Tras cumplir condena por matar a su novio, la acusaron de agredir a su actual pareja

Julieta Silva, la mujer que en 2018 fue condenada por atropellar y causar la muerte de su pareja, el rugbier Genaro Fortunato, enfrenta ahora una nueva causa judicial. Esta vez, está acusada de ejercer violencia física contra su esposo actual, con quien tiene una hija de un año.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la denuncia fue presentada por el propio hombre, quien señaló haber sido agredido físicamente por Silva. A partir de ese testimonio, intervino personal policial que constató en el domicilio del denunciante la presencia de lesiones visibles: una escoriación y una zona inflamada, según detalla el parte oficial.

Domiciliaria y tobillera electrónica

Tras comprobarse las heridas, la Justicia resolvió imputar a Silva por el delito de lesiones agravadas por el vínculo, además de imponerle la prohibición de acercamiento a la víctima. Mientras se avanza en la investigación, la acusada quedó bajo prisión domiciliaria, monitoreada por una tobillera electrónica y a cargo del cuidado de su hija menor de edad.

En paralelo, Silva también presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, la cual fue incorporada al expediente. La causa se encuentra en etapa de instrucción, a la espera de nuevas pericias médicas y declaraciones testimoniales.

El caso Fortunato

La figura de Julieta Silva quedó marcada por un hecho que conmocionó al país. El 9 de septiembre de 2017, en la ciudad de San Rafael, Mendoza, atropelló con su vehículo a Genaro Fortunato, su pareja en aquel momento, luego de una discusión ocurrida a la salida de un bar. El joven rugbier, de 25 años, murió en el acto a causa de un aplastamiento de cráneo.

Durante el juicio, los jueces determinaron que el atropello no fue intencional, pero sí producto de una conducta imprudente. Silva fue condenada en 2018 a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado, y a ocho años de inhabilitación para conducir. La fiscalía había solicitado una pena de 14 años, pero el tribunal entendió que no hubo intención directa de matar.

La mujer cumplió buena parte de la condena en prisión hasta obtener la libertad condicional en 2020. En diciembre de 2022, se casó y, desde entonces, mantenía un perfil bajo hasta que la reciente denuncia la volvió a colocar en el centro del debate público.