Ocho personas irán a juicio por montar un vivero de marihuana en la costa santafesina

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fijó fecha de juicio contra ocho personas acusadas de montar un vivero de marihuana en la costa santafesina y un invernadero en el macrocentro de la capital provincial. El debate está previsto para el miércoles 1º de octubre, con un tribunal compuesto por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Ricardo Moisés Vázquez.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Martín Suárez Faisal, mientras que la defensa particular estará a cargo del estudio del Dr. Néstor Oroño, que representará a Mauricio José Zambón (32); Adrián Cesar Poncio Nerbutti (42); Tomás Francisco Benítez (26); Napoleón Sebastián Cardo (28); Gastón Celestino Persoglia (25) y Marco Patricio Rioja (27).

Por su parte, el Dr. Romeo Díaz Duarte tiene la defensa de Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel (35), identificado como barrabrava de Colón, con antecedentes penales en los fueros federal y provincial; en tanto que el abogado Osvaldo Ernesto Ceresole (56) contará con asistencia de la defensa pública.

Siete de los ocho imputados en la causa se encuentran privados de la libertad desde el verano de 2024, cuando el predio fue allanado. Desde entonces se sucedieron las instancias judiciales que dejan la causa de cara al juicio.

Se estima que, como preludio de octubre, las partes serán convocadas a una audiencia preliminar en la que se definirá la evidencia y los testigos que participarán del debate.

Datos de la investigación

La acusación fue presentada por los fiscales Walter Rodríguez y Milagros Traverso, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Santa Fe.

El esquema ilícito desbaratado el 13 y 14 de febrero de 2024 implicaba dos predios:

Uno rural, de casi cuatro hectáreas, ubicado en Arroyo Leyes (kilómetro 19 de la Ruta Provincial Nº 1), donde se secuestraron 1.531 plantas de cannabis sativa, gran cantidad de insumos para cultivo, armas y municiones.

Un invernadero indoor en la ciudad de Santa Fe, en calle Santiago del Estero al 3600, con 575 plantas, sistemas de iluminación especiales, climatización y otros insumos para el cultivo en interiores.

Un dato clave de la acusación es que los imputados habían gestionado un certificado del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en el marco de la ley 27.350, que regula los usos medicinales, científicos o terapéuticos del cannabis, lo cual, según la fiscalía, fue usado como una fachada legal para enmascarar la actividad ilícita.

Además, se les atribuyen delitos tales como: cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes, agravado por la organización de varias personas; tenencia de armas de fuego sin autorización legal (de uso civil y de guerra); hurto de energía eléctrica mediante conexiones clandestinas; y participación organizada para el tráfico.

Situación procesal

Gabriel Alberto “Cachiporri” Nudel se encuentra detenido preventivamente desde febrero de 2024.

Otro imputado relevante, Osvaldo Ernesto Ceresole, figura como quien gestionó el permiso ante el INASE, siendo señalada su participación para dotar de apariencia legal al emprendimiento.

En ocasión de su detención, varios acusados fueron allanados en sus domicilios, donde se incautaron cogollos, plantines, materiales de fraccionamiento, armas, municiones, y dinero en efectivo. También se encontró evidencia de que se harían compras de insumos (fertilizantes, lámparas, etc.) mediante plataformas de venta online.

Respecto del perjuicio económico por el hurto de energía eléctrica, la fiscalía estimó que las conexiones ilegales ocasionaron un daño a la empresa proveedora (EPE) por $40.001.942,82.

Implicancias y expectativas

Se espera que la audiencia preliminar, aún sin fecha confirmada, cumpla un rol decisivo para delimitar los hechos que realmente llegarán a debate, qué pruebas serán admitidas, qué testigos declararán y en qué condiciones.

El caso ha despertado atención no solo por la escala de producción (plantas en dos tipos de predios, rural e indoor), sino por el uso del marco legal del INASE como cobertura aparente, lo que complica la defensa y puede tener implicancias doctrinales en casos similares.