Quedaron en libertad los abogados imputados por amenazas coactivas y falso testimonio

En una audiencia presidida por el juez Gonzalo Basualdo, los abogados Ricardo Ceferino Degoumois, Ricardo Rubén Degoumois, Daniel Baralle y Andrés Ghío fueron imputados como coautores de amenazas coactivas el perjuicio de una mujer, madre de una pretensa victima de abuso sexual, en concurso real con falso testimonio en calidad de autores mediatos. Los fiscales que formularon los cargos fueron Valentín Hereñú y Alejandra del Río Ayala, asistidos por sus pares Sebastián Marichal y Georgina Díaz.

La supuesta víctima del accionar de los profesionales -de apellido Mendoza- se quebró al declarar en el juicio y los acusó de haberla coaccionado para arreglar una declaración favorable a sus intereses. Sus dichos actuaron como disparador para que fueran detenidos de inmediato, con el consecuente secuestro de sus celulares y, más tarde, los allanamientos de sus estudios jurídicos y vehículos particulares, una cuestión que fue largamente cuestionada por las defensas y los propios acusados por entender que se violaron las garantías para ese tipo de procedimientos.

Además, a Ghío se le atribuyó tenencia de arma de guerra y civil de uso condicional sin la acreditación correspondiente. Por su parte, a él y a Barale también se los investiga por el delito de encubrimiento.

La audiencia primera comenzó cerca de las 13:30 y en ella los fiscales recusaron al juez Santiago Banegas por haberles enrostrado, previo a los allanamientos, "qué circo que están armando, esto es una payasada", y luego de los allanamientos "ustedes son unos pelotudos, en qué idioma escribo yo las órdenes", en alusión a que no se habrían observado las condiciones establecidas.

Visiblemente molesto por el señalamiento, Banegas retrucó y acusó a los fiscales Hereñú y Maglier de haber roto los códigos al ventilar una conversación privada, y tras dar su versión -"lo hice para advertirles que de esa forma todo iba a ser declarado nulo"-, rechazó la recusación de la que era objeto, pero decidió apartarse de la causa.

La OGJ debió buscar un nuevo juez que lleve adelante el debate, responsabilidad que recayó sobre el magistrado de turno Gonzalo Basualdo. Tras su designación la fiscalía avanzó con las imputaciones delictivas, con quantums penales que van de los 2 a los 15 años de prisión, y que va de suyo fueron resistidas por involucrados.

A las 18:30, después de un cuarto intermedio, se reanudó la audiencia de medida cautelar. A esa altura, la voz cantante del MPA la llevó la fiscal Del Río Ayala, que reclamó prisión preventiva para todos los involucrados en atención a los riesgos procesales de peligro de fuga, pero sobre todo de entorpecimiento probatorio.

Luego de otro cuarto intermedio, el juez Basualdo se inclinó por dejar en libertad a los cuatro operadores judiciales y les fijó reglas de conducta y una caución de 20 millones de pesos para cada uno de ellos.

Incomunicación vulnerada

La fiscal Alejandra del Río Ayala reveló el listado de visitas que accedió a tener contacto con los abogados detenidos al momento en que pesada sobre ellos la orden de incomunicación.

Frente al juez Gonzalo Basualdo, que presidió el debate, la funcionaria leyó detenidamente -con detalles de horarios de ingreso y egreso- la nómina de personas que tuvo contacto prohibido con los profesionales alojados en el área de detenciones de la Unidad Regional XIX.

Cerca de una decena de abogados fueron señalados por Del Río Ayala por ingresar a entrevistarse con los letrados imputados por amenazas coactivas y falso testimonio, y en ese sentido la fiscal indicó que el MPA ya abrió una causa para investigar responsabilidades de los guardias y jefes de la alcaidía verense.

En todos los casos, el período de incomunicación rige por 48 horas una vez aprehendidos los involucrados en un hecho delictivo. De acuerdo al detalle presentado en audiencia por la funcionaria del MPA, ese lapso de tiempo en el que solo pueden tener contacto con su abogado defensor no se respetó. Por su parte, los apuntados expusieron que tras ser apresados en la noche del jueves estuvieron incomunicados hasta el momento de comenzar la audiencia, en el mediodía del lunes. Esa situación abre otra instancia que seguramente será objeto de cuestionamientos judiciales.

Los abogados Degoumois (padre e hijo) habían designado al defensor público Orlando Toniolo para representarlos, en tanto Andrés Ghío referenció a la Dra. Fabiola Piemonte para que ejerza su defensa.

Barro

Definitivamente, en la jornada del lunes a la justicia de Reconquista la tapó el barro. El cruce entre los fiscales y el juez Banegas dejó un sabor amargo. Ese incidente cruzó un límite que hasta ahora parecía definido e infranqueable: el de la confianza mutua entre los funcionarios judiciales. Insultos, descalificaciones y la revelación de diálogos privados para apartar a un juez pusieron en crisis la salud del sistema en esta circunscripción.

Tampoco lució del todo bien la actuación de los fiscales, con varios “errores de tipeo” en su acusación, con intervenciones descoordinadas entre sí, con yerros en aspectos puntuales de la causa y, a veces, con baches antes las preguntas del juez a cargo, que no estaba al tanto de la causa y debió extremar su esfuerzos para sacar adelante este paso procesal. Enfrente, las estrategias defensivas no tuvieron fisuras, fueron claras y contundentes. La prueba está en que los penalistas se fueron a sus casas, con mínimas restricciones, imputados pero en libertad.

Juicio

En medio de esta jornada larga y tediosa, sobrevoló una duda de fondo. La inquietud pasa por dilucidar la suerte que correría el juicio por a denominada “causa madre” en la que está imputado por supuesto abuso sexual del Dr. Ricardo Ceferino Degoumois, suspendido por el tribunal a raíz de la denuncia que derivó en la cita de ayer

En relación a ello, desde el MPA se informó en el mediodía de este martes que los fiscales Hereñú, Díaz y Del Río Ayala pidieron a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Reconquista que el debate oral se reinicie de forma inmediata.

“Es de suma importancia que se reanude el juicio oral, de conformidad al principio de celeridad y a las obligaciones internacionalmente asumidas, en tanto al tratarse de un caso de violencia sexual contra una adolescente, conforme los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), convierten al caso en prioritario en orden a la celebración de audiencias que permitan el avance del proceso”, solicitaron en el escrito.

Luego de la presentación que hizo la Fiscalía, la OGJ notificó a las partes que el debate se reanudará el jueves a las 8 de la mañana.