Abren juicio político a los tres fiscales del caso Nora Dalmasso

El jurado de enjuiciamiento de Córdoba resolvió este jueves iniciar un jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, a raíz de una denuncia presentada por la familia de Nora Dalmasso por supuesto "mal desempeño" y "negligencia grave". La acusación vincula la conducta de los fiscales con la investigación por la violación y el asesinato ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en la casa de Villa Golf, en Río Cuarto.

La denuncia según indica el diario Clarín sostiene que los tres funcionarios centraron la pesquisa en la propia familia de la víctima, la investigaron y la estigmatizaron basándose en rumores y prejuicios, en vez de avanzar sobre otras pistas. El escrito indica que se dejó de lado evidencia que podría haber llevado a Roberto Marcos Bárzola, un obrero/parquetista que trabajaba en la vivienda y con quien Dalmasso discutió días antes del crimen.

Desde 2007, la familia reclamó que se tomaran muestras genéticas a Bárzola, según el expediente. Luego, una pericia de ADN vinculó material genético hallado en el nudo del cinto de la bata que estranguló a Nora y en un vello pubiano con Bárzola, pero la Cámara Criminal de Río Cuarto sobreseyó a ese hombre por prescripción de la acción penal al considerar que transcurrió más de 19 años desde los hechos

Procedimiento del jury y estado procesal

Los fiscales denunciados presentaron descargos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, integrado por dos legisladores oficialistas, dos de la oposición y un miembro del Tribunal Superior de Justicia; su presidenta es Julieta Rinaldi. Los acusados no fueron separados de sus cargos y continúan en sus despachos mientras avanza la instrucción del jury.

Al abrirse el jury, el expediente pasará al fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, quien dispondrá de 30 días hábiles para decidir si formaliza la acusación. Si Delgado presenta cargos, el proceso tendrá características similares a un juicio oral y, de acuerdo al calendario mencionado en el expediente, podría celebrarse en 2026.

La familia Macarrón indicó que la conducta de los fiscales constituyó una forma de violencia institucional porque, según su presentación, abandonaron la búsqueda de la verdad y pusieron en riesgo la posibilidad de condenar al verdadero autor. En paralelo, los Macarrón mantienen la apelación contra el sobreseimiento de Roberto Bárzola y buscan revertir esa decisión para llevarlo a juicio.