Ex policías condenados por "mejicanear" más de 40.000 dólares robados

"¿Qué prefieren, que los llevemos a la comisaría o irse a sus casas?". Esa fue la pregunta con la que tres policías presionaron e indujeron a dos menores de edad, que acababan de pisar la capital santafesina, a entregarles más de 40 mil dólares y un alhajero que uno de ellos había robado horas antes en la ciudad de Reconquista.

Lógicamente, ninguna de las dos alternativas -comisaría o casa-, preveía para los adolescentes la devolución de las cosas de valor que llevaban dentro de una valija con rueditas, en la que sólo quedó el cargador de una notebook y algo de ropa. Pero tampoco estaba en la cabeza de los uniformados la idea de devolverlas a sus dueños.

La historia se remonta al 2 de abril de 2013, cuando en horas de la madrugada, Jonatan M. entró a robar en una casa de la calle 44, de la ciudad norteña, de donde escapó con una valija llena de dólares, alhajas, una notebook, ropa y calzado.

Con el equipaje al hombre llegó hasta su casa y se acostó. Al despertar, fue a visitar a su amigo Bruno R. a quien le confió el impresionante botín que había conseguido y juntos empezar a fantasear en qué podían gastarlo. Según dijo después el autor del robo, llegó a contar hasta US$ 40.000, pero aseguró que había más billetes estadounidenses.

Viaje y sorpresa

Esa misma tarde del feriado por Malvinas, Jonatan y Bruno se subieron a un colectivo de la empresa El Norte, con destino a la ciudad de Santa Fe, para visitar a la mamá del primero de ellos. Recorrieron los más de 300 km que separan a ambas ciudades y se bajaron pasadas las once de la noche en Blas Parera, a la altura del hospital Sayago, donde funcionaba una parada de remises, en el norte santafesino.

Aunque forrados en billetes verdes, sólo tenían 15 peses para el viaje en remís, por lo que el auto al que subieron los dejó en Gorriti y San José, a unas 6 cuadras de la casa de la madre de Jonatan, donde uno de sus primos ya había salido a su encuentro.

Estaban a punto de llegar, cuando en San José y Azcuénaga los dos menores fueron interceptados por un móvil del Comando Radioeléctrico que los demoró para identificarlos. Les hicieron apoyar sus manos sobre el capot del patrullero, separar las piernas y dejar el equipaje a un lado; y al palparlos, uno de los uniformados encontró una pistola de aire comprimido en la cintura de uno de los dos.

Confesión y despojo

Revisaron el equipaje y descubrir los dólares y las alhajas, por lo que rápidamente los despojaron de la valija y el bolso que llevaban y los hicieron subir en el asiento trasero del vehículo. Jonatan confesó que venía de cometer un robo en Reconquista y que se dirigían a la casa de su madre, que comenzaba a preocuparse por la demora.

Mientras tanto, el primo que había salido en bicicleta a su encuentro vio el momento justo en que los subían a la patrulla, por lo que cambió el rumbo y volvió a la casa pedaleando a toda velocidad para decirle a su tía lo que acababa de pasar.

Mientras el móvil se dirigía por Gorriti hacia el este, la madre de Jonatan fue hasta la Comisaría 26° de barrio Pompeya para averiguar qué era lo que había pasado. Y aunque no supieron darle respuesta de dónde estaba su hijo y el amigo y por qué se los había llevado la policía, al salir, se topó con ambos que acababan de ser liberados a cambio del dinero y las joyas.

La encrucijada

En ese lapso, los tres policías salieron de la avenida principal y se metieron en una calle oscura donde obligaron a los dos amigos a bajar del auto. El chofer, que fue el único que les dirigió la palabra, les preguntó si preferían ir a la comisaría, donde podrían pasar varios años encerrados por el robo, o volver a sus casas sanos y salvos.

Los dos coincidieron en que la segunda era la opción más conveniente, sobre todo porque ninguna de las alternativas implicaba recuperar el dinero.

Mientras tanto, en Reconquista, las víctimas del robo radicaron la denuncia que terminó en el Juzgado de Menores de dicha circunscripción, donde los dos menores involucrados dieron su versión de lo ocurrido tras ser descubiertos.

La coartada

Sin demoras, el juez a cargo remitió actuaciones a la División Investigaciones de Asuntos Internos Zona Centro-Norte, que el 9 de abril de 2013 comenzó a investigar el accionar del cabo primero Alfredo Ricardo Méndez (55) y los suboficiales Caros Jesús Cabrera (32) y Juan José Martínez.

Un informe de la Central de Emergencias 911 determinó que el móvil en el que se conducían era el Nº 5076, un Chevrolet Corsa, asignado al Comando Radioeléctrico y al mando del cabo Méndez. No hubo otro patrullero ese día, entre las 23.30 del 2 de abril y las primeras horas de la madrugada del día siguiente en los puntos marcados por los menores y de hecho, los uniformados reconocieron que requisaron a los chicos, pero que no los trasladaron porque no eran sospechosos de ningún delito.

Hasta ese momento, la coartada era que habían ido a verificar una denuncia por un intento de suicidio en un "tanque", comisionados por el 911.

Tres motos y una casa

Sin embargo el plan se desmoronó cuando Asuntos Internos allanó los domicilios de los policías y no sólo encontró dinero que ninguno de ellos pudo justificar, sino que se detectaron compras inmediatas al hecho, desproporcionadas para el ingreso de un uniformado, que acabaron por incriminarlos seriamente.

Para tener real dimensión de la suma repartida entre los tres policías, se supo que solamente Méndez -el de mayor rango y edad- compró tres motos (una Zanella, una Honda y una Yamaha) en los días inmediatos al hecho.

Además, en su casa fue secuestrada la notebook Toshiba propiedad de la víctima y una parte de las alhajas, porque otras tantas fueron devueltas por el padre del policía Cabrera al conocer lo que había hecho su hijo.

Pero el rastro no acaba allí. Según pudo comprobar la Justicia, Méndez se compró dos celulares, cambió los muebles de la casa y -seguro de su impunidad- el 5 de abril firmó un boleto de compra-venta por $ 20.000 por la propiedad que alquilaba.

Una referencia clara del valor del dinero, la sentencia señala que el suboficial Cabrera cobraba por entonces $ 5.857 y tenía una suma de $ 90.000 que dijo que eran ahorros que nunca pudo justificar.

En Tribunales

En definitiva, la investigación que nació en abril de 2013 por una denuncia ante Asuntos Internos, decantó en una larga y trabajosa causa, que transitó el cambio del viejo sistema penal escritural al sistema oral, lo cual no derivó en el naufragio de la pesquisa si no fuera por la labor del fiscal Roberto Apullán y el abogado Leandro Corti, querellante por parte de la víctima del robo.

Los tres policías fueron detenidos con posterioridad a la denuncia y procesados el 12 de junio de 2013 como coautores de los delitos de "concusión, violación de deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de promover la persecución delictiva y privación abusiva de la libertad en concurso ideal".

La resolución fue apelada por la fiscalía y la querella, y la Cámara Penal cambió la calificación por la de "privación abusiva de la libertad en dos oportunidades y extorsión en concurso real".

La causa -que se tramitó en libertad-, finalmente se elevó a juicio con pedido de condenas de 7 años de prisión y 10 de inhabilitación por parte de la fiscalía; mientras que la querella reclamó 10 años de prisión y 13 de inhabilitación especial. Por el lado de las defensas, se pretendía en cambio, el sobreseimiento.

Condena y rebeldía

De los tres uniformados, Méndez y Cabrera resultaron condenados a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo e igual lapso de inhabilitación, al ser declarados culpables del delito de "extorsión". En tanto fueron sobreseídos por la "violación de deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la represión delictiva", porque los delitos se encontraban prescriptos.

En cuanto a Martínez, el 27 de septiembre último la justicia santafesina lo declaró rebelde y se encuentra con pedido de captura, para poder ser llevado a juicio.

El fallo que condena a Méndez y Cabrera fue ordenado por el juez de primera instancia de Santa Fe, Jorge Patrizi y notificado a las partes el lunes 19 de diciembre, es decir, prácticamente una década después de iniciada la investigación. Cuatro años antes, el 17 de diciembre de 2018, ambos fueron destituidos de la fuerza por decreto Nº 4083.