Asesinan a un preso en un penal de Salta: hay cinco internos apuntados

El lunes por la mañana, las autoridades del complejo penal de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta, confirmaron que un interno fue asesinado dentro de su celda en circunstancias aún bajo investigación.

El joven —de 28 años— recibió una herida en la zona cervical provocada por un arma blanca de fabricación casera, comúnmente llamada “tumbera”, mientras cumplía con los momentos de recreo en el pabellón A2.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del penal captaron el ingreso de otros cinco reclusos al lugar del ataque. Ante la gravedad del estado del herido, se dispuso su traslado urgente al hospital San Bernardo, donde fue intervenido quirúrgicamente pero falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones.

A partir de esos registros fílmicos y de otras pruebas que los peritos recaban en estos momentos, las autoridades judiciales identificaron a los cinco sospechosos y ordenaron su aislamiento del resto de la población carcelaria. La investigación quedó en manos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal.

El hecho y la escena del crimen

De acuerdo con los relatos recabados hasta ahora, el ataque se concretó en el pabellón A2 durante horario de recreo, cuando los reclusos tienen acceso relativo dentro de sus espacios de celda. Las cámaras del penal registraron el paso de cinco internos que se dirigieron hacia la celda de la víctima, ingresaron y permanecieron en el lugar durante el tiempo del ataque.

Tras el apuñalamiento, el personal penitenciario intervino de inmediato y notificó a las autoridades médicas. El recluso fue trasladado al hospital San Bernardo donde los médicos realizaron un procedimiento quirúrgico para intentar estabilizarlo, aunque perdió la vida pese a los esfuerzos.

Según reportes que advierten avances en la pesquisa, los cinco internos identificados cumplen condenas por delitos relacionados con robos (tres de ellos con uso de arma y agravantes), uno por hurto agravado y otro por lesiones y violencia de género.

La investigación incluirá el análisis de las cámaras, las declaraciones de testigos internos y el examen forense de la escena de crimen y el cuerpo de la víctima.

A su vez, la fiscalía ha solicitado pericias al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) con el fin de recabar rastros materiales, determinar el trayecto del arma y reconstruir el accionar de los agresores.

También se aguarda el informe de la autopsia médico-legal para establecer con precisión la causa de muerte, la profundidad y dirección de la herida, y si hubo defensas o signos de lucha.

Desde el penal, las autoridades del Servicio Penitenciario y de seguridad interna están colaborando para contener cualquier tensión entre internos y aislar áreas pertinentes, además de coordinar con los fiscales los protocolos habituales ante hechos graves con víctimas dentro de la prisión.

Antecedentes e implicancias

El homicidio interno reaviva preocupaciones sobre los niveles de seguridad y control dentro del complejo penitenciario de Villa Las Rosas. En meses recientes ya se habían registrado episodios de violencia entre reclusos, algunos con heridos de arma blanca y otras agresiones graves dentro de los pabellones carcelarios.

El caso recuerda, además, otros episodios de homicidios en cárceles del norte argentino donde la vulnerabilidad institucional y la presencia de armas caseras —o puntas carcelarias— constituyen amenazas frecuentes.

Las autoridades provinciales enfrentan el desafío de reforzar los controles internos, revisar las cámaras, fortalecer los protocolos de vigilancia y asegurar que estos hechos no queden impunes.

La intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 —especializada en delitos de alto impacto— busca garantizar independencia técnica en la recaudación de pruebas y evitar interferencias en el proceso.

Por otra parte, el hecho no solo golpea la seguridad del penal, sino que interpela al sistema de ejecución penal en su conjunto: sobre cómo se garantizan derechos básicos —como la integridad física— incluso ante internos condenados, y cómo se previenen crímenes dentro de establecimientos cerrados.

El desafío es complejo porque implica coordinación entre la Justicia, el Servicio Penitenciario, los organismos de control y las fuerzas de seguridad provinciales.

No se descarta que el caso derive en imputaciones formales contra los cinco internos identificados, y su posterior elevación a juicio si se reúnen elementos suficientes en el expediente.

También será clave medir si desde el penal o instancias superiores se ordenan medidas correctivas para reforzar la custodia, revisar movimientos internos y prevenir que accidentes similares se repitan.