una búsqueda ajena a los delitos que subvierten el orden económico y que por ende son materia federal.

Contexto previo

En la misma línea, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, Arturo Haidar, dijo hace dos semanas que “el hallazgo del dinero fue absolutamente fortuito”, cuando se lo consultó sobre las versiones de que se trataba de una causa armada.

El fiscal Haidar, investiga en forma paralela y desde el 22 de junio de este año, el conflicto suscitado entre la dueña de un departamento del puerto y un empresario chileno que alquilaba en forma particular y que la denunció por haberle cambiado la cerradura y despojarlo de sus pertenencias.

En ese contexto, casi tres meses después de idas y vueltas, e intervención del Área de Solución Pacífica de Conflictos mediante, la fiscalía decidió allanar el inmueble que había sido alquilado nuevamente el 1° de agosto.

Así fue que el día del procedimiento policial -12 de septiembre-, además de recuperar algunos electrodomésticos y televisores propiedad del denunciante chileno, la AIC incautó una mesa llena de dinero en moneda nacional y extranjera, que fue lo que dio lugar a la intervención de la justicia federal.

Las indagatorias

De las tres indagatorias previstas para este lunes, dos apuntaban a colaboradores cercanos a Benavídez, puntualmente dos hombres que le habría permitido poner en circulación fuertes sumas de dinero cuyo origen no pudo comprobarse hasta el momento, encuadrando de ese modo el delito de lavado de activos de origen ilícito.

En tal sentido, surge el llamado a declarar para Raúl Adrián M. y Juan Emilio G. por su presunta intervención en el delito de "intermediación financiera no autorizada", desde septiembre de 2020 hasta la actualidad.

Ambos debían presentarse en el transcurso de la mañana con asistencia legal, en el edificio de 9 de Julio y Monseñor Zazpe, en el sur de la ciudad de Santa Fe, donde iban a ser acusados por hechos de captación de moneda extranjera; su posterior colocación en el mercado informal y finalmente la introducción de dividendos en el sistema legal mediante operaciones de blanqueo, esto último, fundamentalmente atribuido a Benavídez.

El tercer implicado es Carlos Raúl Quartucci, socio de Benavídez, con el cual comparten la titularidad de la firma "Servicios La Resistencia”, la cual fuera utilizada para blanquear el dinero de origen desconocido.