La investigación judicial por las condiciones en las que funcionaba un geriátrico clandestino en el norte de la ciudad de Santa Fe dio este miércoles su primer paso formal.
La Fiscalía atribuyó el delito de privación ilegítima de la libertad al hombre señalado como cuidador del establecimiento de barrio Nuevo Horizonte. Los presuntos maltratos continúan bajo investigación y este viernes se debatirán las medidas cautelares, además de la imputación a la otra persona detenida.

La investigación judicial por las condiciones en las que funcionaba un geriátrico clandestino en el norte de la ciudad de Santa Fe dio este miércoles su primer paso formal.
En una audiencia realizada ante la jueza Rosana Carrara, el Ministerio Público de la Acusación imputó a Ricardo Andrés H., de 45 años, por el delito de privación ilegítima de la libertad, al considerar acreditado que dejó encerrados bajo llave a siete adultos mayores y se retiró del lugar.
La atribución estuvo a cargo del fiscal Manuel Cecchini, mientras que la defensa fue ejercida por el Ministerio Público de la Defensa.
Finalizada la audiencia, el representante del MPA confirmó que solicitó una nueva convocatoria para este viernes, oportunidad en la que se debatirá la aplicación de medidas cautelares. Si durante el avance de la investigación surgieran nuevos elementos, la imputación podría ampliarse antes de esa instancia.
Según explicó Cecchini, la imputación se circunscribe exclusivamente a un episodio ocurrido el miércoles 29 de julio, alrededor de las 8.30, en la vivienda de José Gollán al 10.100, donde funcionaba el establecimiento.
"Lo que le imputamos es que siete personas quedaron en el interior de la residencia encerradas con un candado. Él era el responsable del cuidado de esas personas, fue quien colocó el candado y se retiró del lugar", sostuvo el fiscal.
La privación ilegítima de la libertad prevé una pena de entre uno y cuatro años de prisión, en caso de ser declarado culpable. Cecchini aclaró además que, de acuerdo con el informe del Registro Nacional de Reincidencia, el detenido no registra antecedentes penales condenatorios.
Aunque la causa se inició por las presuntas condiciones de abandono y maltrato que trascendieron tras el procedimiento policial, el fiscal explicó que esos hechos continúan bajo investigación y que, por el momento, no cuentan con evidencia suficiente para atribuirlos penalmente al imputado.
"Ese es otro aspecto de los hechos que está siendo investigado. No teníamos elementos hoy para imputarlos en concreto a esta persona, por eso seleccionamos esta imputación", precisó.
No obstante, remarcó que la investigación permanece abierta y que la calificación legal podrá modificarse si aparecen nuevos testimonios o pruebas.
La causa tomó estado público el pasado 29 de julio, cuando un incendio se desató en el interior del inmueble. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el fuego fue iniciado por uno de los propios residentes como una forma desesperada de pedir ayuda.
"Uno de ellos prendió fuego a un colchón para dar aviso de la situación de encierro", explicó Cecchini. El incendio motivó la intervención de un vecino que, al advertir lo ocurrido, encontró la vivienda cerrada con un candado en su única puerta de acceso. Tras romperlo, permitió la salida de los adultos mayores y dio aviso a la policía.
El fiscal aclaró que, según los testimonios reunidos, ninguna de las personas alojadas se encontraba dentro de las habitaciones cuando se inició el fuego, sino que permanecían en el patio del inmueble.
La investigación también involucra a María Laura M. G., de 51 años, señalada por la Fiscalía como otra de las personas vinculadas al funcionamiento del establecimiento. La mujer se presentó el martes en la sede de la Policía de Investigaciones, donde quedó detenida en cumplimiento de una orden judicial.
Su audiencia imputativa fue fijada para este viernes y, según adelantó Cecchini, estará relacionada con los mismos hechos investigados en el geriátrico clandestino.
El fiscal indicó además que la distribución de responsabilidades dentro del establecimiento continúa siendo materia de investigación y evitó precisar cuál era el vínculo laboral del hombre con el lugar hasta tanto se completen las medidas probatorias.





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