Insisten con la prisión del imputado por el trágico choque en la Costanera santafesina

Este jueves la fiscal que investiga lo ocurrido la noche del 24 de noviembre en la Costanera santafesina, cuando un auto embistió a un matrimonio causándole la muerte, brindó una conferencia de prensa.

La Dra. Rosana Marcolín dio detalles del recurso de nulidad que presentó recientemente ante la Cámara de Apelaciones, respecto a la decisión de la jueza Cecilia Labanca de otorgarle la libertad bajo medidas alternativas -entre ellas una caución real equivalente a cuatro autos 0km- a Valentino Giordano. El joven de 19 años fue imputado por el homicidio de Marcos Arias y Norma López, a quienes embistió con su VW Bora en Alte. Brown y Ruperto Godoy.

El hijo del matrimonio, que presenció todo, ha recibido fuertes mensajes de personas que “malinterpretaron” las circunstancias de la liberación de Giordano, “diciéndole que canjeó a sus padres por cuatro vehículos”. “Eso no es así”, explicó la fiscal, los autos “fueron ofrecidos como una garantía para que no se fugue” y en caso de que eso suceda “serán incautados por la justicia”.

Pedido de nulidad

Respecto al escrito presentado ante la Oficina de Gestión Judicial, Marcolín señaló que “hemos hecho un pedido de nulidad y subsidiariamente una apelación”. El primero, porque “creemos que no se ha fundado correctamente el por qué se le dio la libertad” al imputado. “Toda la resolución dio la razón a la fiscalía, tanto en cómo se describió el hecho, las pruebas que teníamos para sostener que el hecho había ocurrido de esa forma, inclusive en el delito que le habíamos imputado”.

Si bien este último punto “no quedó tajantemente decidido, la calificación propuesta por la fiscalía, que es el homicidio simple que tiene una pena que va de 8 a 25 años de prisión, es mucho más grave que el homicidio culposo” propuesto por la contraparte. De hecho, los defensores Romeo Díaz Duarte, Esteban Yossen y Agustín Márquez “dieron lugar a que esté correcta la calificación de la fiscalía”, sostuvo la fiscal.

Teniendo todo esto en cuenta, “si además había peligro de fuga, hace un viro inentendible la resolución”. La jueza “no dio los fundamentos de por qué si está el hecho, está la calificación legal, la pena en expectativa es muy grave y dijo que podría influir en el ánimos el imputado para que se prófugo, cómo con unas medidas alternativas entiende que no se va a profugar. No dio las razones”.

Subsidiariamente, la fiscalía apeló el fallo de primera instancia: “La apelación es entender que se equivocó la jueza. Nosotros creemos que le faltaron fundamentos, por eso pedimos la nulidad, pero si la Cámara entiende que sí hubo un fundamento, aunque sea mínimo, le decimos que estamos en desacuerdo y que de vuelta este fallo”.

La excarcelación

Durante el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares, la semana pasada, la defensa ofreció una serie de medidas cautelares para neutralizar los riesgos procesales. Al momento de disponer la libertad de Giordano, la jueza Labanca le impuso las siguientes reglas:

• Fijar domicilio que la defensa deberá aportar por OGJ y tras ser constatado no podrá modificar ni ausentarse por lapsos prolongados sin autorización escrita del tribunal y deberá quedar bajo la guarda de un adulto responsable.

• Prohibición de contacto de cualquier tipo (personal o virtual, redes sociales, etc) con las víctimas, y medida de distancia de los lugares de los hechos y las víctimas.

• Presentarse a firmar semanalmente por ante el MPA.

• Prohibición de consumir alcohol y estupefacientes.

• Prohibición de salir del país o de la provincia, debiendo hacer entrega de su pasaporte y constituir caución real de los 4 automotores propuestos por la defensa.

• Prestar trabajo no remunerado a alguna asociación civil, de lo cual se deberá presentar constancia.

• Deberá hacer entrega del carnet de conducir hasta la efectiva finalización del juicio debiendo comunicarse esta resolución y habiendo sida consentida la extensión impuesta.

Respecto a los automóviles comprendidos en la caución, la fiscal aclaró que “no son para la familia de las víctimas, sino que son vehículos que en caso de que -Giordano- se profugue serán incautados por la justicia”.

“Es una caución real, eso se ofrece como una garantía para que no se fugue. No son para pagar a la familia de las víctimas, ellos no recibieron nada” y de hacerlo “será una cuestión a tramitar en la justicia civil”.

Marcolín realizó la aclaración debido a que los hijos de las víctimas “han recibido mensajes de gente que malinterpretó esto, diciéndoles que habían canjeado a sus padres por cuatro vehículos”.

Durante una “picada”

Por el hecho también fue imputado otro hombre, Nicolás L., que habría estado corriendo picadas con Giordano la noche del trágico choque.

La fiscalía cree que el VW Bora de Giordano y el BMW de Nicolás L. corrían una picada que se dividió en dos tramos: el primero entre calle Calcena -pasando el faro hacia el norte- y el semáforo de Alte. Brown y Salvador del Carril y el segundo, entre ésta última y el lugar donde se produjo el siniestro (Alte. Brown y Ruperto Godoy), a unos 300 metros de distancia, pasando las instalaciones del Lawn Tenis Club.

Si bien resta conocer los resultados de la pericia judicial, encargada a especialistas de la PDI de Rosario, distintos análisis de planimetría, cámaras de seguridad cuadro por cuadro y la disposición de los cuerpos luego del impacto, permiten a Marcolín inferir que el VW Bora viajaba a una velocidad que superaba los 100 km/h en una zona en la que la velocidad permitida es de 60 km/h.

La fiscal señaló durante la audiencia de prisión preventiva que los automóviles de los dos imputados estaban “tocados” para correr carreras. Según un informe técnico, el VW Bora tenía reprogramada la computadora, un escape de alto rendimiento y bajados los amortiguadores. El BMW tenía intervenciones similares.